POR LOURDES TORRES, periodista, lourdes.torres@gruponacion.com.py

Titular del Indert dijo que las 806 hectáreas a ser expropiadas de Marina Cué estaban deforestadas, incluso antes de ser reserva y de la Ley de Deforestación Cero.

Esta semana el Poder Ejecutivo vetó el proyecto de ley que desafecta 1.700 hectáreas de la Reserva Yberá, ex Marina Cué, con fines de la reforma agraria, en favor de los ocupantes ilegales. En compensación a esta objeción, inmediatamente después anunciaron la presentación de un nuevo proyecto de ley, pero que esta vez expropia 806 hectáreas, de esta reserva, pero de un área no boscosa. Para conocer en detalle la propuesta, La Nación entrevistó a la actual titular del Indert, Gail Gina González Yaluff, quien explicó las condiciones en que se daría esta nueva expropiación.

–¿El nuevo proyecto de desafectación de tierras de la Reserva Yberá, ex Marina Cué, ya fue presentado al Congreso Nacional?

–Están preparando el proyecto de ley que plantea que 806 hectáreas aproximadamente sean desmembradas de la superficie mayor, que en principio el Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible), nos va a transferir; y en compensación nosotros vamos a transferir (al Mades), una zona sí verdaderamente boscosa que bordea el río Aguaray Guasu, en el distrito de Karapã'i, departamento de Amambay, que es una reserva natural en donde existen muchas especies. Inclusive, es el nido del guyra campana, es una zona verdaderamente boscosa.

–¿Esas son tierras del Indert que pasarán al Mades en compensación por la expropiación de Marina Cué?

–Sí es parte del patrimonio del Indert, que fue adquirido, y de hecho ya estamos titulando toda la parte rural, y la planta urbana de toda esa zona, y quedó esa franja que rodea el río Aguaray Guasu, como reserva. Siempre fue reserva y nosotros estamos obligados por ley a transferir al Ministerio del Ambiente para que puedan preservar.

–Entonces, ¿este nuevo proyecto consiste en un “trueque”, de 806 hectáreas de Marina Cué, a cambio de cuántas hectáreas de esta reserva natural?

–Sí son un total de 1.700 hectáreas la reserva, pero de todos modos íbamos luego a transferir estas tierras. Por ello, ya presenté una medida cautelar en el juzgado de Capitán Bado, para preservar esa reserva por cualquier eventualidad.

–¿Qué otros aspectos contempla el nuevo proyecto?

–El nuevo proyecto solamente plantea desmembrar esas 806 hectáreas, atendiendo a que esa fracción de 1.700 hectáreas, cuando fue transferida por la familia Riquelme al Ministerio del Ambiente, ya estaba sin bosques, esa fracción, incluso antes de la Ley de Deforestación Cero. Es lo que tenemos ahí, hubiese querido yo tener todo, para los campesinos, pero es lo que tenemos. Si vamos a entrar a discutir todo el tema legal, vamos a amanecer y no vamos a dar solución a un problema que tenemos de hace mucho tiempo.

–Cuándo habla de expropiar unas 806 hectáreas, esta fracción de tierra, ¿dónde está ubicada, en la parte externa de la reserva, colindante con otras propiedades, o en la parte interna, de la Reserva Yberá?

–La reserva en total tiene 1.700 hectáreas, pero esas 806 están luego sin bosque desde hace muchos años.

–¿Pero dónde está ubicada?

–Ahí en la fracción, alrededor hay bosques, pero también hay sojales, o sea hay zonas totalmente peladas, que están dentro de toda esa fracción de 40 mil hectáreas, por la cual la familia Riquelme había hecho la usucapión.

–¿El actual asentamiento campesino está ubicado dentro de esas 806 Há a ser expropiadas, o se reubicarán?

–Los campesinos están distribuidos en todas las 1.700 hectáreas de la reserva, pero están también en la zona boscosa, pero que no está deforestada. Es una franja donde ellos tienen su escuela, su iglesia, sus casas. Entonces, con ese desprendimiento lo que haríamos es reubicar a ellos en esa fracción que no tiene bosque, con un loteamiento, que ya vamos a realizar cuando tengamos el título. Se nos transfiere, pero con un censo real, que hay que estar en el terreno e identificar casa por casa las familias que van a ser beneficiadas conforme al nuevo proyecto. Eso es lo que les estamos ofreciendo a ellos, ojalá ellos acepten, no va ser tan fácil, pero es lo que se tiene, para que se tenga ya una tranquilidad.

