Ante las masivas denuncias de asegurados privados, que se sienten estafados por los elevados costos de los medicamentos que les suministran y que incluso no tienen forma de comprobar si efectivamente fueron utilizados, el defensor del pueblo, Miguel Ángel Godoy, recomienda presentar ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que regule la venta de medicamentos en sanatorios.

Por Lourdes Pintos

Estafados y desprotegidos. Así se sienten muchos de los asegurados de salud. Un asegurado relató que a un familiar internado le suministraron un medicamento "X" y que si bien le facturaron el costo real, pudo constatar que se trataba de una muestra médica sin costo, gracias al frasco del mismo.

Otra asegurada contó que al recibir el alta, un familiar constató que en la factura le pusieron una caja de guantes por día, indignada, preguntó cuántos guantes traía cada caja. La respuesta fue 50. Más indignada aún, repreguntó si usaron los 50 guantes por día en su paciente, pero ya no tuvo respuesta. Ante ello, se negó a pagar más de una caja y el sanatorio aceptó. Asimismo, pidió los medicamentos que le habían suministrado y también constató que varios de ellos eran de muestra médica y habían sido cobrados.

Al día se suman las denuncias contra los dueños de la salud privada en Paraguay. Estas son recepcionadas por la Secretaría de Defensa del Consumidor, la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo. En esta última se analizaron minuciosamente los reclamos recibidos, en especial, aquellos que hacen referencia a supuestas sobrefacturaciones en los costos de los medicamentos suministrados en el interior de los sanatorios, que por lo general cuentan con farmacias propias y cuyos precios son muy elevados en comparación a los de una farmacia externa.

De acuerdo a las denuncias formales (por escrito) e informales (a través de la fanpage de la institución y demás redes sociales), tampoco se puede comprobar si realmente estos medicamentos fueron suministrados o no al paciente, o en la cantidad que refieren en el sanatorio.

Ante las reiteradas quejas y buscando una posible solución al problema; el defensor del pueblo, Miguel Ángel Godoy, propuso la presentación de un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, que regule el sistema lucrativo con el que actualmente se manejan los sanatorios en cuanto a la utilización de los medicamentos; esto contempla la total transparencia a la hora de facilitar los costos de las medicinas a utilizar y la obligatoriedad de emitir un informe completo al respecto cada 24 horas, para cada paciente y/o familiares del mismo.

"Le recomendé al diputado Enrique Pereira Thalmann la presentación de un proyecto de ley, con la idea de que el usuario internado tenga derecho a comprar medicamentos en una farmacia ajena a la de los hospitales. Queremos que se reivindique ese derecho, porque bajo la figura de un acto administrativo o de un contrato de adhesión, los sanatorios privados imponen que solamente se compren remedios de dichos lugares. Las denuncias que nosotros recibimos es que ellos manejan precios inclusive superiores a los del mercado, entonces, el usuario se ve perjudicado, porque a raíz de ese contrato están obligados a comprar el mismo producto más caro", dijo Godoy al ser consultado sobre qué le llevó a impulsar este proyecto.

En cuanto a los demás puntos recomendados, menciona que los precios de los medicamentos deberán exponerse en un lugar físico cerca de la farmacia del sanatorio, para que el usuario tenga conocimiento de los mismos, como también la presentación diaria de los gastos que va registrando el paciente. El proyecto aún no fue presentado, pero se encuentra en estudio, afirmó Godoy.

La serie de "Los dueños de la salud privada en Paraguay", que hace cuatro días publica La Nación, deja en evidencia la manera en la que operan las prestadoras de salud privada en nuestro país, donde existe un mercado libre y sin ninguna ley o norma que regule y ampare a los usuarios, quienes están a merced de la buena voluntad y honestidad de los seguros médicos que contratan.

Las denuncias por incumplimiento y negativa de cancelación de contrato, mal servicio, cobro indebido de aranceles y sobrefacturación se multiplican, mientas los asegurados no encuentran consuelo ni solución a las mismas.

En este escenario, el propio presidente de la Asociación Paraguaya de Sanatorios Privados, José Zarza, mencionó la necesidad de contar con una ley reguladora de aranceles. Con ella, los asegurados se sentirían un poco más protegidos, en un mercado dominado por grandes grupos empresariales, como el Centro Médico Bautista, Servicios Médicos Migone, Protección Médica SA, Asismed SA (desde el Grupo San Roque aclararon que el Grupo Asismed SA es independiente al mismo) y Santa Clara SA, estos tres últimos también encabezan las licitaciones públicas.

Actualmente, las denuncias son analizadas caso por caso, tanto por la Superintendencia de Salud, ubicada sobre las calles Mariscal Estigarribia 1203 casi Estados Unidos. Se trata de la dirección ejecutiva del Sistema Nacional de Salud, con carácter de organismo técnico de fiscalización obligatoria a las entidades prestadoras de servicios de salud; la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario (Sedeco), ubicada en las calles Capitán Pedro Villamayor y Teniente Teófilo del Puerto; la Defensoría del Pueblo, ubicada en la Avda. Ygatimí 705 esq. Juan E. O'Leary.