Estudian el ordenamiento territorial en el Paraguay
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Investigadores identificaron factores limitantes y potenciadores de los procesos de ordenamiento territorial a nivel local en Paraguay, a través de una investigación científica que permitirá formular políticas de desarrollo más pertinentes, ambientalmente sustentables y efectivas en el país.
Para la investigación se realizaron encuestas a más de 100 municipios y más de 30 entrevistas a actores claves del ordenamiento territorial, lo que permitió identificar y priorizar los grandes problemas de índole territorial en el país.
Según el estudio, las principales problemáticas de carácter territorial en Paraguay son la falta de ordenamiento y titulación de tierras productivas, la degradación ambiental por presencia de basureros y vertederos a cielo abierto, el crecimiento descontrolado de la planta urbana y de loteos formales e informales, la degradación ambiental por falta de planificación del uso del suelo agrícola y la regulación de la deforestación, entre otros temas.
Las limitaciones para planificar adecuadamente los territorios a nivel municipal, departamental y nacional se deben a la falta de recursos económicos por parte de los municipios para los planes de ordenamiento territorial, la falta de personal bien calificado en estos temas. Además, la carencia de una política estructural por parte del Gobierno central y las gobernaciones y la falta de oficinas técnicas especializadas de planificación territorial.
Se recomienda crear mecanismos innovadores de participación, consenso y coordinación, desarrollar un sistema integrado de asistencia técnica, mejorar los instrumentos de apoyo al ordenamiento territorial, crear y fortalecer un sistema nacional de capacitación en torno al desarrollo y ordenamiento territorial.
El grupo de investigadores está conformado por Sebastián Vargas Ferreira, José Carlos Rodríguez, Annette Georgina Hernández Rivas y Marcelo Sili. El proyecto es ejecutado por Investigación para el Desarrollo (ID) y recibirá G. 499.500.000 por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través del Programa Prociencia con apoyo del FEEI.
La Fiscalía finalmente ordenó la liberación de Federico Ferreira, barrabrava del club Cerro Porteño que ayer martes de mañana se entregó de forma voluntaria a la Justicia, señala hoy.com/Nación Media.
El joven, uno de los líderes del grupo Comando, era sindicado como uno de los supuestos protagonistas de la gresca entre barrabravas de Cerro Porteño desarrollada el pasado 29 de enero en el estadio Defensores del Chaco.
Tras concretarse su detención, Ferreira fue trasladado a la Fiscalía, donde prestó declaración ante el agente fiscal Alcides Corvalán, encargado del caso. Luego de varias horas, el representante del Ministerio Público finalmente dispuso la liberación del hincha cerrista, quien ahora gozará de libertad ambulatoria.
Ferreira afirmó que en ningún momento actuó como instigador de la pelea, tal y como afirman desde la Policía, y sostuvo que en las imágenes difundidas se observa que, en realidad, trató de separar a las barras.
Cabe recordar que en la jornada de ayer martes se produjo la detención de Rafael Villalba Acosta, de 27 años, sindicado como uno los barras de Comando que también protagonizó los incidentes en el Defensores del Chaco.
Linda Taiyen, titular de la organización, dijo que es el claro ejemplo del apoyo al desarrollo económico mediante el trabajo público-privado.FOTO: GENTILEZA
Codeleste: presentan libro sobre desarrollo territorial del Este
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Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de un equipo de investigadores, liderados por Marcelo Sili (investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), se elaboró el libro sobre la historia y las experiencias del Consejo de Desarrollo Económico, Social y Ambiental de Ciudad del Este (Codeleste). Linda Taiyen, presidenta de la organización, señaló que es el claro ejemplo del apoyo al desarrollo económico mediante el trabajo público-privado.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la presidenta de la organización señaló que el trabajo de Codeleste, desde sus inicios, estuvo enfocado en apoyar a todos los sectores generando grandes impactos, tanto económicos como sociales en la zona de Alto Paraná. Afirmó que justamente dichos resultados positivos fueron los que impulsaron al organismo multilateral a contar la historia de este grupo de manera de que pueda ser replicado en otras zonas del país y el mundo.
