El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.

El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.

Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.

La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras. Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.

El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.

“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó Martínez y reiteró que el trabajo de las tres instituciones está vinculado.

El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, logró la detención de Miguel Ángel Cáceres López, quien contaba con una orden de captura pendiente por robo agravado a locales comerciales de Biggie de Asunción. Pese a que intentó huir, los efectivos lograron capturarlo y fue puesto a disposición de la Fiscalía.

La detención se produjo alrededor de las 16:30 de este martes 30 cuando agentes de la Policía Nacional, luego de una tarea de investigación, se trasladaron hasta la calle India, en el barrio tablada de la ciudad de Asunción donde lograron ubicar al hombre. Los efectivos policiales además incautaron una motocicleta. Con apenas 19 años, Cáceres López cuenta con ocho antecedentes por robo agravado, todos ellos a locales comerciales de Biggie ubicados en Asunción.

Una mujer que se encontraba en estado grave de salud en Fuerte Olimpo fue trasladada hasta Itauguá en una avioneta. El tiempo ahorrado permitió salvarle la vida. La demora en la atención suele ser uno de los factores que impide que pobladores distantes de la capital o de Central puedan recibir atención adecuada. Casos similares se escucharon una infinidad de veces. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta, como debiera darse siempre.

Ocurrió en Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, donde una paciente con diagnóstico convulsivo fue trasladada en una avioneta hasta el Hospital Nacional de Itauguá. La disposición de la aeronave es parte de un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Paraguaya. Todo bajo las directrices del Seme (Sistema de Emergencias Extrahospitalarias).

El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputa­ción contra el intendente de Luque, Carlos Echeve­rría (ANR), por los delitos de intervenciones peligro­sas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El pro­ceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Ceci­lia Ocampos, de Luque.

En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quie­nes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desem­boca en el cauce del arroyo San Juan.

El escrito del acta de impu­tación refiere que con­forme a los datos recolec­tados se tienen elementos de sospecha que hacen pre­sumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficien­cias en el sistema de seguri­dad vial; es decir, una nula señalización de adverten­cias de peligro e instalacio­nes de protección a peato­nes y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.

Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de intendente munici­pal de Luque, Echeverría sería la persona respon­sable de dirigir y ejecu­tar obras para la segu­ridad vial de la ciudad y, en ese sentido, no habría realizado las debidas dili­gencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclu­sive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omi­sión que generó el falle­cimiento de ambas muje­res”, refiere el escrito.

Ahora el Juzgado Penal de Garantías deberá admi­tir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposi­ción de medidas cautela­res donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.

“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.

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Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.

Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.

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Los padres y vecinos de una niña de 11 años denunciaron que un desconocido intentó raptarla ayer miércoles, mientras iba a un despensa en el departamento de Alto Paraná. La Fiscalía está investigando el caso y busca dar con el paradero del hombre.

Según el reporte policial, el hecho se registró en el barrio Caacupemí, de la ciudad de Hernandarias, mientras la víctima iba a la despensa. Ella relató que fue interceptada por un vehículo de la marca Toyota modelo Noah, en el que iba un adulto que la obligó a subir a su rodado.

El hombre aparentemente estaba estacionado en un sitio y en un momento dado abrió su puerta del lado del acompañante e invitó a la niña a subir, pero esta se negó. Esto enfureció al conductor que la gritó y la obligó a abordar, para luego poner en marcha el rodado.

La víctima indicó que cuando ya se estaban alejando del sitio el agresor la manoseó, entonces abrió la puerta y se lanzó del rodado para evitar el rapto. Luego fue socorrida por los vecinos, quienes comunicaron a la Policía y a sus padres.

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“El informe que tenemos es que la niña fue llevada en contra de su voluntad por un desconocido, cuando se dirigía a una despensa cercana a su domicilio”, explicó el fiscal Víctor Santander, en entrevista con la 650 AM.

Detalló que la niña afirmó que no conoce a la persona que intentó llevarla, pero que logró describir su característica física para lograr su reconocimiento y también logró contar de forma detallada las secuencias del hecho. Actualmente recibe tratamiento psicológico.

“Estamos trabajando para dar con el paradero del supuesto autor. De momento no tenemos más detalles al respecto”, apuntó. Agregó que se logró recolectar algunas imágenes de seguridad donde se puede ver el vehículo que sería de color blanco y están trabajando para obtener el número de chapa.

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