El Mecanismo de Pre­vención de la Tortura (MNP), en su informe anual de gestión 2018, des­taca como principal desafío hacer frente a la crisis del sistema penitenciario. Ayer en la mañana, durante la presentación del informe a los tres poderes del Estado paraguayo y a la ciudadanía en general, se resaltó la preo­cupación en torno a la preven­ción de la tortura y la garan­tía de los derechos humanos.

“El principal desafío es hacer frente a la crisis del sistema penitenciario, ya que de 15.434 personas pri­vadas de su libertad en el país, solo 4.310 tienen lugar y el 74% (8.451 personas) no tiene condena”, expresaron los responsables.

De acuerdo a estos datos, pro­ponen un diálogo entre las instituciones gubernamen­tales y el acompañamiento de la sociedad civil. Conside­ran como problemas estruc­turales del sistema la falta de acceso al agua potable, a la salud, al alojamiento ade­cuado, a la educación, al tra­bajo y falta de recursos huma­nos: personal de blanco y de seguridad.

Desde el MNP consideran que persiste la corrupción den­tro del sistema y la emergen­cia de los grupos criminales. “Entre los temas para el diá­logo figuran analizar las cau­sas del crecimiento poblacio­nal penitenciario, erradicar el abuso de la prisión preven­tiva, políticas represivas ver­sus políticas de prevención efectivas de hechos punibles y mejorar las condiciones de privación de libertad de todas las personas”, aclararon.

Agregaron que el 47% de las mujeres ingresó por una causa vinculada a la Ley Nº 1.340 (microtráfico). Aun­que hubo algunas mejoras, persisten las recomendacio­nes no cumplidas de adaptar las prisiones a las mujeres que sufren –en especial– de mayores vulnerabilidades. “Tienen restricciones para recibir a sus hijos que difi­cultan el contacto con ellos”.

“En lo que respecta a los hallazgos y recomendaciones en los diferentes ámbitos de intervención, existen 2.113 niños y niñas institucionali­zados, sin cumplirse el dere­cho de vivir con sus familias”, dicta el informe.

Recomiendan diseñar e implementar sistemas de cuidado con alternativas dife­rentes al encierro para que la condición no confesional per­mita trabajar desde una pers­pectiva de derechos, sin limi­taciones basadas en creencias religiosas.

Apuntaron que para los ado­lescentes privados de libertad se debe fortalecer el modelo socioeducativo y terminar con los traslados arbitrarios (691 en cuatro años).