El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputa­ción contra el intendente de Luque, Carlos Echeve­rría (ANR), por los delitos de intervenciones peligro­sas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El pro­ceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Ceci­lia Ocampos, de Luque.

En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quie­nes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desem­boca en el cauce del arroyo San Juan.

El escrito del acta de impu­tación refiere que con­forme a los datos recolec­tados se tienen elementos de sospecha que hacen pre­sumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficien­cias en el sistema de seguri­dad vial; es decir, una nula señalización de adverten­cias de peligro e instalacio­nes de protección a peato­nes y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.

Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de intendente munici­pal de Luque, Echeverría sería la persona respon­sable de dirigir y ejecu­tar obras para la segu­ridad vial de la ciudad y, en ese sentido, no habría realizado las debidas dili­gencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclu­sive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omi­sión que generó el falle­cimiento de ambas muje­res”, refiere el escrito.

Ahora el Juzgado Penal de Garantías deberá admi­tir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposi­ción de medidas cautela­res donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, ahora en el centro de la atención mediática desde el anuncio de la apertura de una investigación judicial en su contra, había acompañado la carrera de su marido de manera discreta pero mostrándole complicidad. “Somos un equipo, como equipo remamos juntos”, aseguró en 2016 esta mujer de larga cabellera rubia en una televisora.

La pareja volvió a subrayar su unidad después de que la justicia anunció el miércoles que se la investigaba por “corrupción” y “tráfico de influencias”, a raíz de una denuncia presentada por una organización próxima a la extrema derecha.

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“Denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa”, afirmó Pedro Sánchez en la carta en la que se dio hasta el lunes para “reflexionar” sobre su dimisión.

“Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también”, añadió Sánchez.

Nacida en 1975 en Bilbao, en el País Vasco (norte), Begoña Gómez es objeto de esta investigación por los vínculos que estableció, en el ejercicio de su profesión, con empresas que negociaban ayudas públicas o participaban en concursos públicos.

Según el medio digital El Confidencial, Gómez “se reunió en privado” con el consejero delegado del Grupo Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando ésta negociaba un plan de rescate con el Gobierno de Sánchez.

En aquel momento, Gómez dirigía IE Africa Center, fundación vinculada a la escuela de negocios madrileña IE University, que, según El Confidencial, había firmado un acuerdo de patrocinio con Globalia en 2020. Dejó este cargo en 2022.

La esposa de Pedro Sánchez es licenciada en Marketing por la universidad privada madrileña ESIC y tiene un máster en Dirección de Empresas. A lo largo de los años, se ha especializado en la captación de fondos, sobre todo para fundaciones y ONG.

Su carrera la ha llevado a ocupar diversos puestos de responsabilidad, como en Inmark Europa, una consultora empresarial, y en un departamento de la Universidad Complutense de Madrid.

Una carrera que esta activista de izquierdas, regularmente al frente de las manifestaciones del Día de los Derechos de la Mujer, el 8 de marzo, no quiso abandonar tras la llegada de su marido a la jefatura del gobierno en 2018.

Pareja desde principios de los 2000 de Pedro Sánchez, al que conoció en la fiesta de cumpleaños de un amigo común, Begoña Gómez acompañó el ascenso político de su marido esforzándose en no exponerse demasiado en los medios.

En España, una monarquía parlamentaria en la que el rey es el jefe de Estado, no existe un rango protocolario para los cónyuges de los jefes de gobierno. Esto permite una relativa discreción.

Sin embargo, esta reserva no impide a la pareja, padres de dos hijas adolescentes (Ainhoa y Carlota), aparecer juntos en las noches electorales.

“Gracias a ella, soy mas vitalista”, confió hace unos años el dirigente socialista, que ha denunciado en diversas ocasiones los “bulos” permanentes de los que es objeto su esposa.

Al igual que Brigitte Macron en Francia y Michele Obama en Estados Unidos, Begoña Gómez ha sido víctima de “fake news” en las redes sociales que insinuaban que era un hombre.

Otras publicaciones afirmaron erróneamente que había sido destituida de su cargo por la Universidad Complutense.

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La izquierda ha salido en defensa de la esposa del presidente del Gobierno ante lo que que considera una campaña de desinformación.

Begoña Gómez es “una mujer moderna, profesional, independiente e inteligente”, declaró el jueves la número dos del gobierno, María Jesús Montero, estimando que la derecha preferiría que se quedara “en casa” y al margen “de la vida pública”.

