Los efectos de la crisis de Ueno Bank podrían extenderse más allá de la entidad financiera y derivar en eventuales acciones legales contra el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Estado, ante una posible falla de supervisión, señaló el economista César Addario. Advirtió que un litigio de estas características podría generar un pasivo contingente y repercutir en las tasas de interés que paga el país en los mercados internacionales.

Durante una entrevista en el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN, el economista explicó que uno de los principales riesgos para Paraguay es que los tenedores de bonos vinculados a la crisis decidan iniciar acciones no solo contra la entidad involucrada, sino también contra los organismos responsables de la supervisión del sistema financiero.

Addario mencionó que existen antecedentes de situaciones similares en Argentina y Venezuela, por lo que consideró necesario anticiparse a posibles escenarios legales. Si bien sostuvo que las reservas internacionales del país se encuentran blindadas, alertó que un litigio podría resultar costoso, generar contingencias para el Estado y terminar afectando el costo del financiamiento externo.

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En paralelo, advirtió que la situación ya tuvo repercusiones en la percepción de riesgo de Paraguay. Según explicó, el mercado castigó los bonos paraguayos y el rendimiento del título de largo plazo superó el 7 %, reflejando una pérdida de confianza entre los inversores.

El economista alertó además sobre el riesgo de que los fondos que actualmente mantienen bonos paraguayos en sus carteras comiencen a desprenderse de estos instrumentos, lo que presionaría todavía más sus precios. En ese sentido, consideró que el Gobierno debe actuar rápidamente y presentar un plan concreto a los tenedores, con explicaciones sobre el manejo de la crisis, las medidas fiscales previstas y el cumplimiento de la regla fiscal en 2028.

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La detección temprana de enfermedades y otras amenazas para la salud pública también comienza en las comunidades. Con esa premisa, la Red Tero Tero continúa extendiendo su alcance en Paraguay y ya capacitó a 210 personas durante 2026, mediante talleres orientados a fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta ante posibles riesgos sanitarios.

La iniciativa llegó recientemente al departamento de Boquerón, donde se desarrolló una jornada presencial sobre Vigilancia Basada en Comunidad (VBC), con la participación de unas 30 personas, entre integrantes de los equipos técnicos de la XVI Región Sanitaria y referentes locales.

La estrategia apunta a que las propias comunidades puedan reconocer señales que representen una posible alerta sanitaria y comunicarlas oportunamente a los servicios de salud. De esta manera, se busca reducir los tiempos de detección y verificación de los eventos, además de mejorar la coordinación para actuar ante situaciones que puedan afectar a la población.

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De las 210 personas capacitadas en todo el país durante este año, 134 corresponden a la región Occidental. El departamento de Presidente Hayes registra 57 participantes, Alto Paraguay cuenta con 47 y Boquerón suma otros 30.

En tanto, en la región Oriental fueron capacitadas 76 personas, distribuidas en partes iguales entre Misiones y Ñeembucú, con 38 participantes en cada departamento.

En Boquerón, las actividades involucraron a trabajadores de establecimientos del primer nivel de atención de Filadelfia, Loma Plata y Mariscal José Félix Estigarribia. Entre los servicios participantes figuran;

• las USF Neuland Cayi o Clim
• Arco Iris
• Filadelfia
• Uj’elhavos
• Núcleo 5
• Villa Boquerón
• Canaán
• y Santa Teresita.

Las autoridades indicaron que las jornadas estuvieron a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas de la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), profesionales de la XVI Región Sanitaria de Boquerón y representantes de otras regiones sanitarias invitadas. También participaron equipos de logística y representantes de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

La capacitación forma parte de una estrategia que busca acercar la vigilancia epidemiológica a los territorios, incorporando a referentes comunitarios como aliados fundamentales para identificar situaciones inusuales y activar los mecanismos de respuesta del sistema sanitario.

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La ciencia también tiene mucho que decir sobre los problemas cotidianos de la salud pública. Desde la prevención de enfermedades hasta el uso de nuevas tecnologías para mejorar los diagnósticos, Paraguay busca respuestas a través de la investigación. En esa línea, el Ministerio de Salud Pública tuvo una participación destacada en el XI Encuentro de Investigadores 2026, donde se expusieron estudios y propuestas orientados a mejorar la atención sanitaria en el país.

El encuentro, dedicado a las Ciencias de la Salud y la Biomedicina, se desarrolló del 3 al 6 de noviembre y fue organizado por la Sociedad Científica del Paraguay. Durante las jornadas, investigadores y profesionales presentaron trabajos sobre problemáticas que requieren respuestas concretas y nuevas estrategias desde el sistema sanitario.

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A través de la Dirección General de Planificación y Evaluación y de la Dirección de Investigación y Estudios Estratégicos, el Ministerio de Salud abordó cuatro grandes áreas de investigación.

Una de ellas fue la salud digital y la gestión de datos, con estudios sobre la protección de información clínica de pacientes oncológicos, en el marco de la Ley 7593/2025, y propuestas para organizar la complejidad de la red nacional de diagnóstico por imágenes.

En el campo de la epidemiología y la vigilancia sanitaria, se presentaron evaluaciones de la estrategia NIRSEPY frente al virus respiratorio sincicial (VRS), trabajos de seguimiento de infecciones respiratorias agudas graves en zonas fronterizas y estudios relacionados con la sífilis durante el embarazo y su transmisión congénita.

También tuvieron espacio las investigaciones vinculadas con las políticas sanitarias y la salud comunitaria. Entre ellas figuran propuestas para fortalecer la Estrategia de Municipios Saludables mediante análisis territoriales, el mapeo de servicios destinados a personas con trastorno del espectro autista (TEA) y el control del cumplimiento del Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

La agenda científica incluyó, además, estudios sobre enfermedades no transmisibles y salud ocupacional. Se analizaron patrones de consumo de medicamentos en personas con diabetes, indicadores tempranos de resistencia a la insulina y los niveles de estrés laboral que afectan al personal sanitario.

La participación en este encuentro pone sobre la mesa un aspecto clave para el futuro de la salud pública: investigar para tomar mejores decisiones. Los resultados científicos permiten identificar necesidades, evaluar estrategias y diseñar políticas sustentadas en evidencias, con el objetivo de lograr servicios de salud más eficientes, accesibles y equitativos para la población.

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La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.

Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.

Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.

“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.

El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.

Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.

Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.

La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.

“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.

El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.

A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.

El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.

En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.

Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.

“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.