• Víctor Pavón (*)

Lo ocurrido días atrás en el Puesto Policial de la Colonia Naranjito, departamento de Canindeyú, que costó la vida a dos suboficiales de la Policía y a un civil además de la quema de la comisaría, no fue un hecho aislado e impredecible.

Hace tiempo que los propietarios de la empresa Agro Ganadera Pindó SA venían advirtiendo de esta situación porque conocen sobre la violencia de los llamados “sin tierras” en la zona que, incluso, exigieron en su momento la expropiación de la hacienda en complicidad con políticos.

La propiedad de este establecimiento agropecuario fue invadida en el año 2012. Se destruyeron inversiones, puestos de trabajo, se depredaron más de dos mil hectáreas de bosques nativos dejando a cientos de familias campesinas dependientes del miedo y la extorsión financiados desde el narcotráfico, el rollo tráfico y otros crímenes.

El objetivo es el mismo de siempre. El delirio de la izquierda radical consiste en promover el miedo para que los invasores y criminales sean los que decidan quién y qué se llevará a cabo en ese territorio del país. Hoy, la otrora próspera Estancia Pindó es una “zona liberada”, la misma que se pretende en colonia Naranjito.

El reciente ataque planificado dejó en evidencia un ajusticiamiento, la eliminación de una persona por un grupo armado, con un disparo de ejecución con un tiro en la boca a una de las víctimas, según reporta el informe forense.

Los criminales van extendiendo su zona de influencia. Apelan al método que mejor saben poner en práctica, el miedo y la extorsión. Esto quiere decir dejar en “paz” a los propietarios previa suma de dinero a los criminales, donde nadie sabe cuánto se paga, cómo se paga y a quiénes llega el dinero de la extorsión. Si se acepta la existencia del Estado la misma se encuentra en la provisión del servicio de seguridad. El uso de la fuerza contra los que hacen daño a sus prójimos no debe ser tibia. Caso contrario, caen las inversiones, la producción y el empleo; triunfa el crimen y muere gente inocente.

La respuesta debe ser una y solo más que una: encontrar a los criminales y no llevar a cabo ninguna medida “social” que termina protegiéndolos bajo el manto de la impunidad. No cabe la pasividad. Es preciso dejar un antecedente lo suficientemente disuasivo e implacable para que nunca más se vuelvan a repetir estos hechos.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.

Habló este sábado la viuda del suboficial mayor Atilio Martínez, de Pastoreo (Caaguazú), uno de los policías asesinados en Naranjito. Pidió justicia y que su muerte “no quede impune, que no vaya al oparei”, expresó en declaraciones a Telefuturo.

Doña Alice recordó a su pareja como un “papá guasu” para toda su familia. Además, destacó su carácter firme y su sentido de responsabilidad con su trabajo en las fuerzas policiales.

“Él era el papá guasu de sus hermanos porque su papá y su mamá ya fallecieron. Él nunca decía no, siempre estaba para todos nosotros, para su familia, para sus amigos. Era una persona excelente. Tenía carácter, con él era sí o no, negro o blanco”, relató.

El uniformado deja dos hijos huérfanos. “Tenemos un hijo de 6 años. Tiene otro hijo de 14 años con su expareja. Teníamos planes de tener más, quería una hija para hacerle bailar el vals decía. Nos estábamos preparando para eso”, contó la mujer.

Lamentó el difícil momento que les toca afrontar por culpa de una banda de criminales. “Es muy duro lo que nos está pasando. No le deseo a ninguna familia de la institución policial que pase por el dolor tan grande que estamos pasando”, señaló.

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Agradeció a todas las personas que se acercaron a darles su acompañamiento. “Agradecimiento infinito a sus camaradas, jefes, amigos, vecinos, porque se ve que se le quería mucho”, remarcó.

Destacó el profundo respeto que tenía por su profesión. “Él nunca habló de su trabajo, supo diferenciar su trabajo de su familia. Y pedimos justicia, que no quede impune”, recalcó.

La hermana del uniformado fallecido hizo el mismo pedido. “Como familia solamente pedimos justicia”, expresó Epifania Martínez.

Asimismo, puso énfasis en el apoyo de sus camaradas y jefes así como de amigos y vecinos, pero lamentó la ausencia de comunicación de las altos mandos de la Policía Nacional. “Hasta el momento, no recibimos ni una llamada del comandante ni de ninguna autoridad”, afirmó.

Micaela, cuñada (hermana de la viuda) del uniformado, hizo un llamado especial para los investigadores. “Lo que pasó nos dejó destrozados como familia. Solo pedimos justicia, que se aclare el hecho, que no quede en vano todo esto y que su esfuerzo, su sacrificio no sea en vano”, sentenció.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, explicó los datos objetivos que refuerzan la hipótesis de que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se habría asociado con bandas de narcotraficantes que operan en Canindeyú, en el ataque contra el puesto policial n.° 4 de Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, que dejó tres fallecidos, el 21 de julio; y refirió que se identificaron vainillas de diez armas, lo que reduciría la cifra de atacantes tras estimarse entre 20 o 30 sujetos, como en un principio mencionaron testigos.

