Una mujer denunció que compró un mueble a crédito por G. 3.906.000, pero terminó pagando G. 8.060.000 tras recibir presuntas amenazas y exigencias de dinero por parte de un supuesto abogado de la firma comercial.
El caso involucra al local Torres Comercial, que fue allanado por la Fiscalía, según informó Universo 970/Nación Media.
Según la denuncia, un hombre que se habría presentado como abogado la intimidaba con publicaciones en redes sociales y amenazas relacionadas con el colegio de su hija.
Durante una entrega vigilada, la mujer entregó G. 5.828.000, dinero que posteriormente fue recuperado por los intervinientes.
La Fiscalía incautó celulares y documentos para la investigación, mientras que una mujer fue detenida por presunta agresión a la fiscala y a un policía. Además, se emitió una orden de detención contra el hombre denunciado.
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Fiscalía abrió nueva causa por lavado a directivos de Atlas
El Ministerio Público consideró pertinente abrir un nuevo expediente penal para investigar varias operaciones.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ordenó la apertura de una nueva investigación penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar y otros relacionados con la constitución de fideicomisos y operaciones sobre bienes inmuebles que salpican al Banco Atlas.
La investigación surge de antecedentes detectados en una causa por lavado de dinero vinculada al caso Conmebol, en el cual están imputados el presidente de la entidad bancaria, Zaldívar, y otros directivos.
La medida fue adoptada mediante la Resolución F.G.E. n.º 4067, del 19 de octubre de 2026. Para intervenir en la nueva investigación, fueron designados los fiscales Christian Benítez Cáceres y Luz Guerrero Moral, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Según los antecedentes, los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Verónica Valdez comunicaron la existencia de hechos que podrían constituir conductas punibles distintas de las investigadas en el expediente original.
Asimismo, la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín informó sobre indicios de posibles operaciones vinculadas al lavado de activos, específicamente relacionadas con fideicomisos y transacciones sobre bienes inmuebles.
La resolución señala que, aunque podrían existir aspectos comunes con la investigación inicial, los hechos identificados serían diferentes de los que forman parte de aquella causa. Por ese motivo, el Ministerio Público consideró pertinente abrir un nuevo expediente penal para investigar las operaciones señaladas.
FUNDAMENTOS DE LA APERTURA
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), explicó que el Ministerio Público, a través de su área de Delitos Económicos, recopiló información en el marco de una causa en la que ya se formuló acusación y que actualmente sigue en curso.
Según indicó, los datos recabados estaban relacionados con aspectos que no eran objeto de investigación en ese procedimiento, en referencia a la apertura de una nueva causa contra Miguel Saldívar, directivo del banco Atlas, por presunto lavado de dinero.
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Cámara debe estudiar y rechazar chicana de abogado imputado por coacción y otros
Se integró el Tribunal de Apelación de Central que estudiará la chicana presentada por el abogado Fernando René Marecos Gamarra, imputado por coacción y usurpación de funciones públicas.
Al profesional se le acusa de participar, sin tener poder legal, en un procedimiento judicial realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Los camaristas Fabriziano Villalba, Alicia Orrego y Gustavo Bóveda conforman el colegiado que tendrá que resolver el planteamiento dilatorio del imputado.
En este caso, se inhibieron previamente los camaristas María Teresa González de Daniel —debido a que su esposo, Arturo Daniel, asumió la defensa del procesado—, Lourdes Cardozo y Dionicio Nicolás Frutos, quienes se apartaron por su relación de amistad con el empresario Juan José Zapag.
Los nuevos camaristas deberán destrabar el proceso penal y confirmar la admisión del acta de imputación resuelta por el juez de garantías Nelson Romero.
El magistrado consideró en su resolución que la imputación reunía todos los requisitos legales para su admisión y que la providencia recurrida por la defensa se dictó conforme al artículo 303 del Código Procesal Penal.
Romero ya había fijado el 8 de octubre para la audiencia de imposición de medidas cautelares, la cual se suspendió a raíz de la “chicana2 planteada por Marecos Gamarra.