La obra titulada “Coordinando esfuerzos para el desarrollo territorial. La experiencia del Consejo de Desarrollo de Ciudad del Este en Paraguay” fue presentada el lunes 20 de noviembre pasado en el auditorio de Itaipú, de Hernandarias. Luego se repitió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Este. “El libro es el resultado de un impacto en varios sectores que conseguimos obtener en Alto Paraná a través del trabajo coordinado de la organización; además, el BID consideró importante compartir la historia, lo que significó y significa trabajar y articular políticas públicas entre sector público y privado en beneficio del desarrollo económico”, señaló.
En cuanto a la organización en sí que ya lleva 10 años de vida contribuyendo al desarrollo de varios sectores, afirmó qué significa para ellos tener la capacidad de implementar en distintos sectores diferentes tipos de programas que produzcan buenos resultados mediante la facilitación en espacios que generen desarrollo en conjunto con varios gremios. Explicó que trabajan con diferentes grupos donde abordan temas relacionados a la infraestructura, la salud, educación, comunicación, desarrollo económico, entre otros. Mediante este libro, afirmó que buscan posicionar a Codeleste como una organización modelo, que puede servir a varios municipios para que tengan una guía de cómo implementar un consejo que apoye directamente los programas que busca aplicar el gobierno central en varios sectores.
El Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Primer Turno hizo lugar en el caso de habeas data promovido por el Abg. Óscar Tuma en nombre y representación de Carlos Giménez contra la Gobernación de San Pedro.
Se trata de una acción que el exgobernador Giménez presentó a través de su abogado, debido a que desde la actual administración de la Gobernación de San Pedro quisieron mantener oculta una auditoría en la que supuestamente se consignan varias irregularidades sobre la gestión del hoy ministro de Agricultura que datan de sus tiempos de jefe departamental. De manera llamativa, el protocolo del estudio mencionado no aplicó la comunicación ni dio lugar al descargo por parte del afectado, como es regla básica en cualquier investigación en curso.
“Hemos iniciado, en representación de Carlos Giménez, una acción de habeas data solicitando la entrega de una auditoría externa de gestión realizada por la Consultora Global Trade Consult International para la Gobernación de San Pedro. Esta auditoría reveló supuestas irregularidades y deficiencias, según una publicación del diario digital ABC Color”, mencionó Tuma. Sostuvo que la auditoría contiene información falsa sobre Carlos Giménez y que no se ha dado oportunidad para ejercer su derecho a la defensa antes de su divulgación, motivo por el cual se solicitó acceso a la auditoría bajo la garantía constitucional de habeas data.
Alevosa articulación de consultorías con ONG que ordeña al Estado
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El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que reparte jugosos honorarios con dinero de los contribuyentes, también ejecuta un proyecto anticorrupción con tres consultoras satélite a las que aparecen vinculados el mismo coordinador y su hijo que, por un lado, lideran grupos de ciudadanos contralores de la gestión pública y, por el otro, facturan a empresas contratadas en la iniciativa.
Una rosca cerrada de negocios opera con proyecto de anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), misma ONG en la que descubrimos una repartija de honorarios entre el clan familiar del presidente, Agustín Carrizosa, y su coordinador de “Más ciudadanía, menos corrupción”, Francisco Darío Alcaraz.
El proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” que se lleva adelante en el marco del acuerdo de cooperación entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el CIRD, al igual que varios proyectos ejecutados por la ONG, tiene detrás consultoras contratadas a las que resultan estar vinculados los administradores, en este caso, a las que prestan servicios y facturan el coordinador de la iniciativa y su hijo de nombre Carlos Francisco Alcaraz.
