Los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres y Laura Giacummo realizaron este sábado un allanamiento en un inmueble que figura oficialmente como domicilio fiscal de Pear SRL, firma vinculada a Francisco Peña Palacios, en el marco de las diligencias abiertas en torno al caso Ueno Bank.
Durante el procedimiento, la comitiva fiscal constató de forma preliminar que la empresa ya no operaría en el sitio intervenido, pese a que la dirección continúa registrada como su domicilio fiscal. En el lugar funciona actualmente otro comercio, cuyos responsables entregaron a los intervinientes documentación societaria y comercial vinculada a Pear SRL, incluyendo antecedentes ligados a la compraventa de un inmueble.
La operación bajo la lupa fiscal
La diligencia apunta a esclarecer una transacción inmobiliaria fechada en 2023 entre Pear SRL y la entonces financiera Ueno. Según lo señalado por el exdirectivo de la entidad, Julio Rey Fernández, la firma adquirió en 2023 un predio de 1.184 hectáreas en la zona de María Antonia, departamento de Paraguarí, por un monto cercano a los USD 3 millones.
De acuerdo con la versión expuesta por Rey Fernández, dicha operación habría sido simulada, extremo que el Ministerio Público busca verificar o descartar a partir de la revisión de los legajos incautados y otras pruebas documentales.
Análisis de antecedentes
Los fiscales dispusieron el resguardo y posterior análisis de los papeles entregados durante el operativo para reconstruir el circuito documental y financiero de la compraventa realizada en 2023, así como para establecer su eventual incidencia en los hechos punibles investigados en el expediente.
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Trabajadores del Grupo Vázquez exigen pago de liquidaciones y rechazan administración estatal
Unos 6.000 trabajadores de empresas vinculadas al Grupo Vázquez y de Ueno Bank, un universo que representa a casi 40.000 personas al incluir a sus núcleos familiares, difundieron un pronunciamiento público para exigir el pago urgente de sus liquidaciones y reclamar ser incluidos en los esquemas de respuesta ante la crisis financiera.
En el comunicado, los empleados sostienen que confiaron en las señales de estabilidad transmitidas por las autoridades y los organismos de control, y cuestionan que su situación quede relegada frente a otras medidas estudiadas para mitigar el impacto del caso. “Hoy nuestras familias enfrentan las consecuencias de una crisis que no provocamos y seguimos esperando nuestras liquidaciones”, señalan.
Alcance laboral y rechazo a la estatización
Los firmantes precisaron que el impacto laboral no se limita a firmas tecnológicas, ya que diversas empresas vinculadas al grupo —entre ellas ITTI— concentraban en sus planillas a trabajadores que cumplían tareas directas para la operativa de Ueno Bank bajo otras razones sociales.
Asimismo, el colectivo marcó postura frente a las discusiones sobre el futuro de las firmas del grupo: expresaron que no respaldan un proyecto de ley que plantea que el Estado asuma la administración de las empresas del Grupo Vázquez.
Los pedidos urgentes al Estado
El reclamo fue dirigido a la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central del Paraguay (BCP), el Ministerio de Industria y Comercio y el Congreso Nacional, con dos ejes centrales:
Cobro inmediato de liquidaciones: Reclaman un mecanismo que permita abonar salarios e indemnizaciones pendientes sin aguardar el cierre de remates, ventas o liquidaciones de activos, planteando que esos recursos puedan recuperarse luego con el producido de dichos procesos, sin pedir un subsidio definitivo.
Mesa de trabajo y cronogramas: Exigen información clara, plazos concretos y una instancia formal de diálogo con representantes de los trabajadores que fije fechas y compromisos verificables.
Finalmente, los empleados pidieron que se esclarezcan las responsabilidades institucionales de los órganos de supervisión y advirtieron que no aceptarán quedar al margen de las definiciones que se adopten para resolver el conflicto.
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Fiscalía refuerza pesquisa por denuncias en Mburuvicha Róga durante gobierno de Peña
La Fiscal General del Estado, Alba Cantero, resolvió reforzar la pesquisa por presuntas vulneraciones de derechos denunciadas contra la gestión de Santiago Peña a partir del relato de una extrabajadora de Mburuvicha Róga y su entorno. Por medio de la Resolución n.º 4694/2026, incorporó a Sonia del Carmen Sanguinés Bidondo, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos n.º 2, para actuar junto con Zully Concepción Figueredo Silva, de la Unidad n.º 1, bajo la coordinación de la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal.
Ambas agentes podrán intervenir de forma conjunta, alternada o independiente en el expediente caratulado como “Santiago Peña Palacios y otros s/ a determinar”, ante la magnitud y complejidad de las diligencias previstas. La medida se conoció tras las declaraciones del esposo, el hijo y la hermana de Luz Maribel Candado Romero —quien postergó su audiencia por motivos de salud—, asistidos por el abogado Juan Pablo Mendoza.
El núcleo familiar de Candado denuncia haber atravesado pruebas de polígrafo sin aval legal y reclamos por una supuesta devolución de dinero sin cifra definida, antes de perder sus empleos en lo que califican como una persecución. Según el escrito ingresado hace cerca de un año, el grupo empezó a prestar servicios para la familia de Peña en 2019 y, tras el inicio de su mandato en 2023, pasó a desempeñarse en Mburuvicha Róga, donde ella asumió como coordinadora.
