La jueza Lici Sánchez fijó para el mediodía de este martes 8 de setiembre la audiencia de imposición de medidas para el fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capello, de 42 años, quien se presentó ayer alrededor de las 10:45 en compañía de sus abogados ante la Comisaría 4.ª de Lambaré, donde fue detenido, tras dictarse orden de su captura en la imputación por presunto abuso sexual en niños con discapacidad.
“Se apersonó hasta la oficina de guardia poniéndose a disposición. Al verificar su cédula de identidad, nos salta que el mismo cuenta con dos órdenes de detención, una de la Unidad Fiscal y otra del Juzgado Penal”, comentó la comisaria Alicia Fernández a NPY. Entre las supuestas víctimas del acusado se hallan tres menores de 10, 7 y 5 años, de acuerdo a la denuncia presentada ante la Fiscalía.
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Sobre el acusado pesaban dos órdenes vigentes: una detención dictada por el Ministerio Público a fines de julio y una declaración de rebeldía emitida la semana pasada por el Juzgado Penal de Garantías. El 4 de septiembre, el Juzgado Penal de Garantías n.° 5 había resuelto no hacer lugar a la impugnación presentada por su defensa, confirmó la rebeldía y orden de captura en contra del hombre de 42 años.
Los presuntos abusos habrían ocurrido dentro de una clínica privada de Asunción durante sesiones de rehabilitación, aprovechándose de la indefensión de sus víctimas. A la par, desde el Ministerio de Salud confirmaron que la clínica donde prestaba servicios fue verificada y que los responsables iniciaron los trámites para desvincular al profesional de la institución.
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Ferias de la agricultura familiar reúnen a cinco organizaciones en Central
Las familias productoras del departamento Central ofrecen hoy viernes una variedad de productos frescos del campo en las ferias de la Agricultura Familiar instaladas en San Lorenzo y Lambaré. La iniciativa busca fortalecer la comercialización directa, generar ingresos para los pequeños productores y acercar alimentos a precios diferenciados a los consumidores.
Las jornadas se desarrollan desde las 7:00 hasta agotar stock, en la explanada de la Dirección de Educación Agraria, ubicada en el kilómetro 10 de la ruta PY02, frente al Centro Antirrábico Nacional, en San Lorenzo y en el hall central del Shopping Century Plaza de Lambaré. En total, participan cinco organizaciones productivas que representan a unas 100 familias del departamento.
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La propuesta contempla una amplia variedad de alimentos provenientes de las fincas familiares, entre ellos queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, carne de cabra y oveja, gallina casera, pato, huevos, choclo y harina de maíz. También se encuentran disponibles legumbres, miel de abeja, maní, almidón, tomate, pimiento, mandioca, batata, frutas de estación y granos, además de artesanías, plantas y flores.
Estas actividades son impulsadas por el Gobierno, a través de las dependencias técnicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el objetivo de facilitar la venta sin intermediarios. De esta manera, los productores pueden acceder a mejores condiciones de comercialización, mientras que los compradores tienen la posibilidad de adquirir alimentos directamente de quienes los producen.
Las ferias forman parte de las 10 jornadas de comercialización de la agricultura familiar desarrolladas durante esta semana. La estrategia apunta a promover la soberanía alimentaria, dinamizar la economía local y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades rurales, mediante espacios que conectan la producción nacional con los consumidores.
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Plantean hasta 20 años de cárcel para quienes alteren la identidad biológica de niños
Un grupo de senadores acudió este miércoles a la Plaza de Armas para recepcionar la iniciativa popular que propone hasta 20 años de cárcel para los adultos que interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.
El proyecto denominado “La ideología de género es abuso infantil” ya tuvo entrada oficial y fue girado a la Comisión de Legislación de la Cámara para su dictamen correspondiente. El mismo es impulsado por sectores conservadores y religiosos.
Los impulsores buscan modificar el artículo 135 de la ley 6002&/17 que modifica la ley 1160/97 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la ley 3440/08 que modifica varias disposiciones de la ley 1160/97del Código Penal.
El documento en su artículo 135, inciso A, referente al abuso sexual en niños detalla en su artículo 1 que “el que realizara actos sexuales con un niño, o lo indujera a realizarlo en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de cuatro a quince años. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él, o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros.
En su artículo 2 menciona que en los casos señalados en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de diez a quince años cuando el autor al realizar el hecho haya maltratado físicamente a la víctima, haya abusado de la víctima en diversas ocasiones; o haya cometido el hecho con un niño que sea su hijo biológico, adoptivo o hijastro, o con un niño o niña cuya educación o tutela o guarda este a su cargo.
