Casi 200 países adoptaron en una cumbre de biodiversidad de la ONU en Armenia acuerdos arduamente negociados para intentar frenar la destrucción de la naturaleza de aquí a 2030.

Los delegados celebraron entre vítores la aprobación de los textos, tras prolongarse las negociaciones más allá del plazo previsto y después de dos semanas de tensas conversaciones en la conferencia COP17, celebrada en Ereván, la capital armenia.

“Y eso es todo. Perfecto”, dijo el presidente de la COP17, Hambardzum Matevosyan, en la apertura de la sesión final nocturna mientras hacía sonar el mazo sobre los documentos, cuyas versiones finales no estaban disponibles de inmediato.

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Más tarde, el entusiasmo inicial dio paso a debates en ocasiones acalorados, compromisos logrados tras numerosas idas y venidas y avances limitados en ciertos temas. La COP17 concluyó alrededor de las 10:20 locales (6:20 GMT), cuando muchos representantes ya se habían ido para tomar sus vuelos.

El mundo adoptó en 2022 un pacto histórico que fija ambiciosos objetivos para frenar la pérdida de biodiversidad antes de 2030. Pero, antes de la cumbre, la ONU advirtió de que los países no lograrían alcanzar las metas a menos que rectificaran urgentemente el rumbo.

La mayoría de los objetivos van camino de incumplirse, incluidos los compromisos de proteger el 30 % de la superficie terrestre y de los océanos del planeta, combatir la contaminación y proporcionar a los países más pobres una financiación más amplia para la conservación.

Un borrador de texto de la COP17 publicado anteriormente instaba a los países a “acelerar” los esfuerzos para mantener vivo el pacto y subrayaba que se necesitaba “más acción” para abordar las causas profundas de la pérdida de naturaleza.

El documento ponía de relieve las discrepancias que lastraron las conversaciones y proponía varias opciones para alcanzar el objetivo de 2030. Durante las negociaciones, los países se enzarzaron en discusiones sobre la reforma de las subvenciones y otros incentivos que fomentan actividades perjudiciales para la naturaleza, como la producción de combustibles fósiles, la agricultura intensiva y la sobrepesca.

Otra disputa giró en torno a la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para costear los esfuerzos de conservación en todo el planeta. Ese es un tema espinoso en un contexto de presupuestos públicos tensionados por la crisis energética y los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

Para restaurar ecosistemas degradados, salvar especies en peligro y conservar bosques, humedales y otros hábitats naturales esenciales, el planeta necesita unos 700.000 millones de dólares adicionales al año. La Unión Europea encabezó los esfuerzos para que grandes economías emergentes, como China, contribuyeran a financiar la conservación mundial, un asunto polémico en la COP17.

“Los avances que no logramos obtener aquí son otras tantas oportunidades perdidas para acelerar nuestra respuesta a la pérdida de biodiversidad”, escribió la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, en un comunicado enviado a la AFP.

Los esfuerzos por financiar el llamado Fondo Cali —un mecanismo para que las empresas que usan datos genéticos de plantas y otros organismos para desarrollar medicamentos o cosméticos compartan ganancias con los países de donde provienen esos recursos— también han resultado complicados.

El fondo se fijó el objetivo de recaudar mil millones de dólares al año para la conservación en países en desarrollo cuando se puso en marcha a principios de 2025. Hasta ahora solo ha conseguido recaudar unos 10.000 dólares. Esta COP17 también ha estado marcada por fuertes tensiones en torno a las bases científicas que orientan la política mundial de protección de la naturaleza, ya que varios países han sido acusados de intentar debilitarlas.

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Esto ocurre poco después de los intentos de países dependientes de los combustibles fósiles de retrasar la publicación de los informes del IPCC, el panel de expertos de la ONU sobre el cambio climático. “En algunos de estos temas más difíciles, no se podía esperar obtener compromisos firmes”, destacó Astrid Schomaker, responsable de biodiversidad de la ONU, durante una rueda de prensa al término de la COP.

Sin embargo, los negociadores lograron cosas “absolutamente notables en un momento en que se supone que el multilateralismo no funciona”, subrayó. Ereván, los representantes de los Estados también decidieron que Ecuador será la sede de la próxima COP sobre biodiversidad en 2028.

Fuente: AFP

Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este viernes que ministros de la máxima instancia judicial se reunieron con una delegación del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT), en el marco de la visita oficial que el organismo internacional desarrolla en Paraguay del 25 de octubre al 3 de noviembre de 2026.

El encuentro formó parte de una serie de reuniones con representantes de los distintos poderes del Estado, orientadas a fortalecer el diálogo y la cooperación en materia de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con la prevención de la tortura y las condiciones de las personas privadas de libertad.

Las autoridades judiciales recordaron que el Subcomité de la ONU es un órgano integrado por 25 expertos independientes, creado en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), vigente desde 2006 y aprobado por Paraguay mediante la Ley N.º 2754/2005.

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Su mandato incluye:

• la visita a establecimientos donde permanecen personas privadas de libertad
• la elaboración de recomendaciones para los Estados
• la asistencia a los mecanismos nacionales encargados de prevenir la tortura
• la cooperación con otras instituciones que trabajan en esta área.

