Los abogados de Estherlinda Rufina Bazán, accionista y gerente general del Lido Bar SRL, indicaron que el también socio de la empresa Lino César Oviedo Marín, lleva adelante “una investigación viciada, que hasta ahora no se ha evidenciado acabadamente qué persigue”.
Los abogados Gerardo Manuel González Báez y Eduardo Ariel González Báez, recordaron que el Lido Bar tiene 67 años de antigüedad y fue recibido en donación por Bazán como premio a sus más de 40 años de servicio por el creador Enrique Schulz, quien también entregó acciones a Lino César Oviedo Marín como manera de “tener un aval político para proteger a la empresa. Don Enrique falleció en el año 2015”.
Lo concreto es que Oviedo acusó ante la Justicia a Estherlinda Bazán, a María de Lourdes Mansito y a María del Carmen Portillo de los “Supuestos hechos punibles de apropiación, lesión de confianza, producción y uso de documentos públicos de contenido falso y evasión de impuestos”.
Los abogados señalan que fue irregular la presentación judicial iniciada por Oviedo Marín: “En fecha 18 de junio del 2019 se ingresa la denuncia… por mesa de entrada institucional de la Fiscalía General del Estado, sin seguir el conducto normal de su presentación ante la mesa de entrada de denuncias de la Fiscalía Sede 1 o barrial que le correspondía. Es así que en fecha 26 de junio del 2019 es asignada a la causa la fiscala Stella Mary Cano de Woitaz”, comentaron.
Luego, el 3 de julio del 2019 “la referida agente fiscal solicita el allanamiento nocturno de la firma Lido Bar SRL a los efectos de incautar documentaciones y el servidor principal del sistema informático de la firma, algo totalmente irregular. El juez penal Gustavo Amarilla dio curso al allanamiento solicitado, pero en horario diurno, con acompañamiento policial, sin embargo, la fiscala Cano procedió a allanar en horas de la noche con la participación del consultor técnico Domingo Javier Ale Barbudez, un profesional ajeno al Ministerio Público”.
Por todas las irregularidades, la fiscala Cano fue recusada y la investigación está cargo de la fiscala María José Abed Oviedo. Según los abogados González Báez, ante la dudosa pericia contable realizada por el Ministerio Público se solicitó a la Fiscalía una nueva pericia contable, pero realizada bajo control judicial y con peritos designados aleatoriamente por el Juzgado Penal de Garantías y en forma aleatoria del listado de peritos matriculados ante la Corte Suprema de Justicia para garantizar la transparencia del proceso, pero eso no se realizó y la fecha del requerimiento conclusivo fenece hoy 25 de noviembre del 2020. “Lo cierto es que hoy vence ese plazo y las cosas siguen viéndose oscuras en la causa”.