Covid-19: Fallece otro penitenciario contagiado en el Este
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El Ministerio de Justicia informó ayer sobre el fallecimiento de un funcionario administrativo de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este a consecuencia del nuevo coronavirus. De esta forma Paraguay suma 29 los fallecidos por el virus pandémico.
“La cartera de Estado lamenta informar que esta mañana perdió la vida un funcionario administrativo de 55 años de edad a causa del covid-19”, resalta el comunicado. Afirma que el hombre se encontraba internado en el Hospital Integrado Respiratorio del Alto Paraná, que funciona dentro del Instituto de Previsión Social (IPS).
“El servidor público contaba con un año y seis meses de servicio dentro del sistema penitenciario y se desempeñaba como jefe de intendencia de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este”, indica el comunicado.
Así también, insta a la ciudadanía a no bajar la guardia y continuar con el modo covid-19 de vivir. Respetando el protocolo sanitario, que consiste en el lavado constante de manos, distanciamiento físico de por lo menos dos metros y utilizar tapabocas. En especial piden no compartir el mate, tereré, vasos, bolígrafos u otro tipo de utensilios personales, y adquirir un comportamiento como si uno tuviera la enfermedad, para evitar más muertes.
INTERVENCIÓN
Por otra parte y debido a la fuga de un adolescente registrado el jueves último, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, dispuso la intervención del Centro Educativo de Pedro Juan Caballero y separó del cargo de director a Alcides Valenzuela Rivas.
Conforme a manifestaciones, el adolescente desertor estaba sin el acompañamiento de ningún educador de turno regando la huerta en las cercanías de la valla perimetral cortada, por donde logró evadirse.
La resolución designa como interventor a Francisco Benítez Escobar, quien deberá presentar informes periódicos y un informe final en un mes sobre la situación en que se encuentra el Centro Educativo. El Centro Educativo de Pedro Juan Caballero depende del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor del Ministerio de Justicia.
Fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo realizaron ayer una intervención de un consorcio hotelero en Asunción, para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del Departamento Judicial del IPS, en “Dos en la ciudad” de canal GEN/Nación Media.Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló. Afirmó que hoy jueves los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso.
IPS aguarda ejecución de sentencia para que consorcio hotelero salde millonaria deuda
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Este jueves, fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del Trabajo realizaron una intervención de un consorcio hotelero en Asunción,para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del departamento Judicial del IPS, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló.
Afirmó que hoy jueves, los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso. “Nos llevamos la sorpresa de la acción presentada y que es meramente dilatoria. La deuda total con la previsional asciende a G. 31.900 millones”, puntualizó.
El profesional indicó que han tenido conversaciones con los representantes de la empresa y que tenían las intenciones de poder saldar la deuda, pero no avanzaron. “Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de ingreso al IPS, ni formalmente donde ellas han reconocido que tienen una deuda con el instituto”, refirió.
Leales a Prieto, con millonarios contratos en Municipalidad del Este
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Varias personas del entorno del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, están ligadas de forma directa o indirecta a una discoteca convertida en constructora que recibió contratos por USD 1,5 millones de la comuna esteña.
Por Juan Carlos Lezcano
Una funcionaria, un director de la comuna esteña y varias personas que se muestran cercanas al intendente Miguel Prieto aparecen vinculadas de forma directa o indirecta a la firma SCDE Sociedad Anónima, empresa constructora que recibió contratos por más de USD 1,5 millones por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Este vínculo cercano fue el que motivó la denuncia penal presentada la semana pasada contra Prieto y varias personas más.
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, este no era el nombre original con el que se creó la firma, de acuerdo con los documentos que los propios representantes tuvieron que entregar ante la DNCP para la consecución del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).
La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba, entre sus actividades, el “servicio de bebidas”.
Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió mudarse a una nueva sede.
Apenas unos días después de la apertura del bar, el 9 de julio de 2021, Lilian Benítez Villalba acudió como presidenta del Directorio de la firma a solicitar el cambio de denominación y también de las actividades declaradas por la empresa.
Fue así que Golden Rouge SA pasó a convertirse en SCDE Sociedad Anónima. Y de club nocturno se transformó en una firma cuya actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles.
