Cuatro ex empleados del Shopping Mariscal fueron cesados en sus cargos sin recibir la liquidación según su antigüedad. Los responsables buscan la forma de justificarlo utilizando distintas versiones. Varios de los casos fueron judicializados.

Empresas del Grupo Zuccolillo cuentan con llamativos ante­cedentes de despidos injus­tificados a funcionarios anti­guos, con la gravedad de una fuerte sospecha de que ade­más no los indemniza de acuerdo con la ley laboral vigente. Al menos, esto es lo que sale a la luz a raíz de denuncias hechas a nuestro diario por cuatro ex trabaja­dores del emblemático Shop­ping Mariscal, que se encuen­tra en el corazón de la capital del país.

Estas denuncias de ex empleados, coinciden­tes, dejan en evidencia la manera lamentable en que son tratados algunos tra­bajadores de las firmas del Grupo Zuccolillo y las argu­cias a las que recurren los responsables de cada área para los despidos bajo la causal de un supuesto "des­pido justificado", lo que conlleva el perjuicio final para los afectados quienes salen prácticamente con las manos vacías.

Uno de ellos es Gustavo Ibá­ñez, quien trabajó durante 19 años en dicho centro comercial y estaba a cargo de la parte de sonidos, ilu­minación y eventos en gene­ral, fue despedido el 10 de marzo del 2016, sin recibir ni siquiera el dinero corres­pondiente a la última quin­cena trabajada. Su último salario percibido fue de G. 3.200.000.

Gustavo habló con La Nación y contó que poco antes de cumplir los diez años en la empresa, se vio obligado a negociar el periodo que ya tenía acumulado. Contó que era una práctica común allí evitar que sus colaborado­res lleguen a concretar una estabilidad laboral. Tal es así que le hicieron una oferta y por temor a perder su empleo, lo aceptó. Tres meses después de aquel "acuerdo", Gustavo se rein­tegró a su lugar de trabajo y estuvo allí por más de siete años de nuevo.

"Cuando cumplíamos entre 7 u 8 años, ellos nos hacían una tentativa para no alcan­zar los 10 años, era ya algo común. Cuando llegaba ese momento uno se sentía obli­gado a aceptar porque quería­mos seguir trabajando. Ellos nos ponían algunos carameli­tos, como aumento de sueldos u otros beneficios. Yo no que­ría negociar pero me vi obli­gado, me dieron una migaja; pero en ese momento acepté, yo no quería salir de la línea de mis demás compañeros y de la empresa", relató.

Nuestro entrevistado comentó que unos años antes de ser despedido, tuvo una nueva jefa, que desde el momento en que pisó el lugar comenzó a buscarle todo tipo de defectos a su desempeño laboral. Tal es así que en una ocasión tuvo una discusión con una de sus compañeras, quien remitió una nota al departamento de Recursos Humanos comunicando lo sucedido. Valiéndose de este conflicto, lo desvincularon definitiva­mente de la firma sin haber recibido ningún pago por su liquidación, ya que según los directivos, se habría tratado de un "despido justificado".

"A mi nadie me llamó para escuchar mi versión. Ellos, incluyendo al director Jorge Mendelzon, se deja­ron influenciar por lo que mi ex jefa les decía. Me echa­ron el 10 de marzo del 2016, el conflicto con mi compa­ñera ocurrió el 15 de febrero de ese año. Ninguno de los gerentes estuvo presente, me llamó uno de los conta­dores y me hizo firmar mis recibos pendientes. Cuando le firmé todo me mencionó la queja de la compañera y me dijo que estaba des­vinculado de la empresa. Ellos, muy audazmente, no me pagaron mis vacaciones pendientes (más de 21 días), después de decidir mi des­pido me hicieron trabajar igual durante varios días, inclusive feriados, horas extra y horarios nocturnos, pero tampoco me pagaron", dijo.

Después de lo acontecido, el afectado fue hasta el Ministerio del Trabajo a denunciar a la empresa de Aldo Zuccolillo. Según el abogado Daniel Venialgo Ramos, la contraparte no supo demostrar la causa del despido, inclusive solicitó la declaración de la funcio­naria quien supuestamente había remitido la nota con­tra su cliente, pero la misma no se presentó. Desde noviembre del año pasado la causa está pendiente de sentencia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral, de Asunción.

