Una masa tumoral de aproximadamente 30 centímetros y 1,650 kilogramos fue extraída durante una cesárea de urgencia practicada a una mujer de 29 años en el IPS Ciudad del Este. La intervención permitió resolver en un mismo procedimiento la emergencia obstétrica y la patología anexial detectada durante la cirugía.
La paciente cursaba 35,4 semanas de gestación y llegó al servicio de Ginecología y Obstetricia con intenso dolor abdominal. Debido a sus antecedentes de dos cesáreas y a la sospecha de una posible dehiscencia de la cicatriz uterina, los médicos determinaron que era necesario realizar una intervención de urgencia.
La cesárea se llevó a cabo y, a las 20:15, nació una bebé de sexo femenino, con un peso de 3.000 gramos. Durante el procedimiento, el equipo médico detectó además un tumor anexial de gran tamaño, por lo que resolvió realizar su extracción en el mismo acto quirúrgico.
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Los profesionales lograron retirar la tumoración y completar la intervención sin complicaciones mayores. Al efectuar ambos procedimientos de manera simultánea, se evitó que la paciente tuviera que afrontar posteriormente una nueva cirugía para tratar la masa.
El procedimiento estuvo a cargo de las gineco-obstetras Ilda Talavera, Gloria Feltes y Danilo González. El equipo de anestesia estuvo integrado por las doctoras Rosa Echagüe y Rossana Calonga, mientras que participaron en enfermería las licenciadas Mabel Vázquez y Martha Molinas.
La intervención requirió la coordinación de los equipos de Ginecología y Obstetricia, Anestesia y Enfermería, que atendieron tanto la urgencia relacionada con el embarazo como el hallazgo quirúrgico durante la cesárea.
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Ley de emergencia de IPS permitirá la contratación de 600 profesionales de blanco
El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, solicitó a la Cámara de Senadores la aprobación de la ley de emergencia para la previsional. El titular del instituto indicó que esta ley permitirá la contratación de más personal de blanco y paliará la problemática que se generó con la reducción de la carga horaria, que actualmente se redujo a 12 de las 24 horas.
“Nuestro objetivo es dignificar al personal de blanco con un mejor salario, pero en este momento nuestro objetivo es llenar nuestros claros, no vamos a llegar a la situación ideal, esto debe ser un proceso, y en la segunda instancia pelear para que este personal, el personal de blanco tenga un mejor salario”, explicó Fretes a los medios de prensa.
Detalló que la contratación de esta cantidad de profesionales, médicos y enfermeros se dará en una primera etapa con la ley de emergencia, y posteriormente, analizar las alternativas para la dignificación salarial. “(Con la aprobación de la ley de emergencia) interin que podamos arreglar nuestras finanzas y poder dignificar el salario a todo el personal de blanco”, indicó.
Detalló que el déficit de profesionales de salud es bastante elevado para el sistema de la previsional. “El objetivo nuestro es que por lo menos 600 médicos, para paliar, pero no solo en medicina, también en la parte de enfermería, el Hospital de Ingavi necesita 200 médicos, 500 enfermeros necesita el hospital central”, mencionó.
Agregó que con la aprobación de la ley de emergencia se podrá la solución a una parte de esta problemática. “El déficit de médicos y enfermeros es acuciante, esos solamente vamos a poder paliarlo a través del gerenciamiento de los senadores y el presidente del Senado, que nos va a permitir a través de la implementación de esa ley desamarrarnos las manos y permitirnos contratar más personal”, sentenció.
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IPS comunica que sus servicios funcionarán con normalidad durante huelga de médicos
El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado este domingo para informar a sus asegurados y a la ciudadanía que, ante la medida de fuerza anunciada por el gremio médico nacional para esta semana, los servicios de la previsional funcionarán con normalidad. La huelga es promovida por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), del 24 y al 28 de agosto.
“EI IPS respeta las reivindicaciones y los legítimos mecanismos de representación y diálogo gremial de los trabajadores, así como las gestiones orientadas a mejorar las condiciones laborales y profesionales del talento humano en salud”, expresa la nota difundida a través de redes sociales oficiales de la institución.
“Al mismo tiempo, la previsional mantiene como prioridad la atención a sus asegurados y la continuidad de los servicios en sus hospitales, clínicas, unidades sanitarias y demás dependencias, garantizando el normal desarrollo de las consultas, estudios, cirugías, cirugías, internaciones internaciones y demás prestaciones programadas”, finaliza el comunicado.
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) estableció mediante la Resolución S.G. n.º 481, firmada once días antes del inicio de la medida de fuerza, que los servicios esenciales de urgencias, terapia intensiva, maternidad, diálisis y oncología, entre otros, funcionarán las 24 horas del día en los hospitales públicos durante el paro de Sinamed.
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Abogada municipal de CDE, en la mira por posible incompatibilidad
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este pide esclarecer su vínculo con la comuna y la defensa particular de personas relacionadas con la institución.
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la República (CGR) impulsar una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la municipalidad al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo. El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero de 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto y su gavilla conformada por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos Francisco Arrúa y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este. “Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica. Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este. En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley n.º 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan el Artículo n.º 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad. También hacen mención del Artículo n.º 52, inciso m), prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico. Igualmente, citan los incisos k), l), n), p) y r) del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además, citan en la solicitud el artículo n.º 61, inciso p), considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la Ley n.º 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
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Desnudan contradicciones del fiscal en el caso Bataglia: investigación apunta al hermano
El Juzgado de Delitos Económicos, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia, desnudó la incoherencia del agente fiscal Julio Ortiz durante la audiencia de imposición de medidas cautelares para el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia.
El pasado 12 de agosto, el procesado por supuesta lesión de confianza se presentó ante el representante del Ministerio Público; sin embargo, este tomó la determinación de liberarlo en lugar de ponerlo a disposición del juzgado competente. Esta acción contradice el procedimiento habitual en otros casos, donde se comunica inmediatamente al juez y se realiza la audiencia de imposición de medidas.
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Esta situación se generó debido a que el fiscal sabía que Bataglia estaba en Europa y que no ingresó de forma regular al país, sino que lo hizo de forma clandestina. A pesar de esto, el representante fiscal ordenó su liberación. El hecho fue mencionado por el juez Rodrigo Estigarribia para fundamentar su resolución, en la cual decretó el arresto domiciliario del imputado con el uso de tobilleras electrónicas.
Hermano de Bataglia
Asimismo, la investigación se estaría ampliando hacia Carlos Bataglia, hermano del extitular del IPS. Esto se debe a que existen indicios bajo análisis que lo señalarían como el presunto nexo con las empresas proveedoras. Según los elementos recabados, su función había sido de nexo con el entonces titular de la previsional para direccionar ciertas adjudicaciones en las licitaciones que se realizaron en IPS.
Informe de Migraciones
La Dirección Nacional de Migraciones remitió un informe al juzgado de Rodrigo Estigarribia donde ratifica que el imputado ingresó de forma clandestina al país desde Europa. Este documento sirvió para que el magistrado decidiera decretar el arresto domiciliario, atendiendo a que existe un evidente peligro de fuga por parte del procesado.