De cara al estudio del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2027, docentes exigen mejoras salariales en base a acuerdos ya establecidos y advierten con medidas de fuerza en caso de no ser cumplidos.
“Las organizaciones estamos en conversación de emplazar hasta setiembre y si no hay acuerdo llegaríamos a movilizaciones”, señaló este martes Gabriel Espínola, secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación Auténtica (OTEP-A), en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Explicó que en conversación con autoridades y gremios de Educación se acordó la posibilidad de un ajuste salarial en dos etapas en consideración de que al sector privado se le otorgó 5 % en base al mínimo legal.
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“Los que tengan ingresos mayores como en el caso del magisterio y otros estamentos no tendrían esto, sino el ajuste interanual del 2,4 %. Entonces, nosotros estamos planteando este monto del 5 % sea incluido, además agregar un ajuste del 3 % a partir del mes de agosto del 2027 para completar el 8 %”, puntualizó.
Mencionó que un ajuste de escalafón fue acordado con autoridades de este gobierno en agosto de 2023 y añadió que no se tuvo en cuenta la nivelación o ajuste salarial en el sector educativo y “los acuerdos están para ser cumplidos”, expresó.
Otros elementos son la deuda con el IPS de parte de la patronal, y un rubro para educación inclusiva. “Hoy, no tenemos escuela especial; eso quiere decir que tiene que estar integrado en un aula y no tenemos el acompañamiento de un especialista, lo que hace que el desempeño del docente se vea dificultoso de manera integral”, indicó.
En ese contexto, mencionó que aún está en discusión entre Salud Pública y Educación si estos especialistas deben ser parte del plantel de Salud o de Educación.
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Miles de docentes y estudiantes marchan en Argentina contra recortes de Milei a universidades
Miles de estudiantes y docentes argentinos marchan este jueves en Buenos Aires y otras ciudades del país para reclamar que el gobierno de Javier Milei cumpla una ley que actualiza el financiamiento en las universidades públicas.
La manifestación llega luego de numerosas jornadas de paro, protestas dentro de las universidades y fallos judiciales que conminan al Ejecutivo a cumplir la llamada Ley de Financiamiento Universitario.
La norma implica la actualización salarial por inflación a docentes desde diciembre de 2023, la recomposición de becas estudiantiles y de fondos para el funcionamiento de las universidades.
Los recursos universitarios registraron una caída del 40,5% en términos reales si se compara el primer semestre de este año contra el de 2023, según un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional de la Universidad de Buenos Aires.
Pasado el mediodía, miles de personas se concentraban cerca del Congreso en Buenos Aires con banderas de centros de estudiantes y sindicatos docentes con inscripciones como “Milei cumplí la ley” o “La universidad pública es un derecho no un privilegio”.
“Estamos reclamando que nos paguen lo que nos deben”, dijo a la AFP Francisca Staiti, secretaria general del gremio docente Conadu Histórica.
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La dirigente aseguró que las restricciones presupuestarias se reflejan en el “pluriempleo o la renuncia a los cargos” docentes.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025, fue vetada por Milei y luego ratificada por el Parlamento en octubre del año pasado. Sin embargo, el Ejecutivo nunca la aplicó.
Desde entonces, distintas decisiones judiciales, entre las que se cuenta un fallo en junio de la Corte Suprema, obligan al gobierno a cumplir con el pago.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo el martes que “no es cierto que no se esté cumpliendo con esa ley” sino que la ley “está interrumpida” mientras el Gobierno recurre a la justicia.
El Ejecutivo plantea además que la legislación no contempla con qué fondos financiarla.
Esta es la quinta marcha federal universitaria desde el inicio de la presidencia de Milei en diciembre de 2023. Desde su llegada al poder dispuso aumentos en las partidas, pero las universidades los consideran insuficientes.
La marcha universitaria fue acompañada por partidos políticos opositores, sindicatos, organizaciones sociales, sindicales y jubilados.
Los grupos también convocaron a movilizarse al Congreso para exigir la derogación de un megadecreto de Milei que, entre otras cosas, elimina la restricción a la venta de tierras rurales a extranjeros.
- Fuente: AFP
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Jubilados rechazan reajuste del 2 % proyectado por el IPS y exigen un mínimo de 5,5 % para 2027
Este jueves, la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay se declaró en estado de alerta ante las proyecciones económicas para el próximo año y rechaza rotundamente el incremento del 2 % propuesto por la previsional. Los jubilados entregaron un estudio técnico solicitando que el reajuste sea un 5,5 % desde enero del 2027.
Elvio Brun, portavoz de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, explicó porque rechazan la proyección oficial de reajuste del 2 % para los haberes del 2027 y entre las justificaciones indicó que está totalmente alejada de la inflación real.
“Estamos totalmente en desacuerdo con ese ajuste del 2 %. El IPC es un índice para inversionistas, para mostrar una supuesta estabilidad económica, pero está muy alejado de la realidad del supermercado. La inflación real está en un 20 %”, agregó Brun, en entrevista con La Nación/Nación Media.
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La semana pasada el gremio entregó un estudio técnico al doctor Derlis León solicitando que el reajuste de los haberes que sean justos para los jubilados. Aclaró que la Carta Orgánica del IPS faculta al Consejo a otorgar un aumento que tome como base el IPC, pero sumándole un porcentaje adicional adaptado al costo de vida real.
Ante este rechazo las autoridades del IPS propusieron convocar a una mesa técnica para evaluar los estudios económicos de los jubilados, el gremio exige que las reuniones inicien esta misma semana. “Nos habían fijado una primera fecha el jueves pasado que se suspendió, lo cual nos dejó preocupados”, resaltó.
