Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Contraloría General de la República dio a conocer el resultado del informe final de la fiscalización especial inmediata a la Municipalidad de Ciudad del Este, haciendo doce observaciones a la gestión del intendente Miguel Prieto con base en varios presuntos incumplimientos de leyes.

“Pago parcial de más de casi dos mil millones de guaraníes (G. 1.769.790.000) a la empresa Tía Chela SRL, por provisión de 15 mil kits alimenticios entregados a la Municipalidad de Ciudad del Este que no está estipulado en el Contrato Nº 14/2020 suscrito entre ambas partes ni en el pliego de bases y condiciones”, dice el punto uno de la nómina de los doce cuestionamientos.

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Otros puntos refieren sobre detalles de productos de kits de alimentos distribuidos durante la pandemia que no coinciden con el contrato; compra de tapabocas distintos a los requeridos en las especificaciones técnicas; modificación del contrato inicial vía adenda para la construcción de una costanera, entre otros, señala la lista de deficiencias observadas.

“Detalles de productos que conforman kits alimenticios para familias de escasos recursos COVID-19 distribuidos no coinciden con el contrato Nº 19/2020 entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la empresa Distribuidor SRL, lote 2, específicamente aceite y azúcar de la marca Cocamar, incumpliendo lo que establece el contrato en el punto 5”, es lo que dice uno de los puntos del informe FEI de la Contraloría.

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“Discrepancia entre los tapabocas contratados y los requeridos (N95 con filtro) en las especificaciones técnicas en la contratación por la vía de la excepción Nº 4/2020 de adquisición de insumos médicos para el combate al coronavirus, incumpliendo la Ley Nº 2051/03 en su artículo 61”, dice otro punto.

“La administración municipal suscribió contrato Nº 118/2019 mediante adenda, modificando varios puntos del contrato original en los precios unitarios para la construcción de la Costanera Ñande Renda kilómetro 8 Acaray, incumpliendo la Ley Nº 2051/03, artículo 62”, expresa también el informe final.

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“La Administración Municipal realizó transferencias a comisiones vecinales constituidas para la construcción de pozos artesianos, empedrados y otros, inobservando varias resoluciones internas de la institución, por las cuales se dispusieron la suspensión temporal de las actividades institucionales; asimismo, incumpliendo el decreto Nº 3.456 del 16/03/2020 por la cual se decreta del Estado de Emergencia Sanitaria y sus modificaciones”, manifiesta también parte del documento.

El equipo de fiscalizadores sostiene igualmente que “no se pudo observar en los legajos de rendición de cuenta, la constancia de inscripción en el registro de los sujetos obligados de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), de los beneficiarios de las transferencias de capital al sector privado, que la administración municipal realizó durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020 por la suma de G. 2.320. 427.281”.

“Se pudo constar deficiencias en el llenado de la documentación de respaldo de las rendiciones de cuentas del primer cuatrimestre del ejercicio 2020, cuyos documentos no cumplen con todos los requerimientos exigidos por las normas legales”, dice la detección de los auditores de la Contraloría.

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La Municipalidad de Ciudad del Este, a través de sus cuentas oficiales, publica las observaciones y recomendaciones, y señala que “el resultado de la fiscalización no presenta reportes de daño patrimonial, hecho punible o perjuicio a las arcas municipales, y sí exigencias que la institución viene subsanando a medida de las recomendaciones recibidas por el equipo auditor”.

El agente fiscal Rodolfo Hiram Colmán, de la Fiscalía zonal de la ciudad de Carapeguá, formuló imputación contra Alcides Sosa Báez, intendente de Acahay, por los delitos de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y abuso de documentos de identidad. El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del actual jefe comunal.

Según las pesquisas, los hechos imputados ocurrieron en la municipalidad de dicha ciudad entre los años 2016 y 2020 y resultaron víctimas los denunciantes Melquiades Ayala, Aldo Ayala y Rubén Benítez.

La imputación tiene sustento en varios allanamientos simultáneos en la comuna, en la casa de Eduardo Espínola, y asimismo en la vivienda del intendente Sosa, lo cual derivó en la incautación de diversos documentos, computadoras portátiles, entre otros.

Sosa Báez, en lugar de proteger los intereses de la comuna en su rol de autoridad, habría configurado un esquema para delinquir junto a su funcionario Vicente Torres, administrador financiero y tesorero; Myrian Martínez de Espínola, consultora contratada y esposa del otro presunto implicado; Eduardo Espínola, quienes en conjunto habrían utilizado la identidad de los denunciantes para la creación de empresas, a fin de desviar fondos y obtener beneficios patrimoniales ilícitos.

