Un hombre fue detenido en la ciudad de San Joaquín, departamento de Caaguazú, en el marco de una investigación por un presunto caso de zoofilia y maltrato animal, tras una denuncia acompañada de evidencias que motivó la intervención de las autoridades.
El procedimiento fue encabezado por la agente fiscal Mirna Isabel Rodríguez, de la Unidad Penal N.° 1 y Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente y Maltrato Animal de la Fiscalía Zonal de Yhú, con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal.
Como resultado de las diligencias, el sospechoso fue detenido y los animales involucrados fueron puestos bajo resguardo para garantizar su protección mientras continúan las investigaciones.
La denuncia fue impulsada por activistas dedicados a la protección animal. Inicialmente fue recibida por Paty Elizeche, quien remitió las evidencias a Laura Yinde, de Caaguazú. Posteriormente, la información fue canalizada por Andrea Elliani, de Pata Patrulla, lo que permitió coordinar la intervención conjunta con la Dra. Liza Escobar y el Ministerio Público.
Te puede interesar: Yaguareté Trail organiza una carrera por la amistad en Ypacaraí
Tratamiento jurídico de animales
Con la promulgación de la Ley N.° 7513/2025, los animales dejaron de ser considerados simples bienes u objetos y pasaron a ser reconocidos jurídicamente como “seres sintientes”, capaces de experimentar dolor físico, miedo, estrés y sufrimiento.
Este cambio introdujo un nuevo enfoque para investigar y sancionar los hechos de crueldad animal, ya que el bienestar del animal pasó a constituir un bien jurídico protegido. La normativa establece que no solo las lesiones visibles pueden constituir una prueba de maltrato, sino también situaciones que generen un sufrimiento significativo al animal.
Leé más: Hospital General de Itapúa alcanza resultados históricos en su primer año
Penas de hasta seis años de prisión
La legislación endureció las sanciones para los hechos de crueldad animal, contemplando penas que pueden alcanzar hasta seis años de prisión en los casos más graves.
Además, el país cuenta con el Registro Nacional de Agresores de Animales (RAGAN), una herramienta creada para identificar a personas condenadas o sancionadas por maltrato animal, facilitar el seguimiento de reincidentes y fortalecer la actuación de la Justicia y de las autoridades competentes.
Las investigaciones sobre el caso continúan para determinar las responsabilidades penales correspondientes y esclarecer todas las circunstancias del hecho denunciado.