Aseguró que los tiempos administrativos urgen, ya que el impacto debe verse reflejado en las liquidaciones del primer mes del próximo año. “Estamos esperando e insistiendo para que se realice esa mesa técnica cuanto antes, porque no se va a resolver en una sola reunión. Van a tener que ser varias reuniones para determinar eso”, puntualizó.
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CSJ y Fiscalía General exponen sus necesidades presupuestarias para 2027
La Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de estudiar el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, recibió ayer lunes, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quienes expusieron las principales prioridades y necesidades presupuestarias de ambas instituciones.
En primer término, Martínez Simón presentó la propuesta presupuestaria de la institución, que establece como meta incrementar en un 5 % la resolución de causas ingresadas a nivel nacional, con el propósito de contribuir a reducir la congestión judicial.
Asimismo, destacó la integración del Registro Unificado Nacional (RUN), en el marco de la Ley N.º 7424/2025, y la necesidad de dar continuidad a la implementación tecnológica y financiera de este sistema, orientado a fortalecer la gestión registral y avanzar en el proceso de transformación digital.
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La propuesta presupuestaria de la CSJ asciende a G. 2.444.386.000.000, equivalentes a aproximadamente USD 428,4 millones. Los recursos se destinarán a servicios personales y no personales, bienes de consumo e insumos, inversión física, servicio de la deuda, transferencias, gastos judiciales y otros conceptos.
En comparación con el presupuesto vigente, la propuesta representa un incremento del 19 %, equivalente a G. 397.642 millones
Ministerio Público
Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó la propuesta presupuestaria del Ministerio Público, estructurada en torno a ejes estratégicos vinculados con la eficacia y eficiencia de la gestión institucional, así como con el control de calidad de la gestión fiscal.
Entre los objetivos expuestos, mencionó el fortalecimiento del sistema de gestión fiscal, la promoción de una atención inclusiva y de calidad, y la mitigación de riesgos que puedan afectar el desempeño de la institución.
También señaló la necesidad de ampliar la cobertura de las unidades fiscales penales en los distintos departamentos del país. Según lo expuesto, la cantidad actual de fiscales permitiría cubrir únicamente las necesidades de las agencias de Asunción, Central, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa.
La propuesta del Ministerio Público asciende a G. 1.286.764.270.960 y contempla el financiamiento con recursos del Tesoro y recursos propios. Entre los principales requerimientos figuran la creación de nuevos cargos para el área misional, el apoyo técnico a la gestión fiscal y las áreas de administración financiera y apoyo.
En cuanto a la inversión física, se prevén la adquisición de vehículos, la modernización del laboratorio forense, la ejecución de obras institucionales, la compra de equipos informáticos, la renovación de chalecos antibalas y la adquisición de software especializado, muebles y útiles de oficina.
La Comisión Bicameral de Presupuesto es presidida por la diputada Cristina Villalba e integrada por senadores y diputados. Las reuniones se desarrollan en modalidad presencial y virtual, desde la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.
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Invitan a marcha para pedir justicia por Deisy Paola en Asunción y CDE
Este sábado, en Asunción y Ciudad del Este, allegados y la ciudadanía en general se movilizarán para pedir “Justicia para Deisy”. Los organizadores repudian la falta de protección por parte de las autoridades para la joven que era víctima de sistemática violencia y exigen la máxima condena para Aldo Duarte, principal sospechoso del feminicidio.
Allegados de Deisy Paola Giménez, joven víctima de feminicidio, convocan a la marcha denominada “¡Justicia para Deisy!”, para hoy a las 17:00 en la Plaza de la Democracia de Asunción. Estarán presentes organizaciones civiles y conocidos de la joven estudiante de Derecho que fue brutalmente asesinada el pasado jueves, 8 de octubre, mientras iba a su lugar de trabajo, por un hombre que contaba con restricción para acercarse.
“La consigna es exigir justicia para Deisy, porque ella hizo todo para ser protegida. Acudió a las autoridades y el sistema de justicia le falló, porque el hombre tenía orden de restricción, pero igual, pese a todos los mecanismos aplicados para este tipo de hechos, una vez más tenemos una muerte”, expresó Marlene Orué, abogada especialista en DD. HH., en entrevista con la 730 AM.
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Afirmó que lastimosamente las autoridades no le dieron a la joven la respuesta que necesitaba. “Estamos llegando al límite impensable, por eso convocamos a toda la ciudadanía para poder llegar hasta la emblemática plaza para pedir justicia y que ya no se reporten este tipo de hechos en los que no se tienen”, apuntó.
Agregó que lastimosamente el día a día de todas las víctimas es que no se resuelven los casos en las primeras 24 a 48 horas y que muchas veces son ellos mismos los que deben presionar para que las autoridades cumplan todos los pasos requeridos de protección. “Muchas veces los abogados tenemos que resguardar a nuestras víctimas en nuestras oficinas o casas hasta que la orden sea librada”, puntualizó.
Marcha pacífica en CDE
Así también, Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, para hoy a las 17:00 se unirán en una marcha pacífica para honrar la memoria de Deisy Paola y alzar la voz contra la violencia y falta de seguridad en el país. La convocatoria es sobre la avenida Gral. Bernardino Caballero, frente a la Gobernación.
“Marchamos por justicia, por protección efectiva y por una sociedad donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo. El recorrido será hasta la plazoleta frente a la municipalidad, donde se dará lectura a un manifiesto y minuto de silencio en su memoria”, expresaron las mujeres autoconvocadas de la ciudad.
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