FUNCIONARIA Y SU MARIDO
De acuerdo con el acta de cambio de denominación, como accionistas aparecen Lilian Graciela Benítez con G. 680 millones, y Lumma Silva Battochi, con G. 320 millones.
Silva Battochi es funcionaria de la comuna esteña y gana G. 3 millones mensuales como auxiliar en la Secretaría de la Vivienda. La empleada pública no declaró sus acciones ante la Contraloría y llamativamente en los papeles figura que aportó el equivalente a cien meses de su remuneración en la comuna.
La funcionaria ingresó como contratada en la comuna en 2021, misma época en la que comenzó a aparecer como accionista de Golden Rouge y después SCDE SA.
Silva Battochi es esposa de Juan Esteban Quiroga Cañete, quien ingresó en 2022 como funcionario contratado de la Municipalidad de Ciudad del Este. En ese entonces percibía G. 4.200.000.
Para 2023, Quiroga Cañete ya estaba percibiendo G. 12 millones mensuales y se convirtió en director de la Secretaría de la Vivienda de la comuna esteña.
Juan Quiroga, marido de la funcionaria de la disco – constructora, abrazado a Miguel Prieto.
HERMANASTRA ACCIONISTA
Actas posteriores revelan que Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez, hermanastra de la primera.
Samara declaró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por la funcionaria comunal.
TODOS CERCANOS A PRIETO
Quiroga Cañete y Aguirre Benítez demuestran su gran cercanía con Prieto a través de publicaciones en redes sociales.
Aguirre tiene fotografías en redes sociales en las que aparece en cumpleaños infantiles compartiendo junto al intendente Prieto y a la concejala Valeria Romero, una de las personas de confianza del jefe comunal.
Quiroga Cañete también tiene numerosas fotografías publicadas en actos oficiales con Prieto.
MILLONARIOS CONTRATOS
SCDE recibió 8 contratos con instituciones públicas, siete de los cuales fueron firmados con la comuna esteña. En total, la administración de Prieto entregó contratos por más de G. 10.706 millones a esta firma en menos de dos años.
IPS toma medidas para recuperar equilibrio del fondo de jubilaciones
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El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) resolvió dejar sin efecto la resolución del 2020, mediante la cual se incrementó al 75% el haber mínimo jubilatorio para jubilados y pensionados.
Esta decisión se debe a que esta disposición tomada en el gobierno anterior está impactando en las reservas de la previsional y pone en riesgo a la futura generación de jubilados.
“Esta es una medida que se tiene que tomar y que forma parte del paquete de medidas administrativas y legales que son impulsadas por esta administración para que los recursos del fondo de jubilaciones y pensiones sean suficientes no solamente para hoy, sino también para aquellos que en el futuro se tienen que jubilar”, indicó Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS.
El aumento al 75% del haber mínimo se realizó sin tener una fuente de financiamiento, aseguró Cubas, quien señaló que esto llevó a que la caja de jubilaciones hoy tenga un déficit.
Hasta el 2020, este fondo contaba con un superávit que permitió incrementar las reservas, las cuales ya se han gastado un 28% a la fecha, esto debido a este incremento que se dio durante el gobierno de Mario Abdo.
“Desde el año 2020 lo que ingresa hoy en concepto de Aporte Obrero Patronal y Renta no alcanza para cubrir todos los egresos, por tanto, estamos usando la renta de las reservas. En el año 2023 usamos casi el 28% de la renta de las reservas, en pocos años si no se toman medidas para no continuar gastando de la manera en que se gastan las rentas ya no nos van a alcanzar”, advirtió la gerente.
Esta situación obliga al IPS a tomar medidas previendo las jubilaciones futuras, puesto que con la decisión de la anterior administración, adelantó 18 años una crisis que estaba prevista para el 2038, manifestó Cubas a la 1020 AM.
No obstante, dejó en claro que esta disposición no afectará a los 20.664 jubilados y pensionados que hoy reciben el 75%, dado que las normativas no pueden ser retroactivas, por lo que ellos seguirán percibiendo dicho porcentaje, que hoy representa G. 2.010.279 de acuerdo al salario mínimo legal vigente.