–¿Por qué se optó por expropiar tierras de la Reserva Yberá y no buscar otras alternativas, cuando el Indert tiene otras tierras?

–Tenemos otras tierras, pero este es un tema emblemático, para ellos, en donde ocurrió la muerte de los compatriotas. Y yo considero que es justo que ellos tengan esa oportunidad de ubicarse en ese lugar. Porque es un lugar que se transfirió sin bosques ya, en esa parte. Entonces, considero que corresponde desmembrar esa fracción.

–Algunos sectores ya comienzan a señalar que incluso la nueva propuesta aún sigue siendo antijurídica, justamente por dos aspectos violatorios del estatuto de la reforma agraria: No se puede entregar tierras a invasores… y no se puede expropiar tierras de área silvestre protegida para instaurar una fracción urbana. ¿Analizaron esos puntos?

–En primer lugar, si vamos a hacer historia esas tierras eran públicas, por circunstancias se realizó esa usucapión y ellos obtuvieron una porción más grande, que es todo lo que es Campo Morumbi. La Ley de Deforestación Cero, cuando ellos transfirieron, para que se pueda legalizar su desalojo. O sea que, ellos en un principio estuvieron ahí porque eran tierras públicas. Es una cuestión compleja, y si vamos a hacer historia es todo un tema. La Ley de Deforestación Cero se promulgó en el 2005, cuando eso se promulgó y la familia Riquelme transfiere al ministerio esa área ya estaba deforestada antes de la ley. O sea, no podemos considerar en esa área atenta contra ley, puesto que eso ya no era bosque. Era un campo natural, pastura.

–¿Tienen conocimiento de cuántas familias o personas realmente ocupan esas tierras?, y ¿si realmente se dedican a trabajar como campesinos y no como traficantes de rollos o, peor, marihuana?

–No tenemos así identificados. Marihuana, ¿en dónde?, en la parte pelada, yo soy de Amambay, que yo sepa si van a cultivar marihuana, lo van a hacer debajo del cerro, en los bosques, y no en donde exista población.

–Obviamente en las áreas boscosas restantes, ¿usted mencionó que existen personas habitando en la zona boscosa?

–Se nota en la imagen satelital que ellos están distribuidos en esa fracción, se nota que hay un área que ellos están asentados. Pero lo de la marihuana, nadie va plantar donde hay gente, donde está su vecino. Si existe marihuana no se les puede atribuir a esa gente que está ahí. Mas bien, Campos Morumbi tiene 40 mil hectáreas, entonces, tal vez estén más hacia arriba, no sé. Pero no se le puede atribuir a esa gente el hecho que se esté cultivando marihuana en otra zona.

–Entonces, ¿cuándo iniciarían los trabajos de censo de las familias?

–Nosotros dependemos de la voluntad de los legisladores, de que puedan por ley desmembrar esas 806 hectáreas. Una vez sancionada y promulgada la ley, y pase al dominio del Indert esa propiedad, ahí sí nosotros podemos entrar a hacer el trabajo de censo. Hablan de unas 130 familias aproximadamente, que puede ser menos o un poco más, pero mayor a eso no. Entonces, de acuerdo a esa cantidad se hará la distribución. Estimamos que entre 4 a 4,5 hectáreas le tocaría a cada familia.

–¿Algún comentario final?

–Sólo decir que es un tema social, que todos aquellos que están en mejores condiciones económicas tienen que cooperar con las familias paraguayas para su desarrollo. No podemos mirar de una manera indiferente estos problemas, si bien el Estado es responsable de dar todas las alternativas e infraestructura para que puedan desarrollarse y arraigarse, y no tener que migrar. Para eso el concurso de otras instituciones como el MUVH, el Ministerio de Agricultura, Ande, Essap, los caminos vecinales, porque tienen que estar su centro urbano también, puesto de salud, escuelas, comisaría, todo esto incluye el proyecto general una vez que tengamos el título a nombre del Indert.

El jueves pasado el Hospital Nacional de Itauguá fue beneficiado con 80 nuevas camas para la internación de pacientes con cuadros de covid-19, de estas 16 fueron destinadas para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), pero a la fecha ya fueron ocupadas en su totalidad.

