Este martes, la Policía Nacional detuvo a dos personas de nacionalidad brasileña que serían sindicadas como miembros del Primer Comando Capital (PCC), en el departamento de Alto Paraná. Uno de los detenidos se presentó con un nombre falso y luego se descubrió que era buscado en el vecino país por casos relacionados al narcotráfico.
Según el reporte policial, la captura de estas personas se registró en plena vía pública, específicamente en la zona de Puerto Itavera, en el distrito de Domingo Martínez de Irala. Ambos sujetos estaban circulando sin documentos de identidad y proporcionaron sus datos, uno de ellos no correspondía.
Se identificaron como Fernando Mello Pereira y Samuel Barboza, ambos brasileños. De inmediato se comunicó el caso a la División del Comando Tripartito, para procesar y cotejar sus identidades con las autoridades de Brasil. Uno de ellos tenía varios tatuajes que serían similares a los que acostumbran a tener los integrantes del PCC.
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El comisario Fabio Santacruz, del comando tripartito, confirmó que el hombre que se presentó como Fernando, en realidad era Anderson Cleiton da Silva, que tiene orden de captura en su país por hechos relacionados al narcotráfico. En tanto que, Samuel Barboza dio su nombre real y no cuenta con antecedentes criminales.
Del poder de los detenidos se incautaron dos teléfonos celulares, 300.000 guaraníes en efectivo y dos mochilas negras con prendas de vestir. Se presume que ingresaron al país hace 15 días y que esperaban el momento oportuno para cruzar ilegalmente por el río Paraná para evadir los controles fronterizos.
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Golpe al microtráfico en San Lorenzo: tres hermanos fueron aprehendidos tras incautación de drogas
Una comitiva fiscal y policial llegó hasta una vivienda de la ciudad de San Lorenzo donde fueron capturados tres hermanos que al parecer vendían drogas y utilizaban a adolescentes para la entrega. En el poder de estas personas hallaron más de 240 dosis de crack y cocaína, además de dinero en efectivo y celulares.
Un operativo conjunto entre el Ministerio Público y el departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional permitió desarticular una presunta red familiar de microtráfico en el barrio Tajazuape e intervinieron una vivienda ubicada sobre la calle Edmundo Reyes esquina El Paraguayo Independiente, en la zona conocida como Las Malvinas.
El agente fiscal Ranulfo Venialgo, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, encabezó el procedimiento donde quedaron detenidos tres hermanos. Los sospechosos utilizaban la propiedad como centro de distribución y empleaban a jóvenes en motocicletas para la entrega de sustancias bajo la modalidad de delivery.
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Durante la intervención fueron aprehendidos Matías Iván Giménez (25), Juan Nicolás Giménez (23) y Cecilia Luján Giménez (22), todos residentes en el inmueble allanado. En el lugar, los intervinientes incautaron presunta droga tipo cocaína, cocaína tipo crack y marihuana. Además de, G. 1.342.000 en billetes de baja denominación, teléfonos celulares, una balanza de precisión digital y varios elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias, que luego eran comercializadas.
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Ciudadanos se quejan por inconvenientes en expedición de antecedentes policiales
Siguen los inconvenientes en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, pese a que la institución garantizó la semana pasada la atención fluida al público y el ritmo habitual en la tramitación de documentos.
Algunos usuarios manifestaron sus reclamos a través de las redes afirmando que el portal habilitado para la expedición de antecedentes policiales en forma digital no funciona. Asimismo, aseguraron que en la sede central de Identificaciones tampoco está funcionando el sistema para el mismo trámite desde el jueves pasado hasta la fecha.
Ante denuncias de ciudadanos, a través de un comunicado de la Policía Nacional aseguraron que se trataba de hechos aislados. Sin embargo, al parecer, el inconveniente continúa sin solución. Los afectados piden agilizar las diligencias para que el sistema informático opere con normalidad.
