El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anuló más de 100 matrículas de docentes por irregularidades en el marco de la investigación de títulos falsos.

“Esto es el resultado de una denuncia que hicimos hace tiempo. La investigación sigue, esto es solo el inicio”, resaltó este viernes el ministro Luis Ramírez, en diálogo con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En ese sentido, recordó que meses atrás el MEC realizó una denuncia a la Fiscalía con un primer grupo de más de 500 títulos con presunción irregular y luego, otro paquete de poco más de 300. Asimismo, la cartera de Educación solicitó la intervención de la Contraloría para cruzar más datos.

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Por otro lado, el titular del MEC se refirió a anomalías en el sistema de Registro de Títulos, donde llegaron a detectar 550 ingresos irregulares. “De alguna manera, eran personas que tenían la clave para acceder al sistema y poder entrar a subir y bajar títulos sin que tengamos conocimiento”, expresó Ramírez.

Esta irregularidad fue frenada por la institución generando actualmente un retraso en la emisión de títulos porque al no tener el sistema lo están haciendo de manera manual, explicó el ministro.

“Tomamos medidas y acciones como tener la mayor cantidad de personas sumariadas en este tema y estamos en la investigación, seguimos y esto es apenas el principio”, acotó Ramírez.

Los primeros resultados concretos fueron presentados ayer, informando que a 108 profesionales de la educación se les retiró la matrícula. “Les hemos anulado el registro de sus títulos y pertenecen al sector privado”, precisó.

Asimismo, 12 docentes de la función pública están siendo sumariados porque “con sus títulos apócrifos o irregulares consiguieron una matrícula”, apuntó. Y otros 4 que no consiguieron su título de matrícula originales y “con sus títulos de maestría o doctorado consiguieron mejoras salariales, pero sus títulos no corresponden”. De manera, que también están sumariados.

En total, serían 16 personas del sector público por ahora y 108 del sector privado. Y la cantidad de títulos irregulares se podría duplicar porque “se van dando todo tipo de irregularidades”, puntualizó.

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Trabajadores que realizan el servicio de delivery reaccionaron contra una pareja que presuntamente se dedica a estafar a los clientes haciéndose pasar por falsos repartidores.

El incidente ocurrió en una estación de servicio de Ciudad del Este, donde los afectados estuvieron a punto de linchar a golpe de puños al hombre y a la mujer, quienes fueron acusados de quedarse con la comida de los clientes.

De acuerdo con los denunciantes, los sospechosos se dedican supuestamente a crear cuentas falsas en las plataformas, luego retiran los pedidos de los restaurantes y posteriormente, avisan a los clientes que hubo problemas con el local y que el pedido fue cancelado.

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De esa manera, se quedan con los alimentos solicitados por los clientes, dejando malparados a los trabajadores reales. Esta modalidad habría sido implementada desde hace tres meses, por lo que decidieron encarar a los estafadores.

En ese sentido, los trabajadores con mayor antigüedad en el rubro advirtieron a los falsos repartidores, pero los mismos reaccionaron de manera violenta. Ante esta situación, un grupo de trabajadores abordó a la pareja el fin de semana generándose una pelea campal en plena vía pública.

Asimismo, dieron aviso a los encargados de la plataforma, pero hasta el momento, el problema sigue sin ser solucionado.

Mencionaron que uno de los estafadores sería un antiguo trabajador que fue dado de baja y luego abrió una cuenta con otro nombre para seguir trabajando, aunque de manera ilegal. Inclusive, están armados, refirieron los denunciantes. De continuar el inconveniente, acudirán a las autoridades correspondientes.

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El fiscal Silvio Corbeta indicó que se elevaron a juicio dos de las causas que lleva sobre cerca de cincuenta denuncias de irregularidades en la administración de Miguel Prieto en la intendencia de Ciudad del Este, mientras otras causas están en proceso de investigación.