En su testimonio, la exfuncionaria afirmó que halló dos sobres con USD 100.000 cada uno, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y que se los entregó directamente al entonces presidente, quien le habría dicho que los fondos eran suyos y pidió replicar la conducta ante eventuales hallazgos similares.
A raíz de estos hechos, Peña impulsó una causa por supuesto hurto contra Candado, mientras que ella asegura que posteriormente el grupo enfrentó interrogatorios y pruebas de polígrafo a cargo de personal militar, además de la desvinculación laboral y dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.
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Incautan inhibidores y logos de la Senad en allanamiento en Luque por rapto de policías
Este sábado, la Policía Nacional allanó una vivienda en la ciudad de Luque, que se presume sería la base de operaciones del grupo criminal que raptó y desarmó a dos oficiales en Asunción. En el sitio incautaron inhibidores de señal, equipos tácticos y logos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), y se presume que pensaban dar un mega golpe.
El procedimiento se realizó esta mañana por agentes del Departamento de Investigaciones en coordinación con el Ministerio Público, en una vivienda ubicada en el Segundo Barrio de la citada ciudad. Se presume que el inmueble era usado como centro de operaciones de la banda armada que días atrás secuestró y despojó de sus armas a dos efectivos policiales.
En la vivienda los intervinientes encontraron diversas evidencias, como: inhibidores de señal con sus respectivas antenas, radios tipo walkie-talkie nuevos, guantes tácticos, cargadores, cintillos de seguridad y distintivos con la inscripción de la Secretaría Nacional Antidrogas.
“Son evidencias muy importantes para ir orientando nuestra investigación hacia quienes podrían estar detrás de este hecho. Son parches que se colocan por los chalecos tácticos o remeras de la Senad. Es evidente que no tenían la intención de abandonar el lugar después del hecho, pero como el plan fue abortado dejaron estas evidencias”, dijo el comisario Hugo Grance, jefe de Investigaciones de Asunción, en la 1020 AM.
Afirmó que el grupo criminal presumiblemente preparaba un asalto de gran envergadura en el microcentro de la capital, pero la presencia preventiva de la patrullera frustró el atraco en el momento en que los delincuentes se disponían a ejecutarlo y se vieron obligados a reducir a los uniformados para asegurar su escape hacia Luque.
El hecho que motivó el operativo ocurrió en la madrugada del pasado miércoles, sobre las calles República de Colombia casi Tacuary, donde el oficial segundo Cristhian Javier López Aquino y el suboficial ayudante Fabio Almada Candia, ambos de la Comisaría 3.ª Metropolitana, fueron interceptados, desarmados, raptados y abandonados en Luque.
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Inversionista internacional destaca rápida respuesta institucional de Paraguay tras caso Ueno
El director de una firma internacional de inversiones, Joseph Preschel, destacó en una entrevista con La Nación / Nación Media la respuesta institucional de Paraguay ante la reciente crisis de Ueno Bank y señaló que la rapidez de reacción de las autoridades y la continuidad de las actividades económicas transmitieron una señal positiva a los inversionistas. Afirmó que, pese a los errores registrados en el manejo de la entidad financiera, la actuación de las instituciones permitió preservar la confianza en el país.
El ejecutivo explicó que, para los capitales extranjeros, más allá de que puedan producirse dificultades en el sistema financiero, resulta determinante la capacidad de respuesta de las instituciones. En ese sentido, valoró las medidas adoptadas y la rapidez con que se gestionó la situación. “El marco institucional reaccionó, reaccionó rápido y reaccionó positivo”, sostuvo.
Asimismo, consideró que la reacción del Fondo de Garantía de Depósitos, los cambios impulsados en el ámbito gubernamental y la discusión sobre las responsabilidades de quienes incurrieron en una mala gestión contribuyeron a proyectar una imagen favorable de Paraguay en el exterior. Afirmó que la respuesta institucional dejó una percepción positiva del país entre los inversionistas.
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“Seguir invirtiendo”
En cuanto a las perspectivas de negocios, Preschel manifestó que la compañía mantiene el interés de ampliar su presencia en el mercado paraguayo. Explicó que la economía en crecimiento, las operaciones inmobiliarias en dólares, la participación de los bancos en el financiamiento del sector y la seriedad de los contratistas son factores que respaldan su apuesta. “Nosotros tenemos ganas de seguir invirtiendo. Estamos viendo qué pasa en estos días de manera positiva y estamos con ganas de seguir invirtiendo en el país”, afirmó.
Península Investment Group administra fondos de inversión enfocados en el sector inmobiliario y cuenta con presencia en distintos mercados de América Latina, entre ellos Uruguay, Perú, Brasil, Panamá, México y Colombia. Según Preschel, la firma ha participado en más de 180 proyectos en alrededor de 100 ciudades de la región, mientras que su apuesta por Paraguay responde al potencial de crecimiento y a las oportunidades de desarrollo y formalización del mercado de viviendas.
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