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Según un mensaje del portal oficial, confirman que se están presentado inconvenientes, pero supuestamente serían temporales. En ese sentido, indican que la falla se registra en el servicio de envío de códigos de verificación por SMS con las distintas operadoras. Este hecho podría afectar la recepción del código de autenticación de doble factor, explican.
Por tal motivo, recomiendan utilizar la opción de correo electrónico para recibir el código de verificación y continuar con el proceso de autenticación.
Los inconvenientes estarían vinculados al proceso de estabilización derivado de la reciente migración tecnológica que lleva adelante la dependencia policial.
No obstante, autoridades policiales reafirman su compromiso de brindar un servicio eficiente, seguro y confiable a toda la ciudadanía.
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Capturan a dos presuntos sicarios de alias “Macho” buscados por múltiples homicidios
En un procedimiento encabezado por el fiscal Juan Benegas, con apoyo de la Policía Nacional de Canindeyú, detuvieron a dos presuntos sicarios que estarían vinculados a la banda de alias “Macho” y que habrían cometidos varios homicidios. Del poder de estos sujetos incautaron un automóvil y dos teléfonos celulares, que serán sometidos a pericias.
Según el reporte policial, el hecho se registró en un operativo que se realizó en plena vía pública en la localidad de Yasy Cañy. En este lugar cayeron dos personas de sexo masculino y ambas están sindicadas como presuntos sicarios de la banda criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.
El fiscal Benegas, de la Unidad Especializada de la Lucha contra el Narcotráfico de Canindeyú, encabezó la detención de Marcial Martínez Insfrán, de 40 años y David Rolón Ramírez, de 28 años. Estas personas son investigadas en el marco de causas abiertas por homicidios dolosos ocurridos en los años 2024, 2025 y 2026.
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“Se organizó debido a que los dos detenidos tenían en contra órdenes de captura pendientes emanadas de diferentes juzgados, en el marco de causas abiertas por varios homicidios dolosos”, resaltaron desde el Ministerio Público.
Durante la intervención, la comitiva fiscal-policial también logró incautar un automóvil, en el que circulaban estas personas, y dos aparatos celulares, que serán sometidos a estudios, todos los elementos que quedaron a disposición del Ministerio Público como parte de la investigación.
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Caso Ueno: quiénes son los 27 imputados por las presuntas irregularidades financieras del banco
La causa penal por las presuntas irregularidades financieras de Ueno Bank avanza con 27 personas inicialmente imputadas, entre ellas directivos de la entidad y representantes de sociedades vinculadas que habrían participado en operaciones crediticias irregulares.
Las investigaciones también apuntan a determinar si estas maniobras se realizaron con el conocimiento, la complicidad o la omisión de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), organismo responsable de supervisar el funcionamiento de la entidad financiera.
El Ministerio Público abrió la investigación luego de recibir una comunicación del organismo regulador sobre supuestas irregularidades detectadas durante la supervisión del banco, cuyo procedimiento de resolución fue dispuesto el 2 de noviembre.
La Fiscalía formuló el acta de imputación el 4 de noviembre, en el marco de la causa N.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Entre los principales investigados está Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente de Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que controlaba Ueno Bank.
Los 27 imputados de la causa
Entre los imputados se encuentran directivos y exdirectivos de Ueno Bank y de empresas vinculadas con el Grupo Vázquez. Los cargos corresponden a antecedentes societarios y perfiles de los directivos publicados durante la investigación.
- Federico Miguel Vázquez Villasanti: vicepresidente primero de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez.
- Juan Manuel Gustale Cardoni: presidente de Ueno Bank.
- Julio Daniel Rey Fernández: exvicepresidente segundo de Ueno Bank.
- Diana Leticia Mongelós González: vicepresidenta segunda de Ueno Bank.
- Mariana Torres Rubiani: exdirectora titular de Ueno Bank.
- Alejandro Gómez Abente: director titular de Ueno Bank.
- Diego Fernando Duarte Schussmuller: director titular de Ueno Bank y vicepresidente primero de Ueno Seguros.
