Trabajadores de una empresa de limpieza prestadora de servicio para el Instituto de Previsión Social (IPS) en Ciudad del Este, denunciaron atrasos en el pago de salarios y despidos injustificados.
El retraso salarial y la baja remuneración a su plantel de colaboradores siempre fueron los motivos de la denuncia. Actualmente, se registra un mes de demora en el pago, con descuentos desconocidos y la empresa Cevima SA no permite la realización de los reclamos.
Según la denuncia presentada por trabajadores afectados ante el Ministerio de Trabajo, existirían descuentos que, de acuerdo con los testimonios recogidos, oscilarían aproximadamente entre G. 800.000 y G. 1.000.000, los cuales los trabajadores consideran injustificados.
Asimismo, denunciaron el supuesto incumplimiento del pago del salario mínimo legal establecido, además de despidos que consideran injustificados y que, según manifiestan, no habrían sido acompañados por el pago correspondiente de sus remuneraciones y beneficios laborales.
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La empresa cuenta con unos 160 empleados que cubren el servicio de aseo en la previsional esteña; solo algunos se animan a hacer la denuncia ante los medios de prensa por temor a represalias laborales.
La activista social y defensora de los derechos humanos, Pabla Duré, es la que dio inicio a la investigación de estos presuntos abusos y esta semana acudió a la capital altoparanaense para intentar intermediar entre los empleados y la empresa de limpieza.
Recordó que mediante las publicaciones en las redes sociales y medios de prensa, se logró aumentar el salario mensual del trabajador de 1.600.000 a 2.200.000 guaraníes.
Duré explicó que un grupo de trabajadores recibió sus salarios ayer, vía entidad bancaria, aunque con descuentos desconocidos que ascienden a unos 800.000 guaraníes.
La defensora mencionó que los trabajadores de la empresa de limpieza ya efectuaron varias denuncias sobre esta situación ante el Ministerio de Trabajo, pero que no llegó aún la intervención ministerial para una reunión tripartita (empleadores, empleados y gobierno).
El Ministerio de Trabajo deberá determinar, conforme a las documentaciones y procedimientos correspondientes, si existieron o no irregularidades laborales.
Cevima cuenta con una oficina en el subsuelo 2 del IPS en Ciudad del Este, y la única encargada que da la cara es Alba Galván, dijo.
Agregó que en Contrataciones Públicas aparece el nombre de Claudio Escobar Brizuela, como el supuesto dueño de la empresa.
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