El director de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte, indicó que se remitirá a las instituciones correspondientes el informe con que cuenta sobre títulos irregulares que se habían identificado en su momento. Señaló que se encontraron más de 100.000 títulos irregulares en una investigación realizada por la institución.

“El informe de Contraloría que se da en el marco de la comisión del Senado que investiga los títulos falsos y la detección de estos más de 1.000 títulos es un informe parcial de Contraloría, nosotros este año hicimos un informe técnico que hemos publicado, salió en los medios de prensa, cruzando el catastro de carreras del Cones, el registro de títulos del MEC y las carreras acreditadas que están en el buscador de la Aneaes”, indicó a la 1020 AM.

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Agregó que esta investigación se ha evidenciado que “en los últimos tres años se han registrados más de 100.000 títulos procedentes de carreras no acreditadas, esto de por sí no significa que esos 100.000 títulos tengan que estar sospechados, pero estoy seguro que en ese universo si existe una investigación se va a encontrar una situación más grave”.

Este informe será remitido a las instituciones pertinentes, de acuerdo con Duarte, con el fin de contribuir a las investigaciones que se están realizando en este momento. “Nosotros vamos a presentar a los órganos correspondientes este informe que fue elaborado por la Aneaes, por sus técnicos, vamos a poner a disposición de los órganos correspondientes, estamos analizando jurídicamente el término más adecuado”, detalló.

Así también, el director de la Aneaes indicó que la Contraloría ya cuenta con este informe y que muchas de las cuestiones que irá sacando la institución contralora se nutre de este reporte. “Nosotros hemos pedido por nota a la Contraloría el inicio de una investigación profunda porque venimos sacando diferentes documentos sobre carreras habilitadas, acreditadas y también la inscripción de títulos que evidencian una situación de mucha informalidad que aún persiste en la educación superior”, indicó.

Por otra parte, Duarte lamentó esta situación de títulos universitarios irregulares y aseguró que esto impacta en la credibilidad del país. “Estamos ante una situación grave, el valor del diploma, el valor de la educación superior, la credibilidad del país es lo que está en juego de fondo ante el inmenso desafío que tenemos en materia de desarrollo, de fortalecimiento del capital humano, de puesta en valor de nuestra población en sus cualificaciones”, sentenció.

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Los vecinos del barrio Santa Lucía de Lambaré se unieron para levantar un nicho memorial en honor a la joven Deysi Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio. Su memoria sigue intacta y el pedido de justicia resuena más fuerte que nunca. “No la olvidamos”, afirman los residentes de la zona donde se registró el trágico suceso.

Igualmente, en las redes sociales se viralizó un video del nicho erigido en memoria de la joven fallecida. Diversos usuarios expresaron su pesar con comentarios como: “Es una pena, tenía un futuro brillante”, mientras que otros recalcaron que “a ella nunca se debe olvidar y se exige justicia por el terrible suceso”.

El atroz crimen ocurrió en la noche del 8 de octubre, cuando Deysi Paola, de 22 años —quien se encontraba a solo un mes de culminar la carrera de Derecho—, caminaba hacia su lugar de trabajo en plena vía pública de Lambaré.

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El presunto autor del feminicidio fue identificado como su expareja, Aldo Alexis Duarte Moreira, de 26 años. De acuerdo con las investigaciones y los desgarradores testimonios de la familia, la joven venía soportando un calvario de constantes acosos, hostigamientos y agresiones físicas por parte del hombre.

Semanas antes del crimen, específicamente el 18 de septiembre, Deysi había tenido el valor de denunciar formalmente a su agresor ante la Policía Nacional y el Juzgado de Paz, logrando que se dictara una orden de restricción y alejamiento. No obstante, la medida de protección resultó insuficiente ante la desprotección estatal y la falta de acción oportuna del sistema de justicia.