Fuente: AFP

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció sorpresivamente este miércoles que evalúa dimitir y que dará a conocer su decisión el lunes, debido a una investigación judicial sobre su esposa por presunta “corrupción”.

“Necesito parar y reflexionar” sobre “si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”, señaló el mandatario en una carta a la ciudadanía publicada en la red social X.

Sánchez, en el poder desde 2018, indicó que comparecerá “ante los medios de comunicación (...) el próximo lunes, 29 de abril” para dar a conocer su decisión, y hasta entonces canceló su agenda pública.

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La investigación preliminar sobre su esposa, Begoña Gómez, por sospechas de tráfico de influencias y corrupción, fue abierta el 16 de abril ante una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha, según anunció este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las diligencias son “secretas”, indicó la corte.

Sánchez, de 52 años, reelegido por el Parlamento en noviembre, rechazó la denuncia, que a su juicio está basada en hechos “inexistentes”, y la enmarcó en una “estrategia de acoso y derribo” en su contra de “medios de marcada orientación derechista y ultraderechista”, respaldada por los partidos de la derecha y la extrema derecha.

“No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal (...), sino por ser mi esposa”, escribió Sánchez.

La decisión de la justicia se conoció después de que el medio digital El Confidencial revelara este miércoles que los investigadores examinaban los vínculos de Gómez con con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para conseguir un rescate durante la pandemia de covid-19.

En aquel momento, Gómez dirigía el IE Africa Center, una fundación relacionada con la escuela de negocios Instituto de Empresa (IE), un cargo que abandonó en 2022.

El Confidencial afirmó que el IE Africa Center firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia y que la esposa del jefe de Gobierno “se reunió en privado con el consejero delegado del ‘holding’ turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía”.

En noviembre de 2020, el gobierno de Sánchez ofreció una línea de ayuda de 475 millones de euros (507 millones de dólares al cambio actual) a Air Europa, surgida de un fondo de 10.000 millones de euros destinados a apoyar a empresas estratégicas en dificultades por la pandemia.

La compañía española fue la primera de muchas otras que se beneficiaron de ese fondo.

Tras la publicación de la carta, el Partido Popular (PP, derecha), principal formación de la oposición, pidió a Sánchez “aparecer ya para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su Gobierno y a su pareja”, en lugar de “desaparecer” hasta el lunes.

El mandatario apuesta “por la victimización y la lástima en lugar de por la rendición de cuentas y la claridad”, subrayó el PP en un mensaje en X, dando a entender que su amenaza podría ser una simple estrategia política.

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Personas del entorno de Sánchez salieron a defenderlo, como la número tres del Gobierno, Teresa Ribera, quien escribió en X: “Tenemos un presidente de primera. Ni él ni su familia merecen esto”.

Horas antes, la número dos del Gobierno, María Jesús Montero, había calificado la denuncia contra la esposa de Sánchez de “prácticas trumpistas”.

El PP utiliza “una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar e injuriar a la presidencia del Gobierno”, indicó.

Manos Limpias, fundado en 1995, ha estado detrás de varias querellas en los últimos años y ha actuado como parte civil en muchos casos de corrupción.

Se lo considera próximo a la extrema derecha, entre otras cosas por la personalidad de su fundador, Miguel Bernad, antiguo dirigente del partido Frente Nacional, disuelto en 1993.

Acusado de participar en una red de extorsión, Bernad fue condenado a cuatro años de prisión en julio de 2021, pero finalmente fue absuelto en apelación por falta de pruebas.

Fuente: AFP

El Instituto de Pre­visión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recu­perar en esta nueva adminis­tración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un con­sorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.

El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instan­cia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la pre­visional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tene­mos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el pro­grama “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.

Llamativamente, durante la administración ante­rior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del con­sorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, lla­mativamente el IPS y el con­sorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.

“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excep­ción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese enton­ces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millo­nes aproximadamente lo que debía”, señaló Gonzá­lez en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.

La previsional ganó el jui­cio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sor­prendentemente” el Con­sejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extraju­dicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescin­dido ese acuerdo extrajudi­cial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el direc­tor jurídico.

Tras ese acuerdo extrajudi­cial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homolo­gación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homolo­gación mataron todo el jui­cio”, según las explicaciones del director jurídico.

“Revisando los anteceden­tes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permi­tiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.