“A medida que pasan las horas tenemos más datos objetivos y no teorías de lo que sucedió. Fueron ajusticiados cruelmente (dos policías y un funcionario civil), sin el derecho a la defensa, con un ataque cobarde en superioridad numérica y de fuego. Sin mediar palabras entraron directamente a matar y quemar la instalaciones de las comisarías”, dijo Riera, este viernes, en los estudios del canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

El alto funcionario de Estado acotó: “Con firmeza podemos sostener que el Ejército del Pueblo Paraguayo estuvo metido. No descartamos la posibilidad de que se sumen otras fuerzas que puedan ser reclutadas y eso es un tema que vamos a ir definiendo”.

Las afirmaciones de Riera surgen teniendo en cuenta que en el sitio también fue identificado el casquillo de un arma que fue utilizada por narcotraficantes en un enfrentamiento con los agentes policiales en el 2020. “Esto es una primicia en términos reales, de los casquillos en el lugar, no hay más de 10 armas, es decir de 30 supuestos atacantes, estamos bajando a 10, esto no es un tema menor”, refirió.

“La hipótesis que manejamos es el EPP y alguien más. Ya hubo reacciones de grupos delictivos de la zona porque ya habíamos dado una serie de golpes quirúrgicos muy importantes“, mencionó Riera. El violento episodio dejó como resultado el fallecimiento de dos efectivos policiales, el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios y el suboficial inspector Herminio Ojeda González, así como del funcionario civil Josemar Escobar Piris. Un tercer agente resultó herido y se encuentra fuera de peligro.

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El ministro puntualizó que el ataque de Naranjito sería una respuesta ante las acciones del Estado que vienen asfixiando el “arco libre” que había en la zona para el narcotráfico, y detalló la captura del líder indígena Derlis Fermín López en febrero de 2026 en la localidad de San Miguel, distrito de Corpus Christi, que presuntamente formaba parte de una red de apoyo logístico del crimen organizado.

Riera también hizo alusión a la captura de Jorge Mercado Méndez, también en febrero del 2026, quien es un dirigente campesino conocido por liderar el asentamiento Primero de Marzo, detrás de las protestas y conflictos de tierras en la zona de la estancia Pindó.

Además citó al dirigente campesino Rubén Villalba, ampliamente identificado por su participación en la masacre de Curuguaty, registrada en junio de 2012, y que, a lo largo de los años estuvo involucrado en múltiples procesos legales relacionados con la ocupación de tierras, invasión de inmuebles ajenos y tenencia de armas.

“Hace una semana identificamos a siete campesinos armados que disparaban contra las cosechadoras. También hace poco dimos un golpe grande, un trabajo coordinado con la Prefectura Naval donde se incautaron 9 toneladas de marihuana que iba a pasar a Brasil por el lago Itaipú, que mucho tiempo fue un arco libre”, comentó en su visita a Nación Media.

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Despidieron a policías asesinados en el puesto policial de Naranjito. En el cementerio de Ybyrarobaná se realizó la despedida del suboficial inspector Herminio Ojeda González (33), quien dejó huérfano un niño de 9 meses.

El sepelio se llevó a cabo en horas de la tarde del jueves, donde “prácticamente toda la comunidad acompañó en un marco de mucho dolor”, informó el periodista Juan Alcaraz, corresponsal de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Lo recordaron como un agente con gran sentido de responsabilidad y por su alegría de haber sido padre recientemente. “Pese a tratarse de una ciudad pequeña, importante cantidad de pobladores de Ybyrarobaná acompañó el cortejo fúnebre por aproximadamente 15 kilómetros bajo una pertinaz lluvia”, destacó el comunicador local.

Compañeros y amigos manifestaron su dolor por la repentina partida de un joven camarada y repudiaron el brutal asesinato del uniformado además de mencionar lo expuestos que se sienten en sus tareas. “Salimos de nuestras casas y no sabemos si a la siguiente semana vamos a volver”, expresaron en la oportunidad.

Por otro lado, en Caaguazú le dieron el último adiós al suboficial mayor Atilio Martínez (40), quien prestaba servicio en la sede policial de Canindeyú atacada por un grupo criminal. Deja dos hijos de 6 y 14 años.

El dolor también acompañó a familiares del agente que perdió la vida en cumplimiento del deber. Superiores y camaradas acompañaron el féretro con honores.

La Policía Nacional destacó su vocación, valentía y compromiso con la seguridad de la ciudadanía, un legado que permanecerá imborrable en las filas de toda la institución. “Hoy rendimos homenaje a un policía que sirvió con honor y sacrificio hasta el último momento”, manifestaron.

Asimismo, expresaron sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, en tan difícil momento. “Que encuentren fortaleza en el recuerdo de una vida dedicada al servicio de la patria”, rubricaron.

Los restos del civil Josemar Piris (31) fueron recibidos por la madre, a fin de darle cristiana sepultura. El mismo tenía una restricción cognitiva y fue adoptado por los uniformados, por lo que prácticamente vivía en el lugar y realizaba trabajos de secretario.

“Es muy malo lo que le pasó porque era una persona muy buena y solo estaba trabajando”, dijo a los medios uno de los familiares y pidió a las autoridades atrapar a los responsables. La comunidad entera se encuentra conmocionada y con temor a lo que pueda ocurrir en la localidad.

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