Las actuaciones del organismo se rigen por los principios de confidencialidad, imparcialidad y cooperación con los Estados, con un enfoque preventivo destinado a contribuir a la protección de los derechos fundamentales.

Esta es la tercera visita oficial del Subcomité a Paraguay. Las anteriores se realizaron en marzo de 2009, con una visita periódica, y en septiembre de 2010, durante una misión de seguimiento.

La reunión contó con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera; y la ministra Carolina Llanes, integrantes de la Sala Penal.

Por la máxima instancia judicial también estuvieron presentes la directora de Derechos Humanos, Nury Montiel, y la coordinadora del Área de Sistemas Internacionales de Protección, Marian Mujica.

La delegación internacional estuvo compuesta por:

• Marco Fabricio Feoli Villalobos, de Costa Rica
• Marie Sorensen Brasholt, de Dinamarca
• María del Carmen Comas-Mata Mira, de España
• Juan Pablo Vegas Torres, de Perú
• Claudia De La Fuente Barreda, secretaria del SPT
• y Virginia Vasiliou Thompson, oficial asociada de Derechos Humanos.

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El Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT) inició su agenda de trabajo en Paraguay con una reunión con autoridades y representantes del Poder Ejecutivo. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Cancillería Nacional y estuvo presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún.

La visita se enmarca en las visitas periódicas programadas y en las funciones establecidas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), aprobado por Ley N.º 2754/2005. Es la tercera vez que visita el país después de 16 años, de la última vez que fue en el 2010.

Esta visita se extenderá hasta el próximo martes 3 de noviembre y durante los próximos días, los integrantes del Subcomité seguirán manteniendo reuniones con autoridades nacionales y visitarán lugares de privación de libertad, con el objetivo de evaluar las condiciones de detención y verificar el respeto de las garantías y los derechos de las personas privadas de libertad.

En virtud del Protocolo Facultativo, el SPT tiene como fin hacer seguimiento del estado de los lugares que se encuentren bajo su normativa a fin de examinar las condiciones físicas, sanitarias y legales en las que se encuentran.

La verificación de los centros de reclusión se realizará con el objetivo de constatar el estado de las cárceles y otros lugares de detención y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en la última visita de 2010.

De acuerdo al comunicado, el SPT señaló que retorna al país con el objetivo de “evaluar las medidas tomadas por las autoridades para reforzar las salvaguardas contra la tortura” y para examinar su impacto en la protección de las personas detenidas.

Además, la delegación mantendrán reuniones con las autoridades paraguayas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y otros actores para evaluar los avances logrados en la prevención de la tortura a través de medidas legislativas, políticas y administrativas y de otro tipo.

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Una delegación de expertos del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) inició ayer su tercera visita oficial a Paraguay, la cual se extenderá hasta el próximo 3 de noviembre. El objetivo principal de la misión internacional es evaluar las condiciones de detención, verificar el respeto de las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad y constatar el cumplimiento de las recomendaciones que el organismo multilateral había formulado al Estado paraguayo durante su última inspección en 2010.

La comitiva internacional, que arribó al país para desarrollar una intensa agenda de actividades, mantendrá reuniones con altas autoridades nacionales, referentes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y organizaciones de la sociedad civil. Las labores se encuadran estrictamente en las funciones dispuestas por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), instrumento internacional aprobado e incorporado a la legislación paraguaya mediante la Ley n.º 2754/2005.

Durante los diez días de trabajo en territorio nacional, los comisionados internacionales cuentan con el pleno acceso a recintos de encierro bajo la jurisdicción del Estado, incluyendo penales, comisaría, centros educativos de menores y hospitales psiquiátricos. La comitiva está facultada para realizar visitas sin previo aviso y llevar a cabo entrevistas confidenciales con los internos y con los funcionarios de los establecimientos, a fin de examinar de manera directa las condiciones físicas, sanitarias y legales en las que se encuentran los reclusos.

Respecto al propósito de la misión, el jefe de la delegación del SPT, Marco Feoli Villalobos, destacó que la presencia de la ONU en el país constituye una oportunidad estratégica para fortalecer las salvaguardas legales en el sistema penitenciario. “Nuestro objetivo es contribuir a un esfuerzo compartido para prevenir la tortura y proteger los derechos de las personas privadas de su libertad en entornos tan diversos como hospitales psiquiátricos, centros estatales de detención juvenil e instituciones penales”, remarcó el vocero internacional.

Por su parte, la presidenta del estamento de las Naciones Unidas, María Luisa Romero, subrayó la relevancia de mantener la vigilancia independiente en la región pese a los desafíos presupuestarios globales. “A través de nuestras visitas y la interacción directa con los Estados, ayudamos a fortalecer las medidas de protección contra la tortura y a traducir la prevención en acciones concretas”, puntualizó la alta representante del organismo multilateral.

Tras la culminación de los recorridos por los diferentes establecimientos del país, el SPT elaborará un informe final de carácter confidencial con observaciones y recomendaciones que será remitido formalmente al Gobierno paraguayo. Las autoridades locales evaluarán la eventual publicación del documento, tal como ocurrió de manera transparente tras las inspecciones previas desarrolladas por el organismo en los años 2009 y 2010.