POR JORGE ZÁRATE, periodista, jdzarate@gmail.com
“No soy de aquí”, “no estuve en ese momento”, “llegué más tarde”, los vecinos le temen a la familia Barrios que sería la dueña del depósito clandestino de combustibles que explotó y se incendió el viernes pasado en la calle Piribebuy casi Río Salado de Villa Elisa.
En el barrio Picada el relato del incidente es espectacular, gente corriendo calle arriba hasta albergarse en una plaza viendo un fuego de película alzarse sobre sus cabezas, escuchando explosiones reiteradas y finalmente viendo volar las chapas de un tanque por los cielos, todo en medio del ulular de sirenas de los bomberos, la Policía y las ambulancias que se acercaron por si pasaba lo peor.
La Fiscalía de Medio Ambiente no actuó, tampoco hubo en la zona inspecciones previas del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio del Ambiente no tiene en marcha política alguna para controlar estos depósitos clandestinos que surgen del “ordeñe” de camiones y barcazas o del contrabando hormiga –y no tanto– de combustibles desde Argentina, río Paraguay mediante.
La Policía no sabe, no contesta, el intendente Ricardo Estigarribia (PLRA) después de 6 horas de buscarlo responde en Whatsapp: “Este tema amigo nosotros pasamos a la Fiscalía. No compete a la intervención municipal porque es clandestino, ahí deberían actuar la Policía y la Fiscalía. No puedo atenderte hermano. Más tarde te aviso”.
Por la fecha, el caso le habría correspondido en la Fiscalía de Medio Ambiente al polémico Jalil Rachid: “Desconozco el caso, aquí no ingresó ninguna denuncia”, explica el fiscal. Preguntado sobre la frecuencia con que se dan denuncias de accidentes con combustibles comenta: “particularmente nunca tuve un caso de incendio, es un caso fortuito, que habría que analizar, si es que tiene consecuencias penales. También dependiendo de qué tipo de actividad se debe tener declaración de impacto ambiental, autorización municipal…”.
En el Ministerio del Ambiente, su director de fiscalizaciones también dice desconocer el caso, “ni por teléfono no se recepcionó una denuncia sobre el tema”, cuenta. Deja en claro allí que el tema del “ordeñe” de combustible no está abordado por la cartera. “En años anteriores trabajamos con el MIC pero actualmente no tenemos tareas a desarrollar en conjunto”, comentó. No es difícil suponer que el “negocio” mueve millones que dejan en silencio a unos y fuera de acción al propio Estado.
LA REALIDAD
Es difícil hablar con la gente del barrio Picada porque teme a las represalias, cuentan que decenas de camiones van por día al “ordeñe”, que no sólo son “Los Barrios”, que las cosas tienen distintas dimensiones, de los que quitan los fondos de barcazas o los que lo hacen con los camiones tanque. Hay también un microtráfico hormiga desde Argentina.
Vale recordar los precios nacionales: Diésel mbarete G. 6.100, diésel común G. 5.180, nafta ecoplus 95 G. 6.690, nafta eco 90 especial G. 5.890 y la nafta econo 85 G. 4.950. También el Ecoflex 85 que cuesta G. 5.215 el litro, y el gas licuado de petróleo que se mantiene en G. 3.025 el litro.
Ahora comparémoslos con los precios convertidos a guaraníes de la empresa Shell en Argentina: Diésel de mayor calidad, 5.277; diésel común 4.645; nafta de 95, 5.500 y nafta de 90, 4.800.
Como se verá hay una pequeña diferencia de precios que motoriza el contrabando hormiga desde la vecina Clorinda. Todo un fenómeno en sí también. La prensa registra lo que viene pasando en el río Paraguay, principalmente en cercanías de Pilar, entre Paso de Patria y Villa Oliva, donde ocurren los ordeñes de barcazas.
Imagine el lector un cargamento de 5 mil litros de gasoil a menor precio para las inmensas máquinas fumigadoras, cosechadoras y tractores del agronegocio en Misiones y Paraguarí. Uno igual de nafta para alimentar la impresionante y creciente cantidad de vehículos en Central.
El último procedimiento sobre el tema que publica la prensa se registra en febrero pasado, cuando la Policía se incautó de 1.500 litros de combustible en una vivienda en el barrio Cándida Achucarro de San Antonio. Lo hizo frente al puerto privado Terport, a metros del río Paraguay.
Como ejemplo del poder que tienen los traficantes vale mencionar un caso en que la jueza Mirian Rivas, de Pilar, favoreció con medidas sustitutivas a la prisión al supuesto ordeñador de combustible Fredy Ríos Lugo. Un hombre violento, que había amenazado con una pistola al fiscal de Alberdi, Osmar Segovia, y sus asistentes para huir de su captura en noviembre del 2016 cuando se le incautó una carga de 30 mil litros de gasoil. Dijo el fiscal Segovia: “Creo que no corresponde, ya que él fue imputado por 5 hechos punibles, con una expectativa de pena que puede llegar a los 7 años. Sobrepasa los 5 años para otorgar una medida alternativa a la prisión y más por la gravedad del hecho”, expresó a un diario colega. “Esto desanima un poco a los fiscales que queremos hacer bien las cosas”, se lamentó luego.
UNA EXPLICACIÓN
La Dirección General de Combustibles, a cargo de Luis Villalba Ocampo, informó que: “El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) tiene la misión de reglamentar la comercialización y el ordenamiento del mercado que conciernen a los productos derivados del petróleo, para lo cual exige las condiciones necesarias para el correcto almacenaje, distribución y comercialización de estos productos, claramente establecidos en el Decreto 10.911/00, a través de la siguiente cadena de comercialización: Refinerías; Plantas de almacenaje; Empresas Distribuidoras; Estaciones de Servicios y Puestos de Consumo Propio. Por tal motivo, en el caso particular del incendio generado en el predio ubicado en las calles Río Salado, casi Río Montelindo, del barrio Picada, de la Ciudad de Villa Elisa, departamento Central, transcurrido durante la noche del sábado 8 de junio del 2019, aproximadamente las 22:30, u otros casos similares que acontezcan en predios particulares, no habilitados por esta cartera de Estado, por ser estas propiedades privadas, el MIC solo podrá ingresar a este tipo de locaciones por pedido expreso del Ministerio Público previa orden de allanamiento expedida por un juez, a pedido de un fiscal. “No obstante, el lunes 10 de junio del 2019, el MIC, a través de la DGC, envió un equipo de técnicos para realizar un reconocimiento del lugar y relevar datos, constatándose que no corresponde a ningún local habilitado por este ministerio y el abandono total del predio”, expuso.