La jueza penal de Garantía de San Lorenzo María Elena Cañete decretó la prisión en la Agrupación Especializada del oficial Derlis Sanabria y del suboficial Juan Amarilla, imputados por tentativa de homicidio, omisión de auxilio y lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, en calidad de autor y coautor, en el marco de la investigación del caso del niño de 6 años que recibió varios impactos de bala tras una persecución irregular de partes de los agentes policiales. Los dos uniformados se exponen a una pena de hasta 30 años de cárcel.

Ambos están acusados de ser los responsables de realizar los disparos contra el menor que se encontraba circulando en un vehículo junto con su familia, de regreso de una consulta médica que realizaron en el Hospital San Pablo. Los policías se abstuvieron de declarar el domingo ante la fiscala Girala, incluso también ante el jefe policial de la Comisaría donde prestan servicios. Juan Amarilla es señalado como el autor de los disparos desde la patrullera y también al momento de descender del vehículo.

La fiscala dispuso también la realización de la prueba de nitrito y nitrato a los dos policías. Además, solicitó imágenes de circuito cerrado de la zona e informes sobre la orden de trabajo de los policías y el procedimiento que realizaban cuando se inició la persecución contra el automovilista y su familia.

ABOGADO: “DEBE PEDIR COMPENSACIÓN”

Los familiares del niño baleado en Luque, tras una persecución, deben pedir una compensación económica por el hecho y el Estado debe responsabilizarse de las acciones de los agentes policiales, afirmó el abogado Jorge Vasconsellos al ser consultado por radio Ñandutí sobre el caso. “La familia tiene el derecho de pedir una reparación económica y espero que plantee esa acción y que ningún procurador de la República, el día de mañana, salga a decir: el Estado se defiende; el Estado nos debe defender a nosotros, no se debe defender a sí mismo”, expresó.

“NO EXISTÍA JUSTIFICACIÓN”

Por su parte, el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, declaró que no se dio justificación alguna para que el policía que disparó al niño en el vehículo en movimiento utilizara la fuerza letal. En comunicación con el Canal GEN, el abogado mencionó que la entidad a su cargo se limitará a hacer el control del caso, así como indica la Ley 631/96, de modo que todo pueda dirimirse en el debido proceso. Sin embargo, aseveró que no pueden soslayar la situación y debate que hoy giran en torno a las barreras policiales.

MOVIDAS EN LA POLICÍA

Ayer se registraron movidas en el interior de la Policía Nacional tras el incidente del niño baleado por uniformados el sábado último. Específicamente, la Dirección Policial del departamento Central realizó varios cambios de jefaturas en diferentes comisarías de muchos distritos. Estas modificaciones fueron realizadas través de la resolución N° 75/2020, y considerando la Ley N° 5757/93 que faculta a las Direcciones Policiales a planificar, organizar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y obligaciones que competen a la Policía Nacional.

“LE JUGARON A MATAR A MI FAMILIA”

Ricardo Riquelme es el padre del niño baleado por dos agentes de la Policía que lucha por su vida. El hombre se encuentra desconsolado ante la gravedad de la herida de proyectil de su hijo de 6 años, que a pesar de la delicada situación muestra señales de mejoría luego de ser sometido a dos cirugías en el Hospital de Trauma de Asunción. “A matar le jugaron a mi familia. A nadie le deseo esto. Ni a mi peor enemigo. Deben ser más profesionales, que sean más capacitados. Casi le matan a mi hijo, esa bala iba directo a mi señora, mi hijo le salvó la vida”, explicó Riquelme en medio de lágrimas a Telefuturo. “Gracias a Dios está evolucionando bien, él no se merecía esto. Yo dije que esto es probolsillo, vamos a desviar nomás, le dije a mi señora. Después ya vi un vehículo detrás mío y ya sentí el primer impacto, comencé a acelerar y comenzaron a disparar. Actuaron a quemarropa”, afirmó el hombre con muestras de desesperación.


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