Desde hace décadas, la salud privada se convirtió en uno de los negocios más rentables a nivel país, donde grupos empresariales avalados en la inexistencia de una ley reguladora de aranceles compiten por lograr la concentración de la mayor cantidad de "clientes" y así lucrar a gran escala con la salud. La Nación revela cuáles son los cinco grupos con mayor poder del sector, quiénes están detrás de cada uno de ellos y cuáles son las denuncias más frecuentes por parte de los usuarios.

• Por Lourdes Pintos
• lourdes.pintos@gruponacion.com.py

"Si un sanatorio te emite una factura por el pago total de un tratamiento, donde ya se incluye todo lo que cubre el seguro, ¿es correcto que una semana después llamen a decir que uno debe pasar a abonar porque al final el seguro no cubría el servicio utilizado?", esta es la consulta que realizó el asegurado de una conocida empresa prestadora de salud. El hombre agregó que cuenta con todas las documentaciones, incluyendo la factura legal, en las que consta cuáles son los servicios que –supuestamente– deben ser cubiertos por el seguro médico que contrató y cuyo usufructo –creía– había saldado. Sin embargo, resultó ser todo lo contrario.

Pero este no es un caso aislado. Otra cliente de salud contó que decidieron someter a su hijo a una operación y que antes de hacerlo corroboraron la cobertura de su seguro médico, este –supuestamente– debía cubrirle la totalidad del servicio. Una vez finalizada la operación y al recibir el alta médico, se encontró con la sorpresa de que su seguro no le cubría nada. "Tuvimos que rebuscarnos, porque no te dejan ir si no pagás. Aunque me quejé y avisé que iba a demandarles, tuve que abonar", sostuvo la asegurada.

Estos dos ejemplos evidencian el negligente servicio que brindan las prestadoras de salud, donde este tipo de prácticas son comunes según las denuncias de los asegurados, que se preguntan: ¿En manos de quiénes ponemos nuestra salud? ¿Contratar el servicio de estas empresas es lo mejor que podemos hacer? ¿Dónde acudimos ante circunstancias como estas?

En casos como estos se puede recurrir a la Superintendencia de Salud, dependiente del MSPyBS, ubicada en Mariscal Estigarribia 1203 casi Estados Unidos, específi camente al departamento de asesoría jurídica. Esta dependencia fue creada recién en el 2006. Se trata de una dirección técnica del Sistema Nacional de Salud y de cierta manera se encarga de la fi scalización de las entidades prestadoras de este tipo de servicios, pero sus atribuciones son muy limitadas; por ejemplo, la regularización de los costos ya no forma parte de sus funciones.

Este aspecto tan importante queda a merced de las firmas y convierte a la prestación de salud privada en uno de los negocios más rentables para quienes la ofrecen, lamentablemente, esto no siempre se traduce en bienestar para sus clientes, que muchas veces pasan a ser simples "objetos" de lucro.

Si bien existen en el mercado varias legislaciones que regulan la oferta y la demanda en cuanto a los precios de distintos productos y servicios, no existe ninguna ley que regule el costo de los aranceles de consultas y procedimientos médicos para los pacientes de los sanatorios privados. Esto fue confirmado por el presidente de la Asociación Paraguaya de Sanatorios Privados, el doctor José Zarza, quien asegura que están en un "mercado libre", lo que ocasiona, según él, "un déficit que se tiene que tratar de resolver".

Según datos de la dirección de Auditoría Contable de la Superintendencia de Salud, diciembre del 2015 cerró el año con un total de 835.005 asegurados en el sector privado a nivel país, de los cuales 306.523 personas (37% del total) pertenecen a los grupos Protección Médica SA (Promed), Asismed SA, Santa Clara SA, Servicios Médicos Migone SA y Centro Médico Bautista, que cuentan con más de un sanatorio y/o empresas a su cargo, conforme a datos proporcionados por la Superintendencia de Salud y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Estos cinco grupos económicos vienen liderando el "negocio" de la salud privada en Paraguay hace décadas. Ellos compiten a diario para reclutar la mayor cantidad de asegurados y quedarse así con la mayor proporción de ingresos en el sector, valiéndose para ello de innumerables estrategias.

A nivel país, el sector de la salud privada ocupa el 13% de la población; mientras que el sector mixto (IPS), el 23%; y el público absorbe el 64% restante.

Los asegurados también pueden recurrir a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y a la Defensoría del Pueblo.

La Nación acudió hasta la Sedeco para conocer cuáles son las principales denuncias registradas contra estas empresas por parte de los usuarios. En el 2016, la Secretaría de Defensa al Consumidor recibió un total de 1.108.000 denuncias, de las cuales el 4% fue del sector de los seguros médicos.

Conforme a los datos recabados, las aseguradoras y los sanatorios privados que lideran el mercado son los que encabezan las denuncias, entre ellas, por mal servicio, cobro indebido de aranceles e incumplimiento de contratos.

