Un nuevo dato surgió en el marco de la búsqueda de Aldo Alexis Duarte, de 26 años, principal sospechoso del feminicidio de Deysi Paola Giménez Segovia. Según la información preliminar recibida, el vehículo que habría utilizado el sospechoso se encuentra en su vivienda, por lo que se maneja la hipótesis de que el hombre podría estar atrincherado en el interior del inmueble.
Hasta el momento, no existe confirmación pública de que Duarte se encuentre efectivamente dentro de la propiedad. Tampoco se ha confirmado su detención. La Policía Nacional había emitido una orden de captura contra el sospechoso, quien es buscado por el asesinato de su expareja, ocurrido la noche del jueves 8 de octubre en Lambaré.
Los agentes aguardan la orden de allanamiento para ingresar a la vivienda y corroborar si el sospechoso se encuentra o no en la misma.
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Feminicidio
Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos a su expareja. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
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Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
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Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
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¿Es momento de revisar las leyes?
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.
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Feminicidio en Lambaré: joven de 22 años es acribillada y buscan a su expareja
Un nuevo caso de feminicidio vuelve a conmocionar este viernes tras el asesinato de Daysi Paola Giménez, de 22 años, quien fue atacada a balazos en la vía pública mientras se dirigía a su puesto de trabajo en un minimarket de Lambaré. El principal sospechoso del crimen es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien se encuentra con paradero desconocido y ya contaba con denuncias previas por violencia intrafamiliar.
El cobarde ataque ocurrió cerca de las 22:40 de anoche en la intersección de las calles Ybyra Pyta y Diego García. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que un automóvil blanco le cerró el paso a la joven. Un hombre descendió del rodado y comenzó a perseguirla a los tiros mientras ella intentaba desesperadamente huir y pedía auxilio a gritos.
La víctima cayó al pavimento malherida y el agresor la remató a quemarropa tras percatarse de que aún presentaba signos de vida. Según el reporte de los peritos de Criminalística, el cuerpo de la joven presentó dos impactos de bala en la cabeza y un proyectil adicional a la altura del brazo.
Investigaciones policiales confirmaron que la víctima ya había formalizado una denuncia contra Duarte por hechos de agresión. Ambos habían mantenido una relación de convivencia en la ciudad de Capiatá, pero tras la separación, el hombre comenzó a hostigarla y amenazarla sistemáticamente al no aceptar el fin del vínculo, desenlace que trágicamente derivó en este mortal atentado.
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Crimen en Eusebio Ayala: Fiscalía descarta motivo pasional y cambia carátula a homicidio doloso agravado
La Fiscalía descartó que el crimen registrado en Eusebio Ayala tenga un trasfondo pasional y cambió la carátula de feminicidio a homicidio doloso agravado, confirmó este miércoles la fiscal Norma Salinas en diálogo con medios locales.
Afirmó que la gresca generada durante la fiesta habría desencadenado la posterior “venganza” de los autores. Mencionó que dos hombres ya están imputados y solo falta dar con un involucrado.
De momento, los nombres han sido revelados, pero ambos ya cuentan con orden de captura. Hay un tercer involucrado cuya identidad aún no pudo ser averiguada. “Es la persona que baja del vehículo (al momento del choque). Es la persona que nos falta identificar todavía”, refirió la representante del Ministerio Público.
Los imputados por el crimen de Rebeca son: Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo (28) y Junior Ramón Delvalle Almeida (30), alias “El Polaco”. Son buscados por la Policía y serán investigados por homicidio doloso agravado.Hay un tercer involucrado cuya identidad aún no pudo ser averiguada, según informó la Fiscalía.
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Añadió que, conforme a los avances investigativos y los datos que se fueron recogiendo, descartaron la hipótesis inicial de motivo pasional. “Cambiamos de feminicidio a homicidio doloso agravado, por la forma en que las ejecutaron”, indicó la profesional de justicia a NPY.
En ese contexto, descartó la relación sentimental de ninguna de las dos mujeres con los victimarios y mencionó que los mismos habrían actuado en una especie de desquite a raíz de una pelea registrada durante la jineteada.
“El móvil fue la gresca. Aunque no es justificativo para quitarle la vida a alguien, entendemos que este tipo de pelea no queda de balde”, manifestó la agente fiscal.
Destacó que, mediante el trabajo minucioso del Ministerio Público, lograron identificar a dos de los sospechosos. “Nos falta una identificación. Pero para nosotros es sustancial decir que hemos identificado a las personas”, precisó Salinas.
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Abogado paraguayo confirma condena para autor de feminicidio contra una compatriota en Madrid
El jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid emitió un veredicto condenatorio contra Augusto Marcelino (60), ciudadano dominicano que confesó haber asesinado a su expareja, la paraguaya Diana (29), el 30 de diciembre de 2024 en el distrito de Usera. La acusación particular, liderada por el abogado paraguayo Stephan Jorgensen, logró la declaración de culpabilidad del procesado, quien enfrenta una expectativa de pena de hasta 26 años de cárcel por asesinato y quebrantamiento de la orden de alejamiento.
Al salir de la sede judicial tras ser convocado de urgencia, el profesional paraguayo confirmó el éxito de la primera etapa del juicio. “Acabo de salir del juzgado porque nos llamaron in extremis para leernos el veredicto del jurado; hemos ganado la parte penal”, manifestó Jorgensen. Aunque la condena privativa de libertad ya está firme en el pronunciamiento de la culpabilidad, el tribunal deberá formalizar en los próximos días la sentencia definitiva que establecerá los años exactos de prisión y la prohibición de acercamiento.
En el ámbito civil, la resolución incluirá severas indemnizaciones económicas destinadas a los deudos de la víctima. Se prevé que el fallo obligue al condenado a resarcir con 350.000 euros al hijo de Diana y con 85.000 euros a cada uno de sus padres. Jorgensen aclaró que, una vez notificada la sentencia redactada por los magistrados, la representación legal de la familia iniciará de inmediato las acciones y gestiones correspondientes para hacer efectivo el cobro del resarcimiento.
Paralelamente, la defensa impulsará una demanda de responsabilidad patrimonial contra las instituciones españolas por fallas graves en el sistema de protección. Pese a que Diana había presentado tres denuncias previas por malos tratos y contaba con una orden de alejamiento catalogada de “riesgo extremo” por el Ministerio del Interior, el crimen terminó consumándose. Ante esta vulnerabilidad institucional, la acusación sostendrá que el Estado no brindó las garantías ni los medios de resguardo requeridos para salvar su vida.
El letrado definió esta nueva fase como un “segundo round” estratégico que busca sentar un precedente sobre la tutela judicial efectiva para la comunidad migrante. Jorgensen, quien se formó profesionalmente en España y ejerce en Madrid, destacó la trascendencia del litigio al señalar que es una de las primeras ocasiones en que un profesional paraguayo encabeza una acusación de tanto impacto mediático e institucional dentro del sistema de justicia de ese país.
La resolución representa un avance crucial para los familiares de la compatriota, quienes buscan justicia integral tanto por la vía penal como a través de la reparación de daños. Para la diáspora paraguaya en Europa, el proceso expone la urgencia de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad ante la violencia de género, al tiempo que marca un hito en la representación jurídica de la comunidad en el extranjero.