Ciudad del Este. Agencia regional.

Las agentes fiscales Carina Sánchez y Natalia Acevedo realizaron ayer cuatro allanamientos en Alto Paraná como parte de la investigación llevada a cabo junto con autoridades de España sobre la trata de personas y que se denomina Operativo Apia. En Paraguay tiene la participación de dos policías españoles, Juan Carlos Martínez y Javier Tezanos, y en los procedimientos que se están realizando en España tiene a las fiscalas de Paraguay Claudia Morys y María Isabel Arnold.

En Alto Paraná se realizaron cuatro allanamientos y se procedió a la detención de dos personas. Se trata de Darío Eugenio Díaz Ocampos y su esposa Bárbara Santoro de Díaz, quienes quedaron privados de su libertad y fueron remitidos a Asunción. Las intervenciones se iniciaron en una vivienda del condominio privado Paraná Country Club de Hernandarias, donde fue detenido Díaz Ocampos, luego fue a la agencia de viajes Disan Travel, ubicada en la planta baja del edificio Saba, en el centro de Ciudad del Este, y el tercer allanamiento fue en el piso 7 del mismo edificio en la agencia Mavani Tour.

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De las citadas agencias fueron incautados documentos, dinero en efectivo y elementos electrónicos para los peritajes pertinentes. La fiscala Carina Sánchez explicó que ambas empresas, Disan Traverl y Mavani Tour, serían de la misma familia de Díaz Ocampos-Santoro. El cuarto operativo fue en una vivienda del km 9, de Ciudad del Este. En este lugar buscaban a una persona que figuraba en uno de los envíos de dinero. “Darío Eugenio Díaz Ocampos y Bárbara Santoro de Díaz son parte de redes que operan desde Paraguay para captar mujeres que luego son llevadas a España y de allí a otros países para ser explotadas sexualmente”, sostuvo la fiscala Carina Sánchez.

OPERATIVO EN ESPAÑA

La fiscala Carina Sánchez aclaró que del Operativos Apia que se está realizando en España, donde las agentes Claudia Morys y María Isabel Arnold están participando con las autoridades de ese país, no se dan a conocer todavía los datos porque en España las víctimas de explotación sexual pasan a ser testigos protegidos y solamente cuando autoricen se conocerán más informaciones de los resultados.

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