- Ciudad del Este. Agencia regional
La supuesta disposición irregular de efluentes cloacales en un establecimiento del Km 12 Monday, de Ciudad del Este, motivó el inicio de una investigación a cargo de la fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales N.º 2 de Alto Paraná.
El representante legal de la empresa Electrotecnia Duarte S.A., fue imputado por incumplimiento de obligaciones de mitigación ambiental y por el procesamiento ilícito de desechos.
Según el relato fiscal, el investigado es responsable del proyecto “Servicio de Recolección de Efluentes en Camiones Atmosféricos y Disposición en Estanques”, dedicado a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos cloacales residenciales y comerciales.
La planta funciona en una propiedad identificada como Finca N.º 12.452 y Padrón N.º 9.264, ubicada a unos 6.000 metros de la Ruta PY02, municipio de Ciudad del Este.
El proceso comenzó tras un informe enviado por la Subcomisaría N.º 14 del barrio Norma Luisa de Minga Guazú, sobre el constante ingreso de camiones con cargas de desagües cloacales y residuos provenientes de la limpieza de pozos ciegos.
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De acuerdo al escrito de imputación, los desechos se vertían en la planta sin el cumplimiento de las medidas de mitigación, ni los criterios técnicos establecidos, generando un impacto negativo en el entorno. Vecinos de la zona vienen reclamando sobre la situación de insalubridad en la que sobreviven.
Agrega la Fiscalía que las cuatro piletas (a campo abierto) previstas para el tratamiento de los desechos no se encuentran en las condiciones exigidas por la licencia ambiental.
Asimismo, la Fiscalía señala que la irregularidad habría estado generando olores nauseabundos en la zona rural, principalmente durante los días de lluvia y calor, afectando la calidad de vida de los pobladores. Como elementos de sospecha, la representación fiscal cuenta con la nota policial, fotografías del lugar y la resolución ambiental.
La fiscal Ocampos solicitó al Juzgado de Garantías la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva y cuatro meses de plazo para concluir la investigación. Además, solicitará la suspensión de la licencia ambiental de la empresa.
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