Este acuerdo, firmado ayer martes, permi­tirá a los usuarios rea­lizar transacciones bancarias a través de la billetera electró­nica Tigo Money, ampliando así el acceso a servicios finan­cieros para más personas.

Con el propósito de fortale­cer la inclusión financiera y ofrecer soluciones digita­les más accesibles, Bancop, como banco patrocinador, incorpora la primera bille­tera electrónica que faci­lita que los usuarios de Tigo Money puedan tener el acceso a enviar y recibir transferen­cias de otras entidades ban­carias de forma directa, las 24 horas del día y los 7 días de la semana y con esto tener acceso al ecosistema de pagos de nuestro país.

La alianza entre Bancop y Tigo Money representa un sólido impulso hacia la inclu­sión financiera y la digitali­zación de la economía. Este acuerdo marca un hito signi­ficativo a nivel nacional en el ámbito de los pagos a través del Sistema Nacional de Pagos (Sipap). Hernán Chichizola, director de Tigo Money, afirmó: “En Tigo Money, como líderes en innovación en servicios financieros móviles, seguimos avanzando deci­didamente para simplificar la vida de las personas. Con esta nueva alianza reafirma­mos nuestro compromiso de promover la inclusión finan­ciera para todos los paragua­yos, fortaleciendo así nues­tro impacto positivo en la sociedad”, manifestó.

Este avance significativo establece un vínculo entre las Entidades de Pagos Electrónicos (Empes) y el sistema financiero, bene­ficiando directamente al usuario. “Sin duda, esta alianza marca un hito importante para nosotros, ya que nos permite llegar a más personas y fomentar aún más la inclusión finan­ciera. Las billeteras electró­nicas desempeñan un papel crucial en la economía digi­tal y en Bancop buscamos ser el puente que facilite la vida de los usuarios”, explicó el Sr. Dimas Ayala, gerente general.

La seguridad es un tema central, y en esa línea, los usuarios de Tigo Money, para adherirse al servicio de transferencias vía Sipap, deben realizar un proceso de registro de su identidad que incluye biometría como medida para certificar identi­dad y vida de los clientes due­ños de las billeteras.

Bancop SA, un banco de pro­piedad cooperativa, pero de gestión universal, con obje­tivos de ofrecer una variada gama de productos y servi­cios que satisfagan las nece­sidades de las cooperativas de producción y de sus respecti­vos socios de la manera más eficiente posible. Cuenta con 16 canales de atención ubi­cados estratégicamente con el fin de acompañar el creci­miento desde la raíz a todos sus clientes y asociados.

Tigo es un proveedor líder de servicios de telecomuni­caciones fijas y móviles en América Latina, que tiene el propósito de construir auto­pistas digitales que conectan a las personas, mejoran vidas y desarrollan a las comuni­dades. Ofrece una amplia gama de servicios y produc­tos digitales, incluyendo Tigo Money para servicios finan­cieros móviles

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del sexto turno de la capital no hizo lugar a una demanda contra Yacyretá, promovida por la firma M&T S.A. por supuesto incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual.

El caso se remonta a julio del 2018, cuando la mencionada firma comenzó la demanda por un contrato para la construcción de 105 viviendas, infraestructura y servicios en el barrio Santo Domingo, de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, en el marco de un convenio entre la binacional y la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).

En ese contexto hay que señalar que el 6 de junio del 2018 la entidad binacional decidió rescindir el contrato con la constructora ante sucesivos e innumerables incumplimientos de la misma en la edificación de infraestructura. Esta acción fue confirmada el 4 de julio por el Consejo de Administración.

A su vez, el 19 de junio, el entonces director de la binacional remitió una nota a M&T intimándole al pago, en el plazo de diez días, de los importes correspondientes a las garantías de fiel cumplimiento de contrato en obras públicas o privadas y el anticipo financiero en obras públicas o privadas que fueran otorgadas bajo apercibimiento de iniciar los trámites de ejecución de Pólizas emitidas por la Consolidada S.A. de Seguros.

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De acuerdo a la sentencia, quedó probado que la rescisión del citado contrato “fue por causa única y exclusiva de M&T S.A. por numerosos incumplimientos del pliego de bases y condiciones del contrato n.° 737/14, y además se probó que la firma M&T S.A. no interpuso ningún tipo de recursos contra la Resolución n.° 3.821/18 de fecha 4 de julio del 2018, dictada por el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yaycretá”.

“Luego, no habiendo prosperado la pretensión de resolución de contrato, ya no corresponde estudiar la pretensión de indemnización de daños que, como se ha visto, encuentra sustento en el artículo 725 del Código Civil y deberá ser igualmente rechazada”, indica el documento.

Ante estas consideraciones, el tribunal resolvió: “No hacer lugar, con costas, a la presente demanda de resolución de contrato por incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, que promueve la firma M&T S.A. contra la EBY”.

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El Instituto de Pre­visión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recu­perar en esta nueva adminis­tración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un con­sorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.

El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instan­cia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la pre­visional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tene­mos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el pro­grama “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.

Llamativamente, durante la administración ante­rior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del con­sorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, lla­mativamente el IPS y el con­sorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.

“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excep­ción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese enton­ces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millo­nes aproximadamente lo que debía”, señaló Gonzá­lez en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.

La previsional ganó el jui­cio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sor­prendentemente” el Con­sejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extraju­dicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescin­dido ese acuerdo extrajudi­cial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el direc­tor jurídico.

Tras ese acuerdo extrajudi­cial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homolo­gación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homolo­gación mataron todo el jui­cio”, según las explicaciones del director jurídico.

“Revisando los anteceden­tes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permi­tiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.

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