Digna Morilla, perito judicial y representante de la etnia paî tavyterã, realizó ayer una denuncia ante medios de comunicación, indicando que varios niños y adolescentes de su comunidad fueron captados y trasladados hasta establecimientos del distrito del departamento de Amambay, a fin de realizar trabajos en plantaciones de marihuana.

Esta denuncia motivó a la Unidad de Lucha Contra la Trata de Personas del Ministerio Público, a iniciar una investigación por tratarse posiblemente de casos de trabajo infantil forzoso. Las agentes fiscales María Isabel Arnold y Nathalia Acevedo se trasladaron hasta la localidad de Pedro Juan Caballero a los efectos de constituirse en la comunidad indígena para obtener más datos relacionados a la denuncia, conversando con diferentes miembros de dicha comunidad. La agente fiscal Nathalia Acevedo indicó que son varias las denuncias que ya se han hecho sobre esta situación, incluso en casos donde los menores desaparecidos, fueron hallados muertos.

Estos casos se han dado en el transcurso del presente año y Digna Morilla está al tanto de esta situación, pues como líder de su comunidad, los agentes fiscales intervinientes, se comunican con ella para retirar los cuerpos, una vez concluidos los trámites legales pertinentes. Estos casos ha sido calificados como homicidios, pero con el trasfondo de ser menores de edad que van a trabajar en plantaciones de marihuana de la zona. Las denuncias por explotación infantil datan del año 2015, agregó Acevedo. “La situación es muy complicada, por todo el escenario que se está viviendo en la zona y por el choque cultural que representa la invasión de estas etnias por parte de otras personas extrañas a la misma”, agregó la fiscala.