Luego de la destitución de Nancy Ovelar como viceministra de Edu­cación Básica, el titular de la cartera, Eduardo Petta, rati­ficó que continuará con la cacería de rubros docentes, ya que –según él– la transfor­mación educativa tiene como principal eje la transparencia.

En este sentido, anunció que se contratarán más jueces y fiscales, con los que pretende convertir el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en una suerte de unidad fiscal. Fue en el marco de una reu­nión con estudiantes de la Unión Nacional de Estudian­tes del Paraguay (UNEPY), quienes tuvieron una audien­cia con el secretario de Estado.

Hace menos de 15 días, José Casañas Levi, director de Anti­corrupción del MEC, denunció que la Dirección de Asuntos Jurídicos archivaba las denun­cias por presiones externas. A lo que los jueces respondieron que están trabajando de forma precaria y recién ahora Petta tomó conciencia de esto, y deci­dió fortalecer esta dirección que apenas cuenta con cinco jueces que fungen de dactiló­grafos por falta de personal para secretarios.

“Hay que fortalecer la Direc­ción de Asuntos Jurídicos, que es una dirección que tiene poca gente. Ya hemos equipado algu­nos aspectos como computa­doras, impresoras, que algu­nos no estaban teniendo, ni tampoco móvil para hacer las investigaciones. Entonces, le proveímos de móviles y vamos a ampliar la cantidad de jueces de instrucción de sumario, ya que hoy tenemos solo cinco”, indicó Petta tras la consulta sobre si seguirán las investi­gaciones contra los 1.200 polí­ticos que cuentan con rubros docentes, ya que actualmente solo 84 de los investigados fue­ron identificados.

Además de los 1.200 casos de políticos que se deben inves­tigar y de los anteriores expe­dientes, existen también otros 291 nombramientos en los que se usaron rubros docentes, sin que estos tengan matrículas.

A nivel interno, esta “con­versión” del MEC en una suerte de sabueso tenaz con­tra los supuestos hechos de corrupción le han valido crí­ticas a Petta y sus colabora­dores, puesto que los proble­mas urgentes de la educación paraguaya como infraestruc­tura, calidad de la enseñanza y dignificación de docentes siguen postergados.

Hasta ahora, el proceso de transparencia solo arrojó 84 presuntos planilleros y un sumario empantanado, en razón de que no se cono­cen quiénes y cuántos son los funcionarios.

“Hasta ahora seguimos trabajando igual –preca­riamente– no hay ningún avance en la Dirección Jurí­dica. Estamos sobrecargados de trabajo con los expedientes a los que tenemos que dar resolución en un periodo muy corto, los sumarios tenemos que juzgar en 70 días máximo y hacemos malabarismo para cumplir con todo”, señaló Casto Insaurralde, juez de sumarios en el MEC.

“En mi Juzgado particularmente, necesito por lo menos un secretario, porque yo estoy solo con una actuaria y actualmente soy juez y dactilógrafo a la vez. Tengo más de 50 expedientes a mi cargo y debo estudiar bien caso por caso, de lo contrario tengo otros problemas.

La “victoria” de Eduardo Petta en la pugna interna con Nancy Ovelar supone que el gobierno de Mario Abdo Benítez relegará los problemas fundamentales de la educación paraguaya. Esto es lo que se deduce de la decisión tomada por el presidente de la República, que privilegió a Petta, un funcionario con escasa competencia en temas educativos, en lugar de Ovelar, alguien más volcada a la parte técnica y con experiencia en el área edu­cativa.

El apoyo presidencial al ex senador también significa dar luz verde a las medidas de “transparencia” implementadas por Petta, pero que hasta ahora, fuera de los fuegos de artificio, solo ha detectado sin mucha consistencia a 84 planilleros.