En el fatídico día, el sujeto la interceptó a bordo de un automóvil, le cerró el paso y, sin piedad, la acribilló a balazos a pocas cuadras de su destino. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso se dio a la fuga, pero días después fue capturado por las autoridades policiales e imputado por la Fiscalía, quedando recluido mientras avanza el proceso judicial que busca esclarecer el hecho y castigar con todo el peso de la ley a los responsables de una tragedia que enluta a todo el país.

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• Violeta Vigil

• Fotos: Gentileza

La ola de crímenes violentos contra mujeres provocó conmoción y encendió una inquietante interrogante: ¿hay un efecto dominó o estamos frente a la manifestación de una violencia machista profundamente arraigada en nuestra sociedad?

La noche del 8 de octubre, Deysi Paola Giménez Segovia (22) caminaba hacia su trabajo en Lambaré cuando fue asesinada a balazos. Le faltaba apenas un mes para culminar la carrera de Derecho y ya había denunciado a su expareja por hechos de violencia y amenazas. El principal sospechoso, Aldo Alexis Duarte (26), huyó tras el crimen, pero posteriormente fue localizado y detenido.

Su asesinato marcó el inicio de una serie de días estremecedores para el país. En Katuete, Villarrica, Limpio y Loreto se sucedieron nuevos hechos de violencia extrema contra mujeres, entre feminicidios y tentativas, con episodios de particular crueldad: ataques a balazos, múltiples puñaladas, presuntos incumplimientos de medidas judiciales y relatos escalofriantes de los propios agresores a familiares de las víctimas.

La proximidad de estos crímenes, ocurridos en distintos puntos del territorio nacional, provocó conmoción y encendió una inquietante interrogante: ¿el feminicidio de Deysi pudo haber desencadenado un efecto dominó o estamos frente a la manifestación de una violencia machista profundamente arraigada en nuestra sociedad?

Para analizar esta posibilidad y comprender los factores psicológicos y sociales que pueden estar detrás de la seguidilla de ataques, La Nación/Nación Media conversó con Enrique Delgado, psicólogo clínico, terapeuta sistémico y magíster en Salud Pública, quien examina los patrones de conducta asociados a la violencia feminicida y el impacto que estos crímenes genera en la sociedad.


“Actualmente no existen datos que puedan sostener la hipótesis de una seguidilla de feminicidios motivada por la propia mediatización de los casos expuestos en los últimos tiempos”, responde Delgado ante la consulta de si existiría alguna conexión entre estos crímenes. Tampoco hay evidencia de que los agresores se conocieran entre sí o estuvieran al tanto de los episodios anteriores. Cada hecho responde a causas múltiples y a una configuración totalmente independiente que arrastra la historia, la dinámica de pareja y el contexto socioeconómico, agrega el profesional.

“Creo que lo que realmente se imita es el machismo imperante en nuestra cultura y de padres a hijos, de hombre a hombre, en cada comentario denigrante, discriminatorio o culpabilizante en contra de la mujer”, reflexiona. “Odian no poder poseerlas a su manera machista, la cual involucra el control total”, añade.

Delgado se remite a una investigación regional en la que participó junto al doctor en Ciencias Sociales Martín Di Marco y una investigadora de la Universidad de Emory (EE. UU.). Dicho trabajo identificó tres formas típicas en que los agresores justifican sus crímenes:

La violencia como recurso ante el abandono: la posibilidad de que la pareja decida dejarlo actúa como el gatillo definitivo.

La violencia como daño negado y justificado por el contexto: minimizan el estrago causado echándole la culpa a las circunstancias de la relación.

La violencia como transferencia emocional del dolor: utilizan el ataque físico como una válvula de escape para trasladar su propio sufrimiento interno hacia la víctima.

Ante la consulta de si esta seguidilla crea nuevos agresores o si podría funcionar de detonante, Delgado apunta directo al sistema: “Un nuevo agresor nace cada día, debido a la incapacidad de muchos hombres para gestionar sus frustraciones y a la falta de una muralla firme a nivel judicial y normativo. El talón de Aquiles ocurre después de que la víctima tiene el coraje de denunciar. Cuando una mujer acude a pedir auxilio y la Justicia no actúa con celeridad ni en tiempo y forma, se genera un peligroso sistema de refuerzo positivo para el agresor, que se siente con luz verde para operar libremente y escalar su furia”.