Por otro lado, Carlos Mar­tínez, ex guardia de segu­ridad del Shopping Maris­cal, contó a La Nación que "a mi me pasó algo similar a lo que le hicieron a Gustavo (Ibáñez)". Explicó que su situación se dio en el 2005. "Fue en el año 2005; buscaron de todas las formas posibles para despedirme justificadamente y así lo hicieron, me echaron después de cinco años", subrayó

Martínez relató el duro momento por el que debió atravesar, tras ser despedido del lugar. Contó que como medida de seguri- dad, ante cualquier tipo de procedimiento, ya sea por robos u otros delitos, ellos tenían la orden de cerrar los portones de acceso. En una ocasión, recibió la denuncia de un supuesto secuestro que ocurría en el subsuelo. Él intervino y comunicó a las autoridades correspon- dientes, sin saber que sólo se trataba de un simulacro que realizaban los alumnos de un colegio capitalino. Los chicos contaban con la autorización de los directivos del centro comercial, pero esto no fue comunicado al funcionario que finalmente fue despedido. El mismo modus operandi, bajo la figura de "despido justificado".

"Ocurrió que una señora salió desesperada del sub- suelo y me dijo que había un secuestro abajo. Pero era sólo un simulacro como parte del 'safari' de un colegio. Ellos tenían la autorización de la gente de marketing, pero nadie me comunicó nada, más aun porque yo me encontraba en el portón de acceso. Yo le comuniqué lo que sucedía a mi jefe, pero no me hizo caso. Entonces yo le llamé a la Policía que estaba en ese momento en la esquina del shopping. Ellos ingresaron y se pusieron en ambos portones y detuvieron a los involucrados. Fueron a declarar y resultó que eran hijos de gente de plata y que estaban autorizados a hacer lo que hicieron", manifestó indignado.

Al día siguiente le avisaron que debía firmar una amonestación por supuesta negligencia laboral, pero él se negó y ante esa negativa finalmente lo despidieron. Carlos también acudió a la justicia para cobrar su indemnización. Asegura que al igual que él, son muchos los empleados despedidos en las mismas circunstancias.

Otro caso similar, pero bastante llamativo, es lo que le tocó vivir a Édgar Bracho, ex jefe de mantenimiento del mismo establecimiento. Fue funcionario durante cuatro años, con un salario mensual de US$ 1.000. Había ingresado poco después de que el shopping se haya inaugurado.

Édgar comentó que todo iba bien hasta que hubo un cambio de jefes. Fue allí que las nuevas cabezas decidieron dar más responsabilidades a los empleados del área, pero sin aumentarles el sueldo. Hubo varios reclamos de por medio pero nunca se les dio una solución, hasta que un día él llegó al lugar y le negaron la entrada.

"Yo llegué un día y no me dejaron entrar, no me dieron ninguna explicación; yo regresé a mi casa porque tampoco quería saber nada más de ellos. Después fui al Ministerio del Trabajo. Ellos se presentaron y querían llegar a un acuerdo, pero me quisieron dar unas monedas y no acepté", aseguró.

Cuatro años después, y bajo la intervención de una de sus clientes, quien sería amiga de la asesora jurídica del shop- ping, Édgar logró cobrar la suma de G. 12 millones.

Esta denuncia es una muestra más de cómo los directivos del grupo Zuccolillo buscan desentenderse de sus obligaciones y emplean maniobras para evitar desembolsos de dinero que legalmente corresponden a los trabajadores en situación de despido.

EG es otra de las personas despedidas del Shop- ping Mariscal, pero nos pidió que guardemos su identidad porque su caso se encuentra todavía en pleno juicio. Ingresó en el 2008, pero por cuestiones particulares renunció. A esta persona la llamaron nuevamente y retornó en el 2011, y durante los últimos dos años estuvo en el departamento de Auditoría. Poco después de asumir en el cargo, comenzaron los problemas, aseguró.

"En el 2014 comenzó todo el conflicto, tuve una persecución terrible con uno de los gerentes administrativos. De la nada se tomó conmigo, me amonestaban permanentemente sin razón alguna", dijo.

Una de las últimas amonestaciones, según comenta, es porque uno de los locatarios quien sería amigo personal del director Jorge Mendelzon, se negó en dos ocasiones a entregarle el informe de la venta del mes de su local, argumentando que antes de proporcionar esa información debía tener una reunión con su superior. EG comentó lo sucedido a sus jefes, pero los mismos decidieron amonestarla.

Finalmente, el 16 de julio del 2014 fue despedida por negarse a firmar una nueva amonestación. No recibió ningún pago. El caso fue judicializado. En agosto del año pasado la sentencia salió a su favor, pero la contraparte decidió apelar la resolución.