“Que la gente tome conciencia que la trata existe, te puede pasar a vos. La trata de personas existe en todas sus esferas, nadie es de confianza, siempre tenemos que dudar cuando nos ofrecen algún tipo de trabajo”, pidió la fiscala Natalia Acevedo, de la unidad de Trata del Ministerio Público.
Explicó luego que los casos de más de un centenar de niños y adolescentes que se albergaron regresando del Brasil movieron a la acción a las autoridades. “Fueron trasladadas hasta la ciudad de San Pablo en su mayoría, algunas a Foz para trabajar en fábricas textiles, en todo lo que sea trabajo de costura, la mayoría eran menores. Esto pudimos notar a través de la pandemia, porque tuvieron que regresar a Paraguay”, expuso.
Acevedo indicó que fueron 56 las víctimas de trata con fines de explotación laboral halladas en este tiempo. “Como tenemos fronteras muy vulnerables, eso no se puede a veces controlar, no tenemos un control migratorio estricto, eso conllevaría tener políticas de Estado que mejoren esa situación”, agregó.
“Con la emergencia sanitaria nos encontramos ante una dificultad de trasladarnos hasta el lugar donde se encuentran las víctimas, porque las que ya han salido de los albergues regresan a su domicilio particular, se integran nuevamente a su familia y la situación de pandemia a veces imposibilita llegar hasta el lugar donde se encuentran para hacer un abordaje y saber qué realmente pasó. Todos ya han regresado con sus familias”, relató.
Por su parte, Alice Resquín, del Ministerio de la Niñez (Minna), comentó que los niños y adolescentes pertenecían a “una franja etaria de 12 a 17 años, quienes estaban en el exterior sin ningún tipo de cuidado parental o algún referente familiar”, expuso.
“Nosotros trabajamos para hacer la evaluación psicosocial a las familias de las cuales provenían estos adolescentes, en un trabajo coordinado también con Interpol, que nos ayudó a saber los datos y poder ubicar rápidamente a las familias. Además, hacer en conjunto una evaluación de riesgo y a partir de ahí ver si se le comunicaba al Ministerio Público según cada caso. En un 80% son provenientes del departamento de Caaguazú y el resto se divide entre Canindeyú, Alto Paraná, Concepción e Itapúa”, agregó.