• POR CAROLINA VANNI carolina.vanni@gruponacion.com.py
• POR ALDO BENÍTEZ aldo.benítez@gruponacion.com.py

En el departamento de Caazapá, donde cerca del 18% de la tierra es utilizado para la plantación de soja, la vida de una parte importante de sus habitantes transcurre entre la pobreza, el hambre y el abandono esta­tal. Un equipo de La Nación recorrió algunas de las comu­nidades indígenas y campe­sinas de este departamento que, sin embargo, es dueño de una enorme riqueza natural.

Es cerca del mediodía de un caluroso martes de febrero y el equipo periodístico de La Nación está camino a Abaí, una localidad distante a 10 kilómetros de San Juan Nepomuceno, la capital departamental de Caazapá, considerado uno de los depar­tamentos más pobres del país.

En el trayecto a Abaí, cerca de la zona de Cerrito, una comu­nidad indígena donde viven 45 familias, rápidamente el rótulo de ser la región con más pobreza en el país se hace notar. Al costado del caliente asfalto, en medio de pastiza­les, salen al paso del móvil periodístico niños indígenas, descalzos, algunos hasta des­nudos, extendiendo las mani­tas y preguntando: “¿Ereko ja’u va’erã?” (¿Tenés algo para comer?).

Los niños tienen sus rostros sucios, mezcla del jugo de chi­rimoya y el polvo. Como en otras ocasiones, esta fruta –que ni siquiera estaba bien madura– era lo único que tenían para engañar al estó­mago.

La situación marca una per­fecta paradoja. Estos niños indígenas que salen a pedir algo de comer viven rodea­dos de un mar de soja, pro­ducto estrella de exporta­ción. Paraguay es hoy uno de los principales exportado­res del mundo de este y otros granos. Sin embargo, entre las miles de hectáreas de siem­bra, cordones de pobreza van ganando cada vez más habi­tantes.

Esta no es la única comuni­dad donde hay necesidades extremas y donde el dere­cho básico a la alimentación está en juego. Los que viven en Takuarusu I (30 familias), del distrito de Abaí, tam­bién pasan penurias para conseguir comida, al igual que varios pobladores del asentamiento Mandu’arã I (25 familias) de la colonia Tapyta, distrito de San Juan Nepomuceno.

“No es fácil, pero nos rebus­camos para comer. A veces vamos a pescar o buscamos frutas, miel. Aunque hay familias que sí pasan ham­bre”, dijo Deisy Paola Rolón, pobladora de la comunidad Mandu’arã I.

Tanto los indígenas como los campesinos de la zona se volvieron invisibles porque, además de padecer la incer­tidumbre de no saber si habrá comida para el día, no tienen servicios básicos. La situa­ción es mucho más penosa cuando el clima los castiga con la sequía, en especial cuando los yvu (manantia­les) y arroyos que están cerca de sus comunidades se secan y deben caminar kilómetros para conseguir un poco de agua para beber y lavar.

Aunque no todos admiten que pasan hambre, el fogón de las casas no se prende todos los días, prueba de ello es que las cenizas de una cocina que visitamos al mediodía esta­ban frías y el carbón apagado. “Nuestra comida es poroto, choclo. Si nos alcanza el dinero, comemos carne. Mi hijo va a pescar, así logramos comer cada día”, dijo doña Teodora López, de 70 años, que vive en el asentamiento Mandu’arã I.

La situación de extrema nece­sidad lleva a muchos a aban­donar sus comunidades, ya sean campesinas o indígenas, y a rebuscarse en las grandes ciudades donde engrosan el cinturón de pobreza en los bañados o zonas periféricas.

El departamento de Caazapá tiene 9.496 km2, de los cuales el 18% está cubierto de plan­taciones de soja. Es uno de los departamentos más pobres del país y también donde los casos de desnutrición, bajo peso y la mal nutrición resul­tan problemas comunes para los médicos y enfermeros de los centros asistenciales.

“No es un caso aislado”, ase­guró el doctor Ronald Brítoz, director del Hospital Distri­tal de San Juan Nepomuceno, al hacer referencia a los dos casos de niñas con severa desnutrición que llegaron hasta el centro asistencial a su cargo semanas atrás. “Es un problema que nos atañe a todos. Es un problema que se viene arrastrando desde hace un tiempo”, dijo al explicar que la situación con los indí­genas se dificulta debido a la barrera cultural y económica.

Por su parte, la licenciada Maura Zena, jefa de enfer­mería del mismo hospital, indicó que con los indígenas “sabemos que están siempre en riesgo de desnutrición”, por lo que una de las primeras medidas adoptadas cuando surgen estos casos es contac­tar con los representantes de la Codeni de donde proviene el menor, de modo a arbitrar los mecanismos que permi­tan hacer un seguimiento y sobre todo lograr la recupe­ración del afectado.

