Blas Martínez, director general de Establecimientos Penitenciarios dependiente del Ministerio de Justicia, confirmó la fuga de un recluso de la Penitenciaría Nacional de Emboscada, y habló de una posible liberación de presos, tipificada como un hecho punible contra la administración de la Justicia, según se establece en el artículo 294 del Código Procesal Penal, que señala que “el que liberara a un interno, le indujera a la fuga o le apoyara en ella, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.

A decir de Martínez, la Fiscalía debe intervenir en este nuevo caso, que tiene como protagonista a Salvador Martínez Bazán (26), quien está vinculado al millonario asalto en el Colegio San Ignacio Loyola de Asunción y cuenta con otros antecedentes por robo agravado.

El miércoles, a las 19:15, Martínez Bazán recorría por los pasillos del penal y aprovechando la tranquilidad del feriado, trepó un muro de 7 metros del recinto penitenciario, para luego colgarse por el tendido eléctrico y dar finalmente a la calle.

Todo lo hizo, supuestamente, en un descuido de los guardiacárceles. No obstante, no se descarta que el convicto haya tenido apoyo de “adentro” para su arriesgado plan, considerando, principalmente, que Emboscada es considerada una cárcel de máxima seguridad.

Según el relato de uno de los guardiacárceles, “todo ocurrió muy rápido”, ya que cuando los mismos se percataron del hecho, Martínez Bazán ya estaba trepado a la muralla, por lo que los disparos intimatorios que realizaron no tuvieron éxito. Rápidamente, el fugado tomó un cable del tendido eléctrico y lo utilizó para deslizarse y bajar arriesgando su propia vida.

Si bien se realizó un rastrillaje inmediatamente después de la fuga, el reo aún sigue prófugo de la Justicia.

Esta nueva fuga desnuda la vulnerabilidad de la seguridad del sistema penitenciario nacional.