El Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha una revisión integral de los contratos de arrendamiento de su patrimonio inmobiliario, luego de que auditorías internas revelaran cánones irrisorios en terrenos del Chaco. Los hallazgos muestran alquileres de apenas G. 627 y G. 675 por hectárea al mes, lo que representa una rentabilidad promedio cercana al 1 % anual, un rendimiento sumamente distante de las cifras de mercado.
El presidente de la previsional, Dr. Derlis León, señaló que el proceso abarcará la verificación de la vigencia de los acuerdos, el sustento jurídico y las tasaciones originales, considerando que varios de estos compromisos fueron firmados hace más de 20 o 30 años. “Lo primero que tenemos que observar en este caso es si son contratos vigentes”, afirmó la autoridad, al confirmar que los antecedentes ya fueron elevados a la Dirección Jurídica para definir las acciones legales a seguir.
Como parte de la estrategia para optimizar los recursos institucionales, la administración analiza la posibilidad de subastar públicamente aquellos inmuebles que no generen un retorno adecuado. La medida se respalda en la legislación aprobada en 2023 que autoriza la enajenación de propiedades de la previsional, normativa que actualmente se encuentra en plena fase de reglamentación para su aplicación efectiva.
León contextualizó que gran parte de estos activos ingresó al patrimonio del IPS en escenarios económicos complejos del pasado, como la crisis financiera e inmobiliaria de la década de 1990. Por ello, argumentó que los valores actuales y la utilidad de cada terreno serán analizados de manera individual para tomar decisiones de venta o renegociación adaptadas al mercado actual.
Esta reestructuración patrimonial cobra relevancia ante la delicada coyuntura financiera que atraviesa la entidad previsional. El titular del IPS advirtió que el Fondo de Salud arrastra un déficit operativo cercano a los USD 12 millones mensuales, mientras que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones requiere de reformas estructurales urgentes para garantizar su sostenibilidad financiera en las próximas décadas.