Alcaraz contrata para consultoría en “Más ciudadanía, menos corrupción” a la ONG Conciencia Viva donde está como directora ejecutiva Romy Vaesken, quien en documentos presentados al Ministerio de Economía y Finanzas también aparece con participación y como representante legal en la consultora Tabacman, misma empresa que trabaja con el CIRD y en el proyecto anticorrupción. (Ver infografía).
La ONG Conciencia Viva le contrata a su vez como técnico para los talleres de “Más ciudadanía, menos corrupción” al hijo del coordinador de este proyecto. A la par, papá e hijo también prestan servicios de consultoría a Tabacman, que trabaja en el proyecto con el CIRD.
En Tabacman está José Félix Bogado Tabacman, participante mayoritario y también representante legal, según los documentos oficiales.
Al ser consultado sobre los vínculos con la ONG y la consultora que facturan en proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz había confirmado que su hijo trabaja en Conciencia Viva y que tanto él como su retoño son consultores de Tabacman.
“Sí, trabaja en Conciencia Viva y trabaja también en Tabacman. Los profesionales independientes trabajamos en todas partes donde podemos porque no tenemos ningún salario”, dijo.
“Hago consultorías muy puntuales en Tabacman, no recibo un salario mensual, hago trabajos de consultoría, dentro del CIRD yo no soy funcionario. Yo recibo un honorario como consultoría y Carlos trabaja en varias consultorías en planificación estratégica porque es su especialidad porque tiene un masterado al respecto”, explicó Alcaraz, dejando entrever las facturaciones en la empresa y ONG a las que contrata en proyecto anticorrupción.
Sobre el conflicto de interés por el vínculo de su hijo con la ONG que él contrato en “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz respondió: “Nosotros no le contratamos a Carlos, nosotros le contratamos a Conciencia Viva, pero él forma parte del plantel de Conciencia Viva, que le acompañó a Romy Vaesken, que es la directora de Conciencia Viva, para ayudarle, ni un problema porque es profesional independiente”.
En círculo, Francisco Alcaraz, y en círculo (der.) su hijo Carlos Alcaraz, técnico contratado por ONG que factura en “Más ciudadanía, menos corrupción”
Como se puede apreciar en la infografía, en “Más ciudadanía, menos corrupción” también se contrató a Beas Consultora, que es de Isabel Benítez Espínola, contadora de Alcaraz. La mujer inscribió en el Instituto de Previsión Social (IPS) al coordinador del proyecto y figura como su empleadora.
“En IPS hay varias modalidades de aporte y una es el aporte voluntario, de modo que no constituye ningún delito que una persona aporte voluntariamente porque permite la legislación de IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo ciertos servicios a la licenciada Isabel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar servicios. Yo regularmente le escribo sus notas y ella me contrata”, sostuvo Alcaraz.
El CIRD también trabaja con la Red de Democracia y Transparencia (RDT) y con el Ministerio de Salud tiene un millonario convenio firmado en la época de Julio Mazzoleni, cuyas rendiciones de gastos solicitadas no son proveídas, pese a las varias solicitudes vía Ley de Acceso a la Información Pública.
“La libertad contractual”
el proyecto de “Reactivación económica poscovid” del propio presidente del CIRD, Agustín Carrizosa; su pareja, María Berta Rojas Aveiro; su cuñada, Marta María Rojas Aveiro, y su hija, Paola Carrizosa, al que se suma Carlos Alcaraz, hijo de Francisco Alcaraz, la ONG difundió un comunicado para decir que “es una institución privada donde rige la regla de la libertad contractual”.
El comunicado refiere el cumplimiento de la rendición de gastos de fondos recibidos de Sinafocal, SNPP, MIC, MTESS; sin embargo, estas instituciones hasta ahora no transparentan totalmente la información que solicitamos vía Ley de Acceso a la Información Pública. Hay infinidad de convenios del CIRD con instituciones del Estado, no pasan por Contrataciones Públicas, se desconocen sus ejecuciones y no se proveen los datos financieros.