- POR ALDO BENÍTEZ
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- POR CAROLINA VANNI
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“Ya cavé 3 metros y medio, quedan 8 todavía. Si tengo suerte, voy a encontrar agua”, dice Francisco Benítez, líder de la comunidad indígena Takuarusu I, del distrito de Abaí. Tiene el cuerpo cubierto de tierra. Empezó su labor a la mañana temprano. Cuando el equipo periodístico de La Nación llega hasta su comunidad, ubicada a 300 kilómetros de Asunción, es de tarde y hace bastante calor, pero Francisco no piensa en el calor, ni en el cansancio. Tiene que excavar 11 metros para tratar de conseguir agua para las 26 familias que viven en su comunidad.
El agua, líquido vital para el consumo humano, es casi un artículo de lujo para las comunidades indígenas y campesinas de Caazapá, uno de los departamentos más pobres del país. La situación de Takuarusu I se replica en varias de las 36 comunidades que tiene el distrito, la mayor cantidad con relación a los 16 departamentos restantes en el país. Caazapá tiene 5.400 indígenas, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Estadística, Encuestas y Censos (DNEEC). La mayoría de los indígenas que viven en esta localidad son de la parcialidad mbya guaraní.
Benítez se queja de la ausencia del Estado. Si bien hace 20 años que viven en la zona, hasta hoy no tienen el título de propiedad de las tierras que habitan. El Instituto Nacional del Indígena (Indi) no compra la propiedad de 150 hectáreas, que figura a nombre de una empresa privada. “Seguimos esperando que por lo menos tengamos los títulos del lugar donde vivimos”, dice.
Para llegar a Takuarusu I el trayecto es difícil. El único camino que lleva al lugar es una picada, que cuando llueve se vuelve intransitable. El centro asistencial más cercano que tienen es el de Abaí, pero muchas veces este hospital no tiene ambulancia disponible.
En lo que respecta a la educación, la mayoría de las pequeñas comunidades tienen dos o más aulas, en las que imparten enseñanza plurigrado. La que no tiene problemas para llegar a la escuela de Takuarusu I es la soja. A menos de 50 metros de este centro de enseñanza, hectáreas enteras del grano componen el paisaje de los pequeños estudiantes.
En algunos casos, los docentes no siempre cumplen debidamente y faltan a clases frecuentemente, denuncia Teodora López, de 70 años, pobladora de la comunidad Mandua’ara I, de la colonia Tapyta, un pueblo campesino que está ubicado a unos 15 kilómetros de San Carlos.
La denuncia fue ratificada por Deisy Paola Rolón, del mismo asentamiento, quien asegura que los niños no aprenden nada, pero pasan de grado sin saben leer. “La maestra dice que es porque tienen hambre, pero en realidad no les enseña, ella (la docente) falta mucho y cuando viene no le hace caso a los niños”, dice en guaraní Deisy, quien tiene tres hijos, todos en edad escolar.
ARRINCONADOS
Aunque los campesinos de Mandu’ara I obtuvieron un pedazo de tierra del Indert para asentar sus casas –sitios de 20x40– estos resultan insuficientes para producir el alimento diario, lo que obliga a las familias a realizar pequeñas changas y usar lo poco que queda de las tierras cultivables –la mayoría usadas para la soja– a fin de plantar algún que otro alimento como poroto, maíz, maní o mandioca. Además, los habitantes de este sitio no acceden aún al título de propiedad de las tierras que se les otorgó hace más de 20 años, por lo que muchos abandonaron nuevamente las fincas y buscaron otros lugares para poder sembrar.
COMUNIDAD MODELO
Si bien la mayoría de los indígenas están en situación de vulnerabilidad, la comunidad Ytú se erige como modelo gracias a la organización del líder y el respeto de los miembros de esta aldea a las reglas que ellos mismos impusieron. “Tenemos reglamentos y se tienen que cumplir”, dice el cacique Adriano Centurión, quien indica que las mujeres y niños tienen prohibido mendigar en las esquinas y semáforos de las grandes ciudades.
“Esta es una comunidad independiente, estamos aproximadamente 60 adultos y formamos una organización que tiene por objetivo la educación, la salud y la producción. Trabajamos en eso. Tenemos comida, pero necesitamos salud, un puesto y una ambulancia para los casos de necesidad”, dice Centurión, al indicar que están situados a 60 kilómetros de San Juan Nepomuceno, el centro asistencial de referencia más cercano a su localidad.
Centurión dice que hace falta el acompañamiento del Indi, la gobernación, la municipalidad y la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia para que las comunidades recuperen su dignidad.