Agrega que cuando concurra más de una circunstancia de las señaladas en el inciso 2, el autor será castigado con pena privativa de libertad de quince a veinte años. En los casos señalados en el inciso 1, la pena privativa de libertad no será menor de 15 años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima. En caso de que la víctima sea menor de diez años, la pena no será menor de veinte años. Menciona que se entenderá por niño, a los efectos de este capítulo, la persona que no haya cumplido catorce años de edad.
En su artículo 135, inciso b referente al abuso por medios tecnológicos, el proyecto de ley argumenta que “el que por medio de publicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, solicite o exija de cualquier modo a un niño o niña que realice actos sexuales o que le envíe imágenes de sí misma con contenido sexual, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años. Será castigada también la tentativa”.
Mientras que en su artículo 135, inciso C hace referencia al abuso bajo otras formas el cual expresa que “el que elaborara, distribuyera, comercializara, promocionara, difundiera, publicara materiales impresos o realizara actos que pudieran interferir, alterar o dañar la percepción natural del niño acerca de la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica, será castigado con pena privativa de libertad ah de cuatro a diez años”.
Si el hecho fuere cometido por un funcionario público o autoridad electa, será castigado con pena privativa de libertad de diez a quince años. En el caso señalado en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de 15 a 20 años cuando el funcionario o autoridad haya autorizado o aprobado tales materiales o actos.
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El músico Pablo Benegas volverá a la cárcel tras denuncias de acoso a una mujer
Un Tribunal de Sentencia ordenó que el cantautor Pablo Benegas regrese a la cárcel para seguir cumpliendo su condena de 12 años de prisión, tras ser hallado culpable de abuso sexual en niños. Esta decisión se tomó luego de que fuera denunciado por el presunto acoso de una mujer.
El condenado gozaba de arresto domiciliario con tobillera electrónica. Según los antecedentes, Benegas habría hostigado de manera insistente a la víctima, quien incluso recurrió a un Juzgado de Paz para obtener medidas de protección. Esta situación fue considerada por los magistrados para disponer su reclusión inmediata.
Aunque el músico había accedido al arresto domiciliario por motivos de salud, actualmente deberá volver a ser recluido en una penitenciaría a la espera de una nueva disposición sobre las medidas que pesan en su contra. La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Lourdes Garcete, Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado, quienes lo habían condenado tras considerar probado en el juicio oral que abusó sexualmente de una niña de 11 años en situación de vulnerabilidad.
El hecho por el cual recibió la pena ocurrió en noviembre de 2023. La sentencia de 12 años, ratificada en segunda instancia, aún no se encuentra firme debido a que está bajo estudio en la Corte Suprema de Justicia.
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Feminicidio de Deisy: Corte convoca a jueza de Paz por presuntas negligencias
El pleno de la Corte Suprema de Justicia convocó para la próxima semana a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Mariana Fariña, para que comparezca ante los altos magistrados en el marco de la investigación sobre las actuaciones judiciales previas al feminicidio de la joven Deisy Paola Giménez, ocurrido días atrás en Lambaré. La convocatoria se produce tras detectarse presuntas demoras y falta de diligenciamiento de las medidas de protección que la joven había solicitado antes de ser asesinada.
Igualmente, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, presentó los primeros resultados de la auditoría de reacción inmediata sobre el caso de Deisy Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio el 8 de octubre en Lambaré. Según el informe, pasaron ocho días hábiles entre la recepción de la denuncia por incumplimiento de la orden de alejamiento y la audiencia de ratificación. Ante esta situación, la Corte resolvió convocar a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Fariña, para que comparezca y brinde detalles sobre su actuación.
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La magistrada comunicó a la Fiscalía el supuesto desacato de Aldo Alexis Duarte Moreira, expareja de la víctima, el 7 de octubre, un día antes del crimen. Sin embargo, Jiménez Rolón advirtió que no existen constancias de que se haya diligenciado el oficio mediante el cual el juzgado debía comunicar formalmente al Ministerio Público el incumplimiento de la medida de protección.
El ministro explicó que Deisy presentó la denuncia el 18 de septiembre y que la jueza de turno, Natalia Molas, dictó ese mismo día la medida de protección y la orden de alejamiento contra Duarte Moreira. Por cuestiones de territorialidad, el expediente pasó al Juzgado de Paz de Lambaré, que recibió la documentación el 21 de septiembre. Posteriormente, durante la audiencia, Deisy ratificó su denuncia e informó que su expareja había incumplido la orden judicial. El 7 de octubre, Fariña notificó el hecho a la Fiscalía para que investigara el presunto desacato, pero no se encontró constancia de que el oficio haya sido efectivamente diligenciado.
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