Paralelamente al comienzo del año lectivo y con miras a dinamizar y organizar el tránsito, agentes municipales prosiguieron a intervenir frente a conocidos colegios privados.
- POR ADRIANA ZACARÍAS
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Entre los tantos agravios al orden público se halla la prohibición a estacionar en doble fila. La práctica es muy común en horas pico y frente a colegios privados. Miles de internautas lo denuncian desde siempre, pero ayer, curiosamente, agentes de la Policía Municipal de Tránsito procedieron a retirar vehículos que incurrieron en tal infracción.
En la mañana de ayer, una grúa municipal procedió a trasladar un vehículo estacionado frente al colegio Cristo Rey de la capital, ubicado sobre la avenida Ygatimí. La demora en el estacionamiento en la vía pública es considerada una infracción. La sanción por estacionar en doble fila alcanza los 11 jornales (G. 927.740), sumando 3 jornales (G. 253.020) por traslado mediante grúa al corralón, por lo que en total la sanción asciende a G. 1.180.760.
En el denominado operativo “Retorno a clases” fueron seis los vehículos que incurrieron en esta infracción, según puntualizó Blas Sosa, director de la Policía Municipal de Tránsito de la comuna capitalina. Son más de 65 colegios a cubrir y 106 inspectores.
HASTA 20 JORNALES
Las multas leves van de un jornal mínimo hasta tres, las graves van de 4 a 10 jornales mínimos. Y las gravísimas van de 11 a 20 jornales (G. 1.686.800), según el ayudante de la Dirección Operativa de la Patrulla Caminera, inspector Édgar Fariña. “Hay que acotar que las infracciones en materia de tránsito vial terrestre se dividen en faltas administrativas y penales”, dijo. En el último caso interviene el Ministerio Público y el juez ordinario asignado a la causa.
Un hecho punible es considerado no tener licencia de conducir, menores conduciendo, conducción de cualquier vehículo automotor bajo influencia de estupefacientes y alcohol, citó. Las penas privativas de libertad generalmente no se aplican porque son delitos, indicó, y queda a criterio del juez penal y fiscal de turno. En este caso existe un “criterio de oportunidades o pena privativa de libertad que generalmente no se aplica”, precisó. En los delitos existen salidas procesales; es decir, multas en lugar de pena privativa, reiteró. En cambio, cuando se comete un crimen, sí se aplica la pena privativa de libertad, cuya expectativa va desde 5 años hasta el máximo de 25 años.
EL 95% DE LICENCIAS “ES COMPRADO”
Cuestionó que municipalidades “vendan” licencias de conducir sin haber constatado que efectivamente el usuario conozca las reglas de tránsito y haya pasado por un examen psicotécnico a fin de obtener la habilitación. El descontrol en la expedición es un factor inicial para contribuir con el caos en la vía pública, principalmente.
“Acá en Paraguay, la falta de cultura vial es nuestro problema. Lastimosamente, acá compramos la licencia de conducir, documento emitido por autoridad competente que habilita al titular a guiar un vehículo automotor dentro de la red vial nacional. Hoy día en un 95% compramos. Son cuestiones que municipios deben corregir. Se debería exigir el examen teórico y práctico. Algunos le quieren culpar a la Patrulla Caminera o al policía municipal de Tránsito de no enseñarle en la vía pública, eso es incorrecto porque si él desconoce las reglas de tránsito, es un peligro para sí mismo y los demás. Nosotros no somos organismos de enseñanza en la red vial”, comentó.