La inversión promedio, en Sudamérica, llega apenas al 2,1% del pre­supuesto de salud en los paí­ses, este, aparte de escaso, está mal utilizado, porque se dirige a hospitales psiquiátricos en vez de dirigir intervenciones y presupuesto hacia la comu­nidad, basados en la atención comunitaria a la salud men­tal”, expresó el doctor Andrea Bruni, asesor en Salud Men­tal y Uso de Substancias de la Organización Panameri­cana de la Salud/Organiza­ción Mundial de la salud (OPS/OMS) en su visita a Paraguay la semana pasada para trabajar en el “Plan de Salud Mental”.

El especialista destacó que, por un lado, el reto en salud mental es instalar el tema como prio­ridad dentro de la agenda de salud pública, y por otro, reo­rientar la inversión destinada, más aún porque en Paraguay los recursos para este sector son bajos, de solo 1,84% del presupuesto de salud.

Bruni participó como panelista de la reunión espe­cializada “Perspectiva regio­nal sobre el rol del Poder Judi­cial respecto del derecho a la salud” y expuso sobre los desafíos actuales en materia de derecho a la salud. Igual­mente, su trabajo en Paraguay se enmarca en la Reforma del Sistema de Salud Mental, que el Ministerio de Salud enca­mina con la cooperación téc­nica de la OPS/OMS.

De acuerdo con sus expresio­nes, se busca dar un giro en la manera de encarar la pro­blemática. Actualmente, en Paraguay los servicios de salud mental son muy limitados, se concentran en el hospital psi­quiátrico y no responden a la necesidad de la población.

Bruni apunta a tres pilares de implementación. El primero de ellos incluye centros de salud mental comunitarios de tipo ambulatorios; en segundo término, la creación de Uni­dades de Salud Mental en los hospitales generales del país, que puedan dar cobertura a episodios breves, con periodos cortos de internación; y como tercer eje, trabajar la salud mental en atención primaria no especializada. Es decir, tra­bajar con médicos generales, enfermeros. “Es importante fortalecer y establecer servi­cios comunitarios donde las personas puedan tener acceso a los servicios de salud mental y se puedan proteger sus dere­chos”, dijo.