La Cámara de Apelación de feria integrada por los magistrados María Celeste Jara, Gustavo Auadre y Manuel Silvio Rodríguez confirmó la ilegalidad de la huelga de los funcionarios de los Registros Públicos, Registro Automotor y Judiciales que se llevó a cabo desde el 11 al 28 de noviembre del 2019. Fue al confirmar la resolución de la jueza del fuero laboral Greta Aquino, quien declaró ilegal la medida de fuerza en primera instancia.

El fallo de segunda instancia señala que “se ha constatado sin duda alguna que los sindicatos no cumplieron con las exigencias requeridas por ley para llevar adelante la huelga, es de carácter previo como las requeridas durante la vigencia de la medida de fuerza, siendo este acontecimiento determinante para la declaración de la ilegalidad de la huelga”, dice parte del argumento del Tribunal de Alzada.

La magistrada de primera instancia Greta Aquino declaró en diciembre ilegal la huelga de los funcionarios de los Registros Públicos, Registro Automotor y judiciales. El pedido de calificación de la medida de fuerza fue presentado por los ministros de la máxima instancia judicial.

El argumento del fallo judicial de primera instancia señala que “debe hacerse notar que los sindicatos hubieran demostrado la voluntad de resolver el conflicto con la patronal y demás está decir que no comparecieron a la audiencia tripartita, señalada para el 13 de noviembre del 2019, fijándose nueva audiencia para el 14 del mismo mes, donde sí participaron cuando ya la huelga había comenzado. Este paso tan importante, como es la audiencia tripartita, debe prevalecer y de ninguna manera podía ser obviado ni soslayado por los sindicatos. Esta conducta demuestra la poca voluntad de mediar y llegar a un acuerdo con el empleador a fin de evitar la medida de fuerza”.

Con la determinación adoptada por el Tribunal de Alzada, a los sindicatos de Registros Públicos, Automotor y judiciales les queda recurrir a la Corte Suprema de Justicia para tratar de anular los fallos de primera y segunda instancia.