El abogado Roberto Ruiz Díaz, propietario de las 17 hectáreas de tierra ubicadas entre las compañías Pirayu’i de San Bernardino y Tukangua de Altos, dio su versión a La Nación sobre el caso que involucra al señor Guillermo Páez y otras personas, condenadas a cuatro años de cárcel por invasión de propiedad.
“Estas propiedades las compré en el año 1991”, explicó el abogado. “En ese año me fueron transferidas dos fracciones y las compré al señor Reinaldo Domínguez Dibb y él a su vez la había comprado de la señora Celmira viuda de Riquelme, por lo que esta propiedad es de origen privado, no es de origen fiscal”, explicó Ruiz Díaz.
“La contraparte había argumentado en algún momento que esta era una propiedad que tuvo un origen indebido, argumentos absolutamente absurdos y solo basta ver los títulos de inscripción y de hecho, cuando ya estaba bastante avanzado el juicio penal presentaron un pedido de usucapión sobre una de las dos propiedades y mal podrían haber hecho ese pedido si consideraban que la propiedad tenía origen fiscal”, agregó.
Dijo además que en el año 2002 encontró que se ingresó a la propiedad que se encuentra en el cerro llamado Mbopi Cuá, que es donde termina la cordillera sobre la que está asentada el anfiteatro.
“Yo compré esta propiedad pensando en tener un lugar especial para el futuro y en ese momento no valía absolutamente nada y a nadie le importaba el cerro ni la vista al lago, como sucede ahora”, explicó.
EXTRACCIÓN ILEGAL DE PIEDRAS
“Ahora hay muchas personas que están ambicionando el lugar, que está ubicado en un lugar estratégico y en el 2002 fue la primera vez que denuncié en la Fiscalía del Medio Ambiente la extracción ilegal de piedras. El fiscal Isacio Cuevas se constituyó en el lugar y halló con la mano en la masa a unas personas que estaban destrozando el inmueble en ese entonces”, recordó.
Agregó que no solamente fueron incautados los materiales que utilizaban, sino también fueron detenidas varias personas, entre ellas Roberto Vera, yerno del señor Guillermo Páez, quien en ese momento no se encontraba entre quienes estaban realizando la extracción.
“En ese procedimiento todos ellos se habían comprometido a no volver a ingresar al cerro. Los destrozos que esta gente han realizado en el cerro son increíbles y actualmente se corre el riesgo de quedar totalmente destruido, siendo una belleza natural”, dijo.
Ruiz Diaz recordó que a pesar de la prohibición, estas personas regresaron años después pero esta vez ya con camiones y comenzaron incluso a dinamitar el cerro. Él volvió a recurrir a la Fiscalía del Medio Ambiente, donde nuevamente fue comprobado el hecho.
INFORME CARTOGRÁFICO
“En el 2002 se realizó un relevamiento cartográfico de toda la propiedad y en ese informe no existe mención a ninguna propiedad, casa o choza, nada de lo que después aparece. Es falso que en este lugar nació toda la familia y todas esas cosas que ellos invocan. En el año 2016, un nuevo procedimiento donde interviene el fiscal Benjamín Vera y se volvió a detener la depredación. Extraían piedras especiales para adornos, no solo para realizar empedrados. El valor de estas piedras es de aproximadamente G. 200.000 por cada carruaje”, agregó.