La fiscala Teresa Sosa manifestó ayer lunes que siguen apareciendo casos de estafa a docentes por parte de usureros y destacó que se necesita de una serie de regulaciones sobre las casas de préstamos para solucionar uno de los problemas que más afectan a los educadores del país.

“Sigue el esquema, si bien se hizo un esfuerzo bien grande con el Ministerio de Hacienda y con el Banco Nacional de Fomento (BNF) sobre los descuentos, se necesita una serie de regulaciones a las casas de préstamos”, explicó la agente del Ministerio Público en comunicación con la radio 1080 AM. Mencionó que por lo general los docentes son obligados a firmar varias veces la misma autorización del descuento con montos muy altos y que grandes empresas están detrás de las estafas a los educadores, incluso tienen el Registro Único del Contribuyente (RUC).

Sosa indicó que el Ministerio de Salud Pública también debe establecer mecanismos para los descuentos a los personales de blanco, al igual que los policías y militares para evitar más casos de estafas para los trabajadores, quienes prácticamente no reciben sus salarios a causa de los usureros.

“No es necesario crear una nueva ley, sencillamente se debe tomar una decisión política y hacer controles a las casas de préstamos que no son bancos ni financieras. El Ministerio de Salud también debe establecer normas de cómo será el descuento salarial para profesionales de blanco. Misma situación debe ser para policías y militares”, agregó.

La fiscala indicó también que a pesar de que la persona haya firmado para retirar un préstamo usurario, lo hace por necesidad, pero no por eso el prestamista debe aprovecharse de la situación y que en muchos casos hasta falsifican la firma de los funcionarios públicos para los descuentos correspondientes.