La denuncia fue realizada por dos de los afectados el miércoles 18 de noviembre, alegando que Eduardo Espínola (quien está imputado en la presente causa), había realizado un trabajo de contabilidad para los denunciantes y que en el 2016 ambos, en vista de que no contaban con réditos en sus negocios, decidieron cerrar, por lo que solicitaron a Espínola que realice las gestiones pertinentes para dar de baja todas sus documentaciones contables.

No obstante, en julio del 2020, Melquiades Ayala, quien era beneficiario de la ayuda que brinda el Estado, denominado cobro por tercera edad, se acercó como para cobrar en dicho contexto; sin embargo, no pudo hacerlo, lo que llamó su atención y realizó averiguaciones para saber el motivo por el cual le habían cancelado.

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Tras ello, tuvo conocimiento de que el mismo era considerado proveedor del Estado y que su empresa supuestamente generaba grandes ganancias. En ese orden de cosas, Aldo Ayala revisó el estado de su negocio y también pudo corroborar que nunca fue cancelada su contabilidad y que producía grandes ingresos.

Ambos denunciantes manifestaron que accedieron a documentos referentes a la denuncia a través del portal de transparencia, y que se pudieron percatar de que las transacciones realizadas por sus empresas, que no existen, eran con la municipalidad de Acahay.

Igualmente, Rubén Benítez presentó denuncia por lo mismo, acusando a Eduardo Espínola. Expresó además que se desempeñó como chofer del mismo, mediante lo cual pudo observar reuniones con otros implicados en el caso, entre ellos el ahora procesado Alcides Sosa, cuya casa era visitada por Espínola, quien salía de allí con cheques.

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El diputado Ulises Quintana (ANR) manifestó que solicitará el levantamiento de la restricción que no le permite salir de la capital, con el fin de iniciar su campaña política con miras a las elecciones municipales previstas para el próximo año, teniendo en cuenta que aspira a la Intendencia de Ciudad del Este.

“Voy a pedir con mi abogado que levanten la medida de que no salga de la capital y eso no está bien, porque yo tengo un cargo por Alto Paraná. En este caso me dieron libertad en capital y yo soy de Alto Paraná, y tengo un cargo por ese departamento. Si es por temor a una fuga acá estamos cerca de la frontera con Argentina y también se puede dar”, afirmó a través de una comunicación con la radio 1020 AM.

Añadió que no existe un precedente similar a la restricción que le fue impuesta como una medida para abandonar la cárcel militar de Viñas Cué tras permanecer casi un año recluido, al ser imputado por supuesto lavado de dinero, narcotráfico y asociación criminal en el marco de la causa conocida como “Berilo”, que salpicó también al conocido Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña.

“Sobre mi restricción no hay precedentes en Paraguay, acá normalmente te dan prisión domiciliaria o liberta ambulatoria. Yo agradezco que me hayan dado la posibilidad de tener libertad, ya que por lo menos ver la calle y los autos pasar ya es algo positivo”, dijo.

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Señaló que su intención es iniciar su campaña ya en el mes de febrero mediante las visitas por casa y encuentros con los dirigentes, apelando a dicho mecanismo, ya que no cuenta con padrinazgos en la arena política.

“El 20 de junio del 2021 son las elecciones internas partidarias para las intendencias y eso me imagino que tiene que ser para febrero más o menos. Es importante el mano a mano con la gente, no es una campaña electoral, ya que eso tiene un plazo, es más el diálogo con la gente, visitarlos. Yo siempre hice campaña de casa en casa, no soy político de salón, soy una persona de las luchas sociales, no tengo ningún padrinazgo político, no tengo parientes políticos, acá la gente me hizo diputado”, manifestó.

Por otra parte, dijo que el actual intendente de CDE, Miguel Prieto, se encuentra realizando solo el 20% o 30% de labor que podría realizar un jefe comunal en dicha localidad.

“Y creo que está haciendo una buena gestión dentro de todo, pero creo que se puede hacer mucho más de un 100%, creo que solo está haciendo un 20% o 30%. Ciudad del Este tiene mucho potencial porque políticamente y geográficamente tiene un lugar privilegiado. Hoy no se tienen garantías jurídicas para los inversionistas para que puedan progresar, eso depende mucho de la gestión de los intendentes”, sostuvo.

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