Para muchos de estos hombres, que la expareja rompa el silencio, denuncie y quiera salir adelante representa una ofensa insoportable a su ego y a su statu quo machista. Es ahí donde se refugian en ideas como “ya no tengo nada que perder” o “no hay otra salida más que acabar con todo”, cerrando el ciclo con el feminicidio y, en muchos casos, un posterior suicidio.

En la era de las redes sociales, la información ya no pasa únicamente por el filtro de los medios. En plataformas digitales, el morbo dispara visualizaciones sin censura en cuestión de segundos. Para Delgado, este consumo de violencia en el día a día es un factor pesado que alimenta la agresividad general, pero habla también de la otra cara de la moneda: la exposición pone en alerta los sistemas de prevención y empuja a las mujeres a hablar.

Hoy en día, las redes se llenan de publicaciones pidiendo ayuda, exponiendo a los violentos y reflejando una valentía para sacudirse el yugo del miedo. El especialista sostiene que nos encontramos en un momento de transición histórica y cultural: al dejar de tolerar los abusos de antaño, muchos hombres reaccionan con un gran resentimiento.

Para Delgado, el mensaje hacia quienes están sufriendo calvarios en silencio es no esperar. Ante los primeros indicios de agresión, hay que buscar ayuda en el círculo familiar, de amigos o pensar en un refugio seguro. Denunciar sigue siendo el salvavidas más certero.

“Todos los casos de feminicidio son prevenibles”, afirma, exigiendo que las instituciones del Estado dejen de trabajar en islas y se articulen de verdad, con mayor presupuesto y profesionales capacitados. Cortar el problema de raíz implica blindar a la víctima desde el minuto uno en que pisa una comisaría o un juzgado.

137 (SOS Mujer): línea gratuita del Ministerio de la Mujer, operativa las 24 horas en todo el país.

(0984) 457-398: Canal de Whatsapp oficial del Ministerio de la Mujer.

155: línea de crisis del Ministerio de Salud para contención psicológica en momentos de máxima tensión.

911: Policía Nacional para emergencias inmediatas.

La agente fiscal Mónica Araceli Cardozo Dávalos, titular de la Unidad N.º 3 Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar y de Género, formuló imputación contra un hombre por la presunta comisión de violencia familiar y tentativa de feminicidio. El grave hecho ocurrió el pasado 17 de octubre, alrededor de las 02:30 horas, en el interior de una vivienda ubicada en la capital del país.

Según los antecedentes del Ministerio Público, el sospechoso irrumpió en el domicilio de su expareja y madre de sus dos hijas para exigirle violentamente las contraseñas de sus redes sociales. Ante la respuesta de la mujer, quien manifestó no recordar sus claves, el hombre inició un brutal ataque golpeándola fuertemente en la cabeza con su propio teléfono celular hasta destruir el aparato y provocarle un profuso sangrado.

Posteriormente, el agresor derribó a la víctima e intentó estrangularla con ambas manos, provocándole heridas en el cuello y dejándola al borde de la asfixia. La Representación Fiscal confirmó que esta agresión no fue un hecho aislado, sino que “este tipo de actos violentos se repitieron en varias ocasiones frente a las hijas” menores de edad de la pareja, quienes presenciaron aterrorizadas el ataque.

Durante el episodio, el victimario amenazó reiteradamente con atar a la víctima para impedir que solicitara ayuda o intentara escapar de la residencia. Las niñas presenciaron todo el despliegue de violencia psicológica y física en un entorno de extrema vulnerabilidad.

Tras la recolección de los primeros elementos de convicción, la representación fiscal ordenó el procesamiento del sospechoso y requirió las medidas cautelares correspondientes para precautelar la integridad física de la mujer y las menores. La investigación penal prosigue su curso normativo para la presentación del requerimiento conclusivo.