La imputación
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de setiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial irregular que disponía un cambio temporal en la administración de la firma.
La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento. En dicha diligencia estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron, quien hoy se encuentra acusada por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo, el acta fiscal señala que Marecos participó en la diligencia como supuesto representante de la parte demandante, a pesar de que no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. Además, de forma prepotente y unilateral, decidió destituir a funcionarios de la empresa Cargo Line de manera totalmente irregular. El denunciante del caso es el actual administrador judicial de la firma, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauzó juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.
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Ministerio de Trabajo abre concurso para cubrir 17 vacancias con salarios de hasta G. 6 millones
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), anunció una nueva convocatoria mediante concurso público de ingreso de empleados públicos (CPIEP) a fin de cubrir 17 vacancias en distintas áreas técnicas y profesionales, con remuneraciones que van desde G. 3.500.000 hasta G. 6.000.000. El periodo de postulación estará habilitado del 21 al 27 de octubre del 2026.
La convocatoria contempla oportunidades laborales en Asunción como así también en el Departamento de Boquerón y Presidente Hayes, además puestos vinculados a la fiscalización y la orientación laboral. Según informó la institución, el llamado busca fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la atención de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Entre los cargos disponibles se encuentra el de economista laboral junior, con una vacancia y una remuneración de G. 6.000.000. También habilitaron 10 puestos para profesionales de fiscalización junior con un salario de G. 5.000.000 cada uno.
En el área jurídica, se ofrecerá un puesto de abogado laboralista junior para la capital, con un salario de G. 4.800.000, y otros dos para Boquerón y Presidente Hayes, con un salario de G. 4.500.000. La lista incluye además, un profesional orientador social laboral, un fotógrafo y un asistente de control normativo laboral internacional.
Estos últimos cargos contarán con remuneraciones de G. 4.500.000, G. 4.500.000 y G. 3.500.000, respectivamente. Todos los puestos contemplan un vínculo mediante contrato temporal, conforme a las condiciones establecidas para el concurso.
Las personas interesadas podrán consultar los requisitos, las condiciones de participación y las distintas etapas del proceso a través del portal oficial Paraguay Concursa, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en https://paraguayconcursa.mef.gov.py. La institución recomienda utilizar este canal para acceder a la información oficial y realizar el seguimiento de la convocatoria durante el periodo establecido.
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Corte presentó denuncia en Fiscalía tras amenaza de ataque en Palacio de Justicia
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público tras detectar un correo electrónico masivo de carácter intimidatorio remitido a su Secretaría General. El mensaje advertía sobre supuestos atentados contra el personal y la infraestructura del Palacio de Justicia en Asunción, expandiendo las alertas hacia otros estamentos del Estado.
Como respuesta inmediata, la jefatura de seguridad del Poder Judicial ordenó un estricto control de acceso y revisiones minuciosas en todas las sedes con el fin de garantizar la vida de magistrados, abogados litigantes y usuarios civiles.
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Suspensión en la comunidad universitaria
El mismo correo anónimo afectó de manera paralela a las casillas institucionales del rectorado y múltiples facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En el texto, presuntos grupos extremistas de internet amenazaban con perpetrar un tiroteo y detonar artefactos explosivos en una facultad sorpresa. Ante la gravedad de la advertencia, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (CEDUNA) instó a la evacuación preventiva del campus. Posteriormente, las autoridades universitarias suspendieron formalmente todas las actividades presenciales para salvaguardar a la comunidad educativa.
Investigación policial
Especialistas del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, intervinieron para realizar la trazabilidad del correo. Las primeras pericias arrojaron que el emisor utilizó plataformas de anonimato internacional y rebote de nodos para ocultar su dirección IP.
Asimismo, la Policía emitió una alerta debido a que el mensaje incluía un enlace malicioso diseñado para vulnerar los dispositivos de quienes intentaran abrirlo. Agentes de los departamentos de Inteligencia y Antiterrorismo, junto con canes especialistas, inspeccionaron minuciosamente los predios y descartaron la presencia física de explosivos en el campus, calificando la situación en desarrollo bajo un perfil de alta volatilidad digital.