“Nosotros tenemos varias causas, tenemos actualmente dos causas ya elevadas a juicio oral, que es el caso de Tía Chela y el caso Tajy, tenemos la tercera causa con próximo requerimiento conclusivo que se relaciona al hospital de contingencia, tenemos en investigación la causa de la costanera y también del presunto cohecho, y otras causas más relativas a la administración”, indicó este viernes el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, en el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Detalló que otras unidades también llevan otras causas, en total son 49 denuncias por irregularidades en su gestión. “Tenemos el caso de la Navidad Sustentable del año 2024, y hay otras causas que están en el otro equipo de trabajo designado por la Fiscalía General, también de la unidad de Delitos Económicos, y el resto de las causas tengo entendido que están en Ciudad del Este”, refirió.

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El agente fiscal defendió el trabajo de investigación que vienen realizando en todos los casos denunciados, y aseguró que en los casos que corresponden se llevaron adelante el proceso de investigación y en aquellos que no se cuentan con elementos suficientes fueron desestimados, rechazando el discurso de persecución contra Prieto.

“Nosotros hemos solicitado la desestimación de en tres investigaciones y justamente, si nosotros faltáramos a la objetividad, que constantemente se utiliza como argumento defensivo, nosotros no íbamos a estar solicitando estas desestimaciones que consideramos que no existen elementos suficientes”, aseveró.

Aseguró que los fiscales están llevando adelante un trabajo serio, desmontando los ataques de la defensa. “En unos casos si, y en otros casos no existen elementos o conductas penalmente relevantes, eso refleja justamente que nosotros somos agentes fiscales que nos basamos estrictamente en lo jurídico y no en circunstancias externas que constantemente somos objetos de ataque, principalmente sobre mi persona”, sentenció.

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El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, ratificó que una de las irregularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Miguel Prieto fue el uso discrecional y excesivo de transferencias para el pago de contrataciones. Indicó que en la administración del líder de YoCreo se realizaban contrataciones directas, sin control y sin pasar por el proceso de contrataciones.

“Las denuncias de Ciudad del Este fueron porque usaban discrecionalmente el uso de transferencias, pagaban sin ningún tipo de proceso de concurso de precio. Todas (las denuncias) se basaron, y que fueron confirmadas luego en la intervención, en ese uso excesivo del rubro de transferencia”, refirió el titular del ente contralor en la 1020 AM.

Benítez explicó que para evitar este tipo de situaciones existen normas que un administrador público debe cumplir, que es el proceso de licitaciones, estos procesos evitan que el dinero público sea mal utilizado o el desvío de los fondos públicos.

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“Si vos tenés que gastar, te doy dinero que tenés que gastar y te doy una norma de cómo gastar eso, tenés que hacer una licitación pública, tenés que publicar, la gente tiene que presentar ofertas, se hace una metodología, hay menos riesgos de que te quedes con el dinero, pero si agarrás el efectivo y repartís como querés es mucho más posible que parte de ese dinero que vos te quedes como si fuera tuyo”, refirió Benítez.

En mayo del 2025, la Contraloría General de la República emitió un informe sobre la detección de irregularidades en la administración de Miguel Prieto y pidió la intervención de la municipalidad esteña. Entre las escandalosas infracciones denunciadas se encuentran las compras de alimentos con contrataciones por urgencia y los hallazgos en el caso de clínica móvil sindicada como “mau”, en plena pandemia del covid. También la transferencia a una ONG para la organización de una “Navidad sustentable” por valor de G. 2.000 millones sin las documentaciones regidas por las normas de la administración pública.

El informe realizado en ese momento señaló que “el municipio de Ciudad del Este ejecutó G. 27.933.370.178 en gastos de capital, predominantemente vía Transferencias al Sector Privado. Al utilizar este mecanismo para financiar lo que constituían obras públicas, incumplió directamente la Ley n.° 3966/10 Orgánica Municipal y eludió los procedimientos de contratación pública exigidos. “Esta práctica irregular introduce riesgos sustanciales de ineficiencia, menoscaba gravemente la transparencia y debilita los mecanismos de control sobre los recursos municipales”, puntualizaba la Contraloría.

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