“Habilitamos camas de terapias en el Nacional y ya está llena su terapia”, afirmó el director de la Región Sanitaria de Central, el doctor Roque Silva. Lamentó que se estén relajando las medidas sanitarias en el departamento. Así también advirtió que los más de 1.000 casos positivos por día seguirán durante todo el mes, debido a que la ciudadanía no está respetando las medidas impuestas por el Ministerio de Salud. “Acostumbrémonos a tener más de 1.000 positivos en este mes. El descontrol es total”, ratificó. Afirmó que hay regiones donde van creciendo los casos a nivel país y Central, y que siguen siendo cinco las ciudades que presentan más casos, encabezando la lista San Lorenzo con 1.502 casos activos, Luque 1.428, Lambaré 1.174, Fernando de la Mora con 1.056 y Capiatá con 864 casos.

El profesional reiteró que con estos casos, Central ya superó todos los números en cuanto a ocupación de camas de terapia. “Batimos récord de pacientes en UTI (en los hospitales públicos) y en los privados con 31 lugares ocupados”, señaló. Silva instó a la ciudadanía a mantener las medidas sanitarias para evitar más contagios y disminuir la cantidad de positivos por día y recordó que nos encontramos en una etapa crítica de la pandemia. “A cuidarse, la situación está brava”, concluyó.

CIERRAN PLAYAS

Luego de que el viernes se declarara emergencia distrital sanitaria en todo el municipio de Coronel Bogado ante aumento de casos de covid- 19 en la comunidad, también confirmaron que como repercusión a esta medida permanecerán cerradas las playas de San Cosme y Damián en forma temporal. “Aunque San Cosme y Damián no cuenta con casos de covid-19, la decisión se debe a que el municipio recibe a muchos visitantes de diferentes puntos del país y, por sobre todo, del distrito de Coronel Bogado, en donde en este momento se tiene un brote de casos positivos”, dijo en contacto con la 88.7 FM Aníbal Maidana, intendente de San Cosme y Damián.

El abogado Guillermo Zillich, miembro interino del Tribunal de Apelación Multifueros de la Circunscripción Judicial de Boquerón, remitió una nota a La Nación en base a la publicación del 5 de enero pasado, que se titula “Inédito: camarista del Chaco exige que la Corte pague su gasto de residencia”.

En relación a la mencionada información, el magistrado sostiene: “Primeramente aclaró que ejerzo el cargo de miembro del tribunal itinerante de la capital, posteriormente la Corte Suprema de Justicia, ante la necesidad de cubrir temporalmente dos vacancias surgidas en el Chaco, dispuso mi designación en dicho lugar en forma interina hasta tanto se nombren definitivamente a los titulares de los cargos vacantes, esta designación temporal fue dispuesta por resolución N° 8006 de fecha 29 de abril del 2020”, señala parte del escrito del referido camarista.

Agrega: “Ante tal circunstancia y teniendo en consideración que mi lugar de residencia es en la capital del país, corresponde la aplicación de la resolución N° 4838/2013 por la que se reglamenta la Acordadas N° 250/2002, N° 852/2013 y centralización de las reglamentaciones de aplicación del rubro 100 vigentes cuyo titulo menciona Gastos de residencia y expresa ‘Para los efectos de este reglamento, se entenderá por remuneración temporal en concepto de gastos de residencias la retribución adicional que recibirán los magistrados de la Corte que no puedan regresar diariamente a su domicilio”.

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Igualmente menciona que “las disposiciones mencionadas anteriormente son aplicadas en todos los casos que la situación lo amerite, previo análisis y resolución del Consejo de Administración de la Corte por lo que la afirmación publicada de que la solicitud de asignación de gastos de residencia realizada, sea inédita y constituya un mal precedente institucional, es manifiestamente infundada, así como el supuesto malestar de dicho pedido habría generado en los ministros de la Corte”, indica.

Del mismo modo concluye que “en atención a que los gastos de residencia se encuentran correctamente presupuestados y justificados en todos aquellos casos en los cuales los magistrados deban realizar funciones que impliquen desarraigo por lo que solicito que la información sea aclarada”, refiere el escrito presentado por el camarista del Chaco, Guillermo Zillich.

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