Ante la constante denuncia de habitantes de Villeta, que a diario inhalan las partículas de polvo generadas en la Industria Nacional de Cemento (INC), la Junta Municipal, encabezada por Ariel Aguayo, procedió a declarar emergencia ambiental en la ciudad.
Los pobladores de los barrios Inmaculada y Sagrado Corazón de Jesús reclamaron a los ediles tener que estar sometidos al polvo despedido desde la planta fabril. Tras ello, el lunes 18 de febrero la Junta Municipal resolvió declarar emergencia ambiental.
Las copias de la Resolución JMV Nº 67/2018 fueron remitidas a la presidencia de la INC y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). El pedido realizado por la Junta está en las direcciones de Asesoría Jurídica y Control del Mades, que deben emitir un dictamen. Sin embargo, la resolución sigue aguardando respuesta en el despacho del ministro Ariel Oviedo. Por otro lado, jóvenes de la Coordinadora en Defensa del Medio Ambiente se reunieron con los afectados y con las autoridades de la INC para buscar cómo paliar la situación.
Ante esto, desde la INC sostienen que iniciaron trabajos para mitigar la emisión de partículas de polvo en el ambiente. Tras conformarse una segunda mesa de diálogo, funcionarios de la cementera estatal, en coordinación con la Dirección de Fábrica y la Gerencia de Seguridad del Medio Ambiente y Salud, comenzaron con los trabajos de aseo en el predio y alrededores. Estos consisten principalmente en el riego y limpieza de polvo, como mecanismos de contingencia inmediato y a corto plazo.
“Se acercaron a nosotros para mitigar el problema del polvo. Estamos preocupados por los empleados y pobladores. Estuvimos con el intendente y tratamos de buscar solución con toda la gente”, manifestó Maximiliano Morínigo desde la empresa estatal.
MEDIDAS PALIATIVAS
Paralelamente se realizaron actividades preventivas programadas, entre ellas reparaciones, limpiezas y mantenimientos de los captadores de polvo, como también colocación de cobertores a las cintas transportadoras de materia prima.
También se implementaron controles a la circulación de unidades móviles tanto estatales como particulares, exigiendo una velocidad máxima de 5 km/h a fin de minimizar la expansión de polvo al exterior