Pese a que su propia ley es clara sobre que deben ser separados de sus cargos los procesados por delitos, Reinaldo Giménez, subjefe de la Patrulla Caminera, permanecía en funciones hasta ayer cuando fue desafectado finalmente.
Giménez está imputado por el hecho punible contra la autonomía sexual, acoso sexual, por el presunto hecho de haber abusado de una cadete de la citada repartición.
El titular de la institución, Luis Christ Jacobs, intentó ayer alegar apego al ordenamiento jurídico al señalar que se reconoce la inocencia de una persona hasta que se demuestre lo contrario. “Primero está la justicia y después está la cuestión administrativa. Mientras no exista condena firme y ejecutoriada, no podemos tomar medidas”, dijo a la 970 AM. Horas después designó como director Operativo a Osvaldo Cabrera Adorno en reemplazo de Giménez.
De esta forma, cumplió con lo establecido en el Artículo 69 de la Ley Orgánica de la Patrulla Caminera que es bastante claro sobre cómo se debe actuar en casos como este: “Cuando la infracción imputada al inspector nacional pudiera constituir un hecho punible de acción penal pública conforme a la ley penal vigente, se procederá a remitir en el cargo, con goce de sueldo, a disposición de la Dirección Nacional, hasta tanto se dicte auto de prisión preventiva u otra medida alternativa a la prisión”.
Christ Jacobs expresó luego que “si la denuncia se hubiera hecho por los conductos correspondientes, se hubiera iniciado un sumario. Pero, en este caso la denuncia fue realizada directamente en la Fiscalía”, expuso.
La ciudadanía venía reclamando que se tomarán acciones ejemplificadoras, pues de lo contrario quedaría pegado inexorablemente a la idea de encubrimiento y protección hacia uno de sus principales responsables.