La familia de Renato Rojas Talavera (2), fallecido en agosto de 2019 en un sanatorio privado por una presunta negligencia médica, decidió pronunciarse luego de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la absolución de la médica Laura Sena.
En una carta publicada por la abuela del niño, expresan su dolor ante el desenlace judicial y cuestionan algunas afirmaciones realizadas durante el juicio acerca de la salud del niño, entre ellas que padecía una cardiopatía incompatible con la vida, que no sostenía la cabeza o que podía presentar un síndrome.
“¿En qué evidencia se sustentaron esas conclusiones?”, plantea la familia, que sostiene que algunas de las personas que realizaron esas afirmaciones no habrían atendido ni examinado personalmente al niño.
Como respaldo de sus interrogantes, menciona opiniones de cardiólogos pediátricos, un informe pericial dirigido al Ministerio Público y antecedentes de profesionales que realizaron el seguimiento de Renato, entre ellos su cardióloga René Swaco, la doctora Leticia Gutiérrez y su pediatra, el doctor Antonio Arbo.
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Señalan que las evaluaciones médicas con las que cuenta describen hallazgos cardíacos que no correspondían a cuadros severos o que requirieran procedimientos a corto plazo, mientras que un informe pericial de noviembre de 2020 sostuvo que existió retardo en la atención del niño.
A partir de estos antecedentes, la familia plantea cómo una eventual condición cardíaca de extrema gravedad podría no haber sido advertida previamente durante los controles médicos de Renato.
“No pretendemos saber más que los médicos. Pero creemos que ningún título, cargo o prestigio profesional puede estar por encima de la evidencia. Toda afirmación sobre la salud de un niño debe poder demostrarse”, expresa Carmen Romero, abuela de Renato.
La familia aclara que, con el proceso judicial concluido, estos cuestionamientos no constituyen un pedido de revisión del fallo, sino la expresión de los interrogantes que mantiene sobre lo ocurrido y su intención de preservar la memoria del niño.
“No buscamos venganza”, señala la carta. Y resume el pedido de la abuela en una de sus frases centrales: “No miren solamente el expediente. Miren al niño. Miren a Renato”.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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Cartes y su familia recorrieron las instalaciones de Cecon en Concepción
El expresidente de la República y titular de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, realizó este lunes una visita a las instalaciones de Cementos Concepción (Cecon), acompañado de su familia. Durante la jornada, recorrieron la planta industrial, compartieron con los funcionarios y escucharon las experiencias de quienes forman parte de las actividades de la empresa.
Este recorrido les permitió observar de cerca el funcionamiento de las instalaciones y mantener un encuentro cercano con los trabajadores, conocer sus vivencias y escuchar sus apreciaciones sobre el trabajo que realizan diariamente. La presencia de Horacio Cartes y su familia en Cecon se desarrolló en el marco de una visita a las instalaciones de la compañía, donde el componente humano se sumó al recorrido por las distintas áreas de la planta.
“Disfrutando de la visita después de tanto tiempo, visitando el lugar donde llegó el proyecto más deseado, más soñado en toda nuestra vida, nada más y nada menos que Cecon, la planta número uno del país hoy. Gracias al enorme trabajo que hicieron todos los compañeros, hicieron posible un sueño que hoy es un beneficio para todo el Paraguay, para muchos paraguayos y realmente no estacionamos acá, vamos por mucho más”, señaló Cartes, mediante un audiovisual.
Una industria moderna
La planta industrial de Cecon está ubicada en el distrito de San Lázaro, departamento de Concepción, y constituye uno de los emprendimientos industriales del norte del país impulsado por la familia Cartes. Nació en el 2019 con el objetivo de instalar una planta de producción de cemento y derivados, mediante la incorporación de tecnología y el desarrollo de infraestructura para abastecer al mercado nacional.
Cabe señalar que la operación de Cecon comprende distintas unidades de negocio, entre ellas la producción de cemento, cal agrícola y hormigón elaborado, además de contar con infraestructura portuaria propia. Estas instalaciones forman parte de una apuesta industrial orientada a responder a las necesidades de los sectores de la construcción y agrícola.
La empresa cementera destaca entre sus objetivos la generación de empleo, la capacitación de mano de obra local y el acompañamiento a las comunidades de su zona de influencia, particularmente en el departamento de Concepción; teniendo en cuenta que más del 80 % de los trabajadores son justamente oriundos del primer departamento. Esta industria es considerada como una de las de mayor envergadura en los últimos años en el país.
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Buscan a Gordon, perro de 10 años que fue llevado de su casa mientras esperaba a sus dueños
Este jueves, la familia de Gordon recordó que siguen buscando a su amado perro que fue llevado por un hombre de la vereda de su vivienda, mientras esperaba a sus dueños, en la ciudad de Luque. El animal de la raza pastor alemán tiene 10 años y requiere de un tratamiento especial por una grave enfermedad que lo aqueja.
Según Larissa Bogado, dueña de perro, Gordon se encuentra con paradero desconocido desde el pasado 19 de setiembre, luego de que fuera llevado de frente a su casa ubicada en inmediaciones de la plaza Trébol, en el barrio Isla Bogado. Todo quedó grabado de imágenes de cámaras de seguridad de la zona.
“Este automóvil de color plateado lo estuvo siguiendo por media cuadra a mi perro y este hombre que es desconocido lo llamaba constantemente. Luego paró su rodado y el conductor descendió, le abrió la puerta trasera, creemos que Gordon pensó que lo iba a llevar a bañar, porque ese método usa la veterinaria”, expresó la mujer, en NPY.
Afirmó que pese a ser un perro muy grande, siempre es bueno con la gente y especialmente con los niños. “Él es muy manso con todas las personas. El que lo llevó es totalmente extraño, apelamos a la solidaridad de las personas para que puedan identificar a este automóvil y nos brinden detalles o ubicación”, refirió.
Aseguró que su perro tienen 10 años y que hace más de un año lastimosamente fue diagnosticado con leptospirosis, una terrible infección que afecta el hígado y los riñones, por lo que requiere que su tratamiento sea aplicado lo más rápido posible para su salud no se deteriore.
Las personas que tengan alguna información de Gordon puede llamar al 0981 608 125 o al 0961 944 667. “Es parte de nuestra familia, está enfermo y necesita urgente de su tratamiento y tememos por su vida”, puntualizó.
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Defensa de Óscar Boidanich solicitó ratificar su absolución
La defensa del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, solicitó al Tribunal de Apelación ratificar íntegramente su absolución de culpa y pena. Boidanich había sido juzgado por el supuesto delito de frustración de la persecución penal en el caso del empresario Dario Messer. Los abogados defensores, Claudio Lovera y César Alfonso, contestaron la apelación presentada por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer, quienes habían recurrido ante el tribunal de alzada la determinación adoptada inicialmente por un Tribunal de Sentencia.
La defensa de Boidanich sostiene que la decisión de primera instancia debe ser confirmada porque nunca se configuró el delito de frustración de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomisados en nuestro país y a eso se le agrega que dicho fallo ya está firme en la Corte.
Del mismo modo, la defensa de Boidanich sostiene que el Ministerio Público pretende de manera irregular que la Cámara de Apelación revalore pruebas testimoniales y documentales, algo prohibido por la norma y más en segunda instancia.
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Absolución de culpa
Un Tribunal de Sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible. Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresario fue imputado y sus activos fueron incautados.
Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces evidenciaron que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación para perjudicar al Boidanich.
Durante el juicio oral, funcionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspondiente. Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.
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