Ciudad del Este. Agencia Regional.
“Quieren cobrarnos 5 mil dólares por título, somos 106 familias, con cien adjudicaciones ya serían 2.500 millones de guaraníes, pero acá hay muchas familias que no tienen ni para el pan de cada día, 5 mil dólares jamás en la vida van a alcanzar, entonces como presidente conversé con mi comisión y decidimos denunciar el hecho porque ya fuimos jodidos demasiadas veces”, expresó Miguel Merlo, presidente de la comisión vecinal de la colonia San Miguel, ubicada en el km 28 Monday, de Minga Guazú.
Se refería al caso de dos funcionarios del Instituto Nacional para el Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), detenidos ayer en una calle vecinal de la comunidad cuando iban a recibir G. 50 millones como coima para “agilizar trámites” para la obtención del título de propiedad. Se trata de Gabriel Silvino Antonio Sosa Rodríguez (27) y Hernán Darío Insfrán Mena (44).
“Estamos en una colonia legalizada, tenemos una resolución presidencial sobre la habilitación de la colonia, también tenemos otra resolución en la que se fijó el precio de nuestros terrenos, el anhelo de los campesinos es tener el título de propiedad y cuando ya estábamos cerca de titular, en ese punto, nos piden dinero”, refiere el dirigente de San Miguel. Agregó que pedían 5 mil dólares por título, con 100 adjudicaciones ya suman alrededor de 2.500 millones de guaraníes que bajo ningún sentido pueden tener. “Ya no soportamos más, el Indert es una institución, cueva de delincuentes. Hace 15 años que venimos gestionando la titulación de nuestras tierras”, sostuvo Merlo. Consultado sobre la responsabilidad de la regional del Indert, dijo que la comisión recurrió a la oficina central en Asunción porque no tenía confianza en la gente de la institución en el Alto Paraná. “La regional es peor, por eso recurrimos a Asunción y, al final, caímos de nuevo en la trampa”, relató el dirigente.
La fiscala Stella Marys Ramírez informó que la denuncia se realizó a inicios de esta semana y, si bien los campesinos ya aportaron audios y textos que confirmaban la denuncia, decidieron la autorización judicial para hacer la entrega vigilada como anticipo jurisdiccional de prueba. A las 10:20 de ayer, en un camino vecinal se procedió a la entrega del dinero por parte de los campesinos a los dos funcionarios del Indert ya citados. El dinero quedó bajo resguardo fiscal.