Demostrando absoluta incapacidad para la función que desempeña, la fiscala Mirtha Rivas procedió en forma totalmente irregular al detener de manera autoritaria un vehículo distribuidor de bebidas que transportaba gaseosas, aguas, jugos y cervezas. El camión con las mercaderías pertenece a la empresa Bebidas del Paraguay SA, y el argumento de la interviniente fue el incumplimiento de las medidas de restricción de circulación. Sin embargo, tras una aclaratoria del Ministerio de Industria y Comercio dispuso la liberación de la carga.
El hecho ocurrió alrededor del mediodía de ayer en la ciudad de San Lorenzo, donde la representante del Ministerio Público dispuso la confiscación de las bebidas alcohólicas, no así de los otros productos. La carga incautada fue llevada hasta el depósito del Ministerio Público en San Lorenzo. Argumentó una supuesta violación al Decreto 3512 del 3 de abril, por el cual se establecen las nuevas medidas de restricción de circulación durante el aislamiento preventivo establecido hasta el 12 de abril del 2020.
En dicho decreto figuran como excepciones todos los suministros entregados por parte de los proveedores a los supermercados, despensas, farmacias y estaciones de servicio. Posteriormente, la fiscala Rivas explicó que hubo “una confusión” en cuanto al artículo que hace mención a la prohibición del delivery de bebidas alcohólicas. Dijo que al respecto se realizó una consulta al Ministerio del Industria y Comercio sobre el alcance del decreto, y dicha institución remarcó que el hecho efectivamente estaba enmarcado dentro de las excepciones, por lo cual dispuso la liberación de las mercaderías incautadas y su inmediata entrega a la empresa responsable.
OTROS PROCEDIMIENTOS
Este procedimiento abusivo por parte de la representante del Ministerio Público se suma a otras irregularidades denunciadas en diversos puntos del país, que demuestran la escasa preparación de los intervinientes para esta contingencia, ya que no tienen claridad en qué casos deben actuar con la rigurosidad requerida.
Varios trabajadores han denunciado un procedimiento abusivo de parte del Ministerio Público y de la Policía Nacional durante esta cuarentena, pese a las recomendaciones del ministro del Interior, Euclides Acevedo, de que se debe dejar trabajar a la gente “que no sale de paseo”.