El Ejecutivo promulgó ayer la Ley que declara en estado de emergencia a todo el territorio del Paraguay ante el COVID-19, en donde se establecen medi­das administrativas, fiscales y financieras. La normativa fue impulsada por el Gobierno y tuvo un maratónico estudio en el Poder Legislativo para su actual vigencia, con la finalidad de contener la propagación de la enfermedad declarada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia.

La ley cuenta con un fondo de 1.600 millones de dólares en créditos y bonos soberanos, de los cuales se destinarían más de US$ 500 millones para el sector de la salud. Con esta ayuda se podrá duplicar las camas para terapias intensivas, invertir más en insumos hos­pitalarios, adquirir más reac­tivos para poder aumentar los test que detectan el coronavi­rus, así como la bonificación para los trabajadores de blanco.

Además se prevé un programa de contingencia para dar un apoyo a los trabajadores, per­tenecientes a las micro y media­nas empresas. Se dispondrá de US$ 300 millones para los sec­tores sociales donde se brindará asistencia a aproximadamente a 1.500.000 trabajadores afec­tados ante la crisis sanitaria.

Se estipula fortalecer al Insti­tuto de Previsión Social (IPS), con el fin de respaldar a los tra­bajadores formales, US$ 100 millones para cobertura de salud de trabajadores afecta­dos o ayuda económica.

SERVICIOS BÁSICOS ANDE Y OTROS

Se resalta en la norma las pró­rrogas para el pago de servicios básicos de la Ande. Los usua­rios con un consumo mensual de 0 a 500 Kwh serán exone­rados en un 100 por ciento, mientras que los usuarios con un consumo superior a 500 Kwh mensuales podrán ser diferidas temporalmente. El documento establece que este plazo podrá ser prorrogado de acuerdo a las condiciones económicas y posibilidad de financiamiento.

Los servi cios de la ESSAP, aguateras priva­das, juntas de saneamiento y la comisión de saneamiento podrán ser diferidos tempo­ralmente y tener un descuento de hasta 100 por ciento para las micro, pequeñas y medianas empresas y sectores más vul­nerables. En cuanto al servicio de Copaco, podrán ser diferi­dos temporalmente. Las obli­gaciones impagas resultan­tes de esta medida temporal podrán ser financiadas hasta en 18 cuotas sin recargos ni intereses. Por un periodo de 3 meses, marzo abril y mayo esta­rán las prórrogas en vigencia.