“No tienen seguro del Instituto de Previsión Social (IPS), no perciben el sueldo mínimo, trabajan más de ocho horas, de 6:00 a 17:00”, explicó describiendo el cuadro general Natalia Acevedo, fiscala de la Unidad Especializada en Trata de Personas. Con esa situación se encontraron ayer tras un procedimiento que realizaron en conjunto con su par María Isabel Arnold en la fábrica de carbón vegetal Paven SA, ubicada en Benjamín Aceval.

“También vimos que hay dos embarazadas trabajando en condiciones insalubres, sin equipamientos y sin las debidas condiciones de acuerdo con los estándares mínimos”, graficó la agente fiscal. “No encontramos salidas de emergencia en caso de siniestro, una cuestión elemental”, expuso.

La intervención surgió tras una denuncia en la que se advertía sobre la posibilidad de que la situación allí configure en la “trata de personas con fines de explotación laboral”, un delito que tiene una pena de hasta ocho años de prisión. “Podría encuadrarse realmente, pero para estar segura necesito informes de la previsional, si se hicieron las inscripciones y también informes del Ministerio de Trabajo (MTESS)”, expuso Acevedo.