En los últimos dos años se registraron un total de 62 denuncias. En el 2015 recibieron 18 reclamos por cobro indebido de aranceles, mal servicio, negativa de cancelación de contrato, sobrefacturación e incumplimiento de contrato; mientras que en el 2016, la cifra aumentó a 44, por mal servicio (21), cobro indebido de aranceles (18), negativa de cancelación de contrato (4) e incumplimiento de contrato (1).

Es importante mencionar que el consumidor generalmente acude a la secretaría tras agotar las instancias con el proveedor y no obtener ninguna respuesta. Los requisitos para realizar la denuncia correspondiente son la presentación de la cédula de identidad y la factura o el contrato que sirven de aval para formular el descargo.

Este organismo, una vez recibida la queja, analiza minuciosamente los documentos de respaldo del denunciante y de comprobarse la existencia de una irregularidad, busca la manera de lograr una solución para el afectado o finalmente se recurre a una sanción administrativa para la parte denunciada. Desde la secretaría señalaron que no cuentan con casos en los que el afectado haya decidido demandar a la empresa, en cambio afirman que un sanatorio de la ciudad de Fernando de la Mora decidió apelar una resolución emitida por la misma a favor del denunciante.

También la Defensoría del Pueblo recibe este tipo de denuncias e intenta resolverlas.

Dicho esto y a sabiendas de la existencia de una gran cantidad de empresas prestadoras de salud y de sanatorios privados asociados a ellas, así como la inexistencia de leyes reguladoras de aranceles, cabe cuestionarse ¿qué tan seguras son? ¿Están habilitadas para funcionar? ¿Están capacitadas para depositar en ellas nuestra salud?

En la edición de mañana lea cuántos sanatorios están inscriptos en la Superintendencia de Salud y por tanto habilitados para funcionar en el país.

Se fundó el 1 de setiembre de 1980. Es más conocida como "Promed" y hace más de 20 años cuenta con su propio sanatorio, el AMSA. Pertenece al Grupo Daglio, siendo su accionista principal Jorge Luis Daglio. Otras empresas que integran el grupo son Futuro Sistema Prepago para Sepelios yOdontos Servicios Odontológicos Prepago.

Fue constituido en agosto de 1997. Sus principales accionistas son Miguel Ángel Figueredo, titular del club Sol de América, quien ocupa la presidencia; Ricardo y Ramón Doria fungen de directores. El grupo está constituido por los sanatorios La Costa, San Roque y Santa Julia.

Empezó a operar en 1969 con el nombre de Santa Clara SA de Servicios Asistenciales. En 1984 se inauguró el sanatorio que llevó el mismo nombre hasta el 2014, cuando se independizó de la aseguradora y pasó a llamarse Sanatorio Británico.

Propiedad del Grupo Harrison, cuyo director es el actual presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison. También forma parte del grupo el laboratorio La Química Farmacéutica SA, que entre enero y diciembre del 2016 hizo importaciones por valor de US$ 2.876.501. A la vez integran el grupo la gráfica Nobel, la Aseguradora Yacyretá y la cadena de farmacias Farmaoliva.

Está instalado en el país hace más de seis décadas. Se fundó el 9 de diciembre de 1952 por la Convención Bautista del Sur, de los Estados Unidos. En 1994 fue creada su personería jurídica Centro Médico Bautista como asociación civil sin fines de lucro y obtuvo la autonomía financiera y administrativa.

Integran el plantel de directivos José Lezcano, Manuel Céspedes, Fidel Vázquez, Nelson Peralta, Ernesto Simari, Carlos Mura, Pedro Leiva, Jovino Mura,
Guillermo Ocampos, Susana de Benítez, Celmira Bay, Esteban Missena, Susana Casco de Careaga, Estela de Escobar y Betty de Missena. Otras firmas del grupo son El Buen Samaritano SA Medicina Prepaga; Universidad Centro Médico Bautista; Empresa de Servicios Integrales para la Salud SA (Esisa), encargada de servicios gastronómicos y explotación del rubro de electrodomésticos y artículos de librería; y Fundación Centro Médico Bautista.

Fue inaugurado en 1954 por el doctor Luis Santiago Migone, quien falleció en un accidente aéreo en 1969, siendo el sanatorio vendido a un grupo de médicos residentes. En diciembre del 2005 fue adquirido por el Grupo Leoz.

La presidencia es ocupada por Nicolás Leoz, ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y actualmente procesado por el gobierno de los Estados Unidos por supuestos hechos de corrupción; Víctor Andrés Riveiro ocupa la vicepresidencia, la dirección titular es compartida por María Celeste Leoz y Nora Cecilia Leoz.

Las empresas ligadas al grupo son Clínica Villa Morra, Aseguradora del Este, Leoz Propiedades, Bio Export SA, Embratex SRL, SH SA, Floratel, Granular NL, NL Stevia, NL Pharma, entre otras. Esta última (NL Pharma), solo en el 2016 realizó importaciones por un valor total de US$ 245.318.