- Miguel Ángel Almada Frutos: exsíndico titular de Ueno Bank.
La lista continúa con representantes, directivos y accionistas de empresas vinculadas.
- José Augusto Sala Cardozo: presidente y representante legal de MOWI S.A.
- Sergio Amado Pizurno Zsarán: vicepresidente de MOWI S.A. y director titular de Grupo M S.A.
- Vanessa Esther Godoy Ayala: presidenta de Grupo Hendy S.A.
- Óscar Urdapilleta: vicepresidente de Grupo M S.A.
- César Javier Mengual Mazacotte: presidente de Grupo Hendy S.A.
- Miguel Ángel Garay: director titular de Grupo Hendy S.A.
- César Manuel Astigarraga Lambaré: presidente y CEO de ITTI S.A.E.C.A.
- Luis Ernesto Angulo Rivera: vinculado a Grupo M S.A.
- Guillermo Vázquez Muniagurria: director titular de Grupo M S.A.
- Diego Sebastián Gómez Arce: presidente de Grupo M S.A.
- Luis Fernando Ríos Espínola: vicepresidente de TUIU S.A.
- André Gayol Pires: accionista y beneficiario final de TUIU S.A.
- Nicolás S. Di Iorio Olivares: accionista y beneficiario final de TUIU S.A.
- Rodrigo Ramón Franco Ortiz: presidente y representante legal de TUIU S.A.
- Mauro Vargas Wildberger: presidente y accionista de FRANDEDE S.A., además de accionista de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Cecilia Domínguez Elizeche: vicepresidenta de FRANDEDE S.A.
- Martín Vargas Wildberger: accionista de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Gloria Villasanti Farinha: presidenta de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Raúl Fernando Sánchez Gómez: director titular de AIME S.A. Corredores de Seguros.
La imputación alcanza a personas con distintos grados de vinculación con las operaciones examinadas. Su inclusión en la causa no implica que todas hayan sido detenidas ni que exista una responsabilidad penal demostrada.
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Préstamos millonarios y movimientos entre empresas
La investigación se concentra en un presunto esquema de operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026, mediante préstamos y sobregiros concedidos a sociedades vinculadas.
Según los antecedentes fiscales, una parte de los recursos habría sido transferida entre distintas empresas para financiar operaciones diferentes de los destinos originalmente declarados.
Uno de los movimientos investigados corresponde a la adquisición de una cartera crediticia por USD 74,4 millones, operación que habría involucrado a Vinanzas S.A. y otras sociedades vinculadas con el grupo empresarial.
La Fiscalía busca determinar el origen y destino de los fondos, las garantías utilizadas y la eventual responsabilidad de quienes participaron en las operaciones.
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Fiscales encargados de la investigación
El equipo del Ministerio Público está integrado por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta Dinamarca, Jorge Arce Rolandi, Yeimy Adle, Ruth Benítez, Luz Guerrero, Luis Piñánez y Belinda Bobadilla Biscouto, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
Los investigadores también desarrollan diligencias patrimoniales destinadas a identificar bienes y recursos que eventualmente puedan ser utilizados para reparar los perjuicios ocasionados a los afectados.
En paralelo, se realizaron allanamientos y se solicitaron medidas cautelares sobre cuentas y bienes de sociedades relacionadas con las operaciones investigadas.
Investigación podría alcanzar a más personas
El Ministerio Público informó posteriormente que las pesquisas se ampliaron y que se identificaron aproximadamente 35 personas y 37 empresas relacionadas con los movimientos financieros examinados.
Esto no significa que todas ellas estén imputadas, sino que sus vínculos y operaciones forman parte del análisis fiscal. La investigación continúa abierta y no se descarta la presentación de nuevas imputaciones conforme se incorporen elementos de prueba.
El caso Ueno Bank mantiene así un frente judicial centrado en las operaciones financieras de la entidad y las sociedades vinculadas, mientras la Fiscalía intenta reconstruir el destino de los recursos y establecer eventuales responsabilidades penales.