El histórico Ayuntamiento de Limoges, un edificio que forma parte de la historia y la identidad de una ciudad quedó reducido a una estructura devastada por las llamas. La estructura sufrió un incendio de grandes proporciones durante los disturbios que sacuden al país y terminó con el derrumbe de buena parte de su construcción, en una escena que evidencia la dimensión de los daños.

El inmueble, construido en 1876, tiene un importante valor arquitectónico y simbólico para Limoges. Durante casi 150 años, sus muros fueron testigos de la evolución de la ciudad y de numerosas actividades vinculadas con la administración municipal y la vida pública. Su deterioro representa, por tanto, mucho más que la destrucción de una edificación: supone un golpe al patrimonio histórico y a la memoria colectiva de sus habitantes.

Las imágenes del siniestro muestran a los bomberos desplegando esfuerzos para contener las llamas, mientras el fuego avanzaba por distintos sectores del edificio. Pese a las tareas de emergencia, la intensidad del incendio terminó debilitando la estructura, que horas después comenzó a ceder.

Uno de los momentos más impactantes fue el desplome del campanario, seguido por el colapso de otras partes de la construcción. Las escenas reflejan la fuerza destructiva del fuego y la dificultad de preservar un inmueble histórico cuando las llamas comprometen sus principales elementos estructurales.

El incendio se produjo en medio de los disturbios protagonizados por manifestantes en Francia. La destrucción del ayuntamiento dejó una imagen devastadora y abrió interrogantes sobre las consecuencias de la violencia en espacios que pertenecen al conjunto de la ciudadanía.

Aunque la magnitud definitiva de los daños deberá establecerse mediante evaluaciones técnicas, la pérdida de gran parte de un edificio de estas características plantea un enorme desafío para la conservación del patrimonio. Reconstruir sus muros podría ser posible, pero recuperar íntegramente su autenticidad histórica y los testimonios materiales acumulados durante generaciones sería una tarea mucho más compleja.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó que las fuerzas de seguridad francesas detuvieron este sábado a 1.200 personas durante las protestas masivas contra el encarecimiento de la vida en todo el país, que terminaron con disturbios y dejaron 150 policías y gendarmes heridos.

Los Guardianes de la Revolución, la poderosa fuerza militar de Irán, afirmaron este sábado que dos petroleros se incendiaron tras chocar contra minas en el estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto entre Teherán y Washington.

Irán reclama el control de esta estratégica vía marítima, por la que transitaba una quinta parte de los hidrocarburos del mundo antes de la guerra iniciada a finales de febrero con ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán. Además, ataca regularmente a los buques que se aventuran a cruzar el estrecho sin su autorización.

Cada vez más petroleros atravesaban el estrecho para salir del golfo bajo escolta estadounidense, pero los ataques se intensificaron nuevamente en los últimos días.

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Según los analistas, Irán busca demostrar que mantiene intacta su capacidad para perturbar el tráfico marítimo.

“Un superpetrolero infractor que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo e intentaba cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz chocó contra una mina, lo que provocó una explosión y un incendio de gran magnitud”, indicaron inicialmente los Guardianes en un comunicado, sin precisar el lugar exacto de los hechos.

Más tarde, anunciaron que “un segundo superpetrolero infractor quedó envuelto en un incendio de gran magnitud tras chocar contra una mina”. Añadieron que también transportaba más de dos millones de barriles de crudo.

No se informó el origen de la carga ni las banderas de los buques.

El estrecho de Ormuz, limitado al norte por las costas iraníes y al sur por el sultanato de Omán, tiene unos 30 kilómetros de ancho en su punto más estrecho.

Desde que las fuerzas iraníes bloquearon esta vía marítima, numerosos buques intentan atravesarla sin autorización de Teherán, navegando cerca de las costas omaníes.

Irán considera que estos barcos infringen las normas y amenaza regularmente con tomar represalias.

El sábado, varias agencias de vigilancia marítima también informaron que dos petroleros habían sido atacados el día anterior en aguas del golfo, frente a las costas saudíes.

Teherán invoca razones de seguridad y soberanía para reclamar el control del estrecho.

Fuente: AFP

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Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.

Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.

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La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.

De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.

En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:

• Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
• Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
• Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.

La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.

El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.

El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.

Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.

La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.

Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.

Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.

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Las inundaciones también afectan a pobladores de Canindeyú, donde la jornada nubosa continúa este jueves con predicción de más lluvias para el transcurso del día. La inestabilidad climática ahonda aún más la crisis en algunos puntos del departamento en relación a los damnificados que van sumando.

“No tenemos crecida de río, pero sí se han desbordado algunos arroyos en las últimas horas y el lugar más afectado es el asentamiento Kuruguá, distrito de Curuguaty, barrio San Isidro”, informó el corresponsal Juan Alcaraz, en el programa Arriba Hoy de canal GEN y Universo 970AM.

En el sitio se contabilizaron 74 familias afectadas y alrededor de 50 casas están totalmente bajo el agua. “A pesar de esa situación, las familias siguen en el lugar. No han salido por temor a perder sus casas”, explicó.

Los afectados reportan que han perdido varias pertenencias, entre electrodomésticos, enseres, prendas, muebles, inclusive vehículos. “Y siguen esperando que, en la medida de las posibilidades, hoy llegue un equipo de la SEN para asistir a los damnificados”, refirió el hombre de prensa.

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Asimismo, mencionó que estiman alrededor de 80 familias afectadas por inundaciones en todo el departamento por crecida de arroyos, especialmente en Curuguaty y Yasy Cañy y en sectores de Ybyrarobaná, según reporte de lugareños.

Desde ayer (miércoles) comenzaron a llegar algunas ayudas de fundaciones y de grupos solidarios. Los vecinos precisan chapas, carpas, alimentos; también asistencia sanitaria, especialmente para los más pequeños que habitan en el asentamiento Kurugua.

“Yo calculo que el 50% de los vecinos está bajo el agua. Es impresionante la cantidad de agua que entró; a algunos se les mojó toda su comodidad, y el temporal llevó el techo de algunas casas”, señaló Nicolás Capdevila, dirigente vecinal.

Resaltó que la mayoría son familias de escasos recursos y añadió que necesitan de manera urgente alimentos, pero también materiales para reparar sus viviendas.

“Ayer (miércoles), el grupo de concejales electos de Curuguaty llegó con alimentos para la comunidad y también la Fundación Félix Eduardo de la ciudad de La Paloma llegó con víveres para repartir a esta comunidad que sigue bajo agua y espera la asistencia por parte del Estado”, apuntó Alcaraz.

Por su parte, la Municipalidad de Curuguaty ofreció el polideportivo Curuguay; la seccional colorada puso a disposición sus instalaciones para que las familias puedan resguardarse de las inclemencias del tiempo.

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