“Para nosotros es común recibir denuncias de niños desnutridos. Pero no solo se da en comunidades cam­pesinas, sino también en el casco urbano y en los asen­tamientos. Trabajamos en forma conjunta con los entes encargados de niñez y mujer”, dijo Liz Silvero, encargada de la Codeni y Secretaría de la Mujer de San Juan Nepomu­ceno.

Solo en esta localidad todos los meses se recibe un promedio de 10 denuncias de meno­res con bajo peso, de los cuales 7 provienen de las comuni­dades indígenas. A este lugar también llegan pedidos de ayuda para comprar medi­camentos, alimentos o para estudios solicitados por los médicos que no se hacen en el hospital distrital.

La doctora Martha Car­doza, encargada de la USF de Tupã Renda, distrito de Abaí, explicó que trabaja con 6 comunidades indígenas y aseguró que en asentamien­tos nativos de la parcialidad mbya guaraní resulta común que los niños, incluso adultos, tengan bajo peso y talla. La diferencia ronda entre los 3 y 4 kilos menos que los demás niños de la misma edad.

“Por ejemplo, tenemos pacientes de 4 años y 1 mes cuyo peso es de 13,5 kilos. Bajo para dicha edad. Pero tam­bién esos casos se dan en los adultos, son flaquitos”, dijo la galena al indicar que los pro­blemas de salud más comunes en las comunidades indígenas son las afecciones respirato­rias, el bajo peso y las enfer­medades venéreas (sífilis).

Caazapá es uno de los depar­tamentos más golpeados por la pobreza. Si bien la pobla­ción indígena que habita el departamento es de 5.400 aproximadamente, no solo los pueblos originarios pasan por situaciones de extrema nece­sidad, sino también fami­lias campesinas que viven en asentamientos de difícil acceso.

Para muchos de estos cam­pesinos e indígenas resulta una utopía la tierra propia, la ayuda técnica para produ­cir y los caminos para sacar la producción, reclamos que vienen gritando desde hace décadas, pero no son escu­chados. La educación y la salud de calidad también son meros sueños para ellos por­que si bien existen escuelas y Unidades de Salud Familiar (USF), estos no tienen las con­diciones mínimas para ofre­cer calidad en sus servicios, en especial a las comunidades más alejadas.

Según la doctora Nadia Rive­ros, encargada de Atención Primaria de la Salud de la 6ª Región Sanitaria, de los 184.530 habitantes que tiene el departamento, 128.757 reciben atención médica a través de las 49 USF instala­das en la región, de las cuales 16 se encargan de la asistencia de las 36 comunidades indíge­nas de la zona.

Muchas de estas unidades primarias de atención a la salud no cuentan con una ambulancia o vehículo insti­tucional funcionando, lo que dificulta el desempeño de los trabajadores que deben dar respuestas a las necesi­dades que surgen cada día. “No tenemos ambulan­cia y los traslados hacemos con vehículo particular. Si el paciente no puede pagar, nosotros juntamos y paga­mos el flete”, dijo la doctora Martha Cardozo, de Tupã Renda, situada a 60 kilóme­tros de San Juan, yendo por un camino en parte empe­drado y en parte terraplén.

La falta de vehículo para el traslado de pacientes se siente también en el hos­pital distrital de San Juan Nepomuceno, que es un cen­tro asistencial de referen­cia, pero que solo tiene una ambulancia, lo que significa que deben pedir socorro a otras localidades como Abaí o Tavaí en caso de que necesi­ten otra unidad por urgencia.

“Tenemos una sola ambulan­cia que trabaja las 24 horas, todos los días. Cuando nos quedamos sin la misma, pedi­mos a otros municipios que nos ayuden para los trasla­dos”, dijo el director del Hos­pital Distrital de San Juan Nepomuceno.

La mayoría de las comunida­des está aislada no solo por la considerable distancia entre una y otra, sino también por el mal estado de los caminos, que en algunos sitios resulta intransitable inclusive en carreta.

“Hacemos lo que está a nues­tro alcance. Hacemos las visitas a las comunidades indígenas cada dos meses, proveemos lo que el minis­terio nos da”, explicó la doc­tora Cardozo, de Tupã Renda, al indicar que son 6 personas que trabajan en la USF del lugar y deben cubrir las nece­sidades de 13 comunidades, de las cuales 6 son indígenas.

La falta de caminos de todo tiempo es una queja constante de los pobladores, muchas no se pueden transitar en días de lluvia y otras son casi peque­ños senderos